 |
Henos, pues, ante un combatiente contra España que,
en lengua y literatura, comparte las mismas actitudes e idénticos valores con quienes
combate. Su siguiente artículo en la Biblioteca Americana, las célebres
«Indicaciones sobre la conveniencia de simplificar y unificar la ortografía en
América», es mucho más explícito. No parece que Bello, al destinar sus propuestas, lo
mismo que hará años después con su Gramática, al público americano, lo haga
con un fin abiertamente secesionista, que, en aquel momento, hubiera tenido casi unánime
acogida, sino porque la discreción le impedía hacer proposiciones comunes a las dos
partes en guerra militando en una de ellas. Es a ésta a la que somete sus iniciativas
para que la reforma ortográfica «allane el camino», dice, «a los cuerpos literarios
que hayan de dar en América una nueva dirección en los estudios». Reformas, por otra
parte, cuya implantación sabe que no va a hacerse inmediatamente, y que, antes de ser
aceptada, requerirá, según sus palabras, mucha «discusión de los inteligentes».
Pero cuando podía temerse una actitud hostil a la Corporación madrileña, he aquí que
los lectores de la Biblioteca Americana, donde los ataques a la acción de España
en América constituían la norma, se topaban con que Bello hacía aserciones de este
tipo: «En cuanto a la Academia Española, nosotros ciertamente miramos como
apreciabilísimos sus trabajos»; «No sabemos qué es más de alabar, si el espíritu de
liberalidad... con que la Academia ha patrocinado e introducido ella misma las reformas
útiles, o la docilidad del público en adoptarlas, tanto en la Península como fuera de
ella». Naturalmente, él no se siente totalmente satisfecho con la Ortografía académica,
puesto que propone reformas; pero no porque esté en desacuerdo con sus principios, sino,
al contrario, porque la Academia no aplica con resolución los supuestos fonéticos en que
dice querer basar la escritura. Lo cual merece esta indulgente exculpación de don
Andrés: «Debemos tener presente que las operaciones de un cuerpo de esta especie no
pueden ser tan sistemáticas, ni tan fijos sus principios como los de un individuo. Así
que, dando a la Academia las gracias que merece por lo que ha hecho de bueno, y por la
dirección general de sus trabajos, será justo al mismo tiempo considerar las
imperfecciones de los resultados como inherentes a la naturaleza de una sociedad
filológica».
Si la ortografía oficial no ha llevado el criterio fonético a sus últimas
consecuencias, se debe, según Bello, a «circunspección», a la cual él, con lo
particular, no se siente obligado; por ello, hace públicas sus sugerencias de innovación
con vistas a —y conviene fijarse ahora en lo que dice—, preparar y acelerar «la
época en que la escritura uniformada de España y de las naciones americanas presentará
un grado de perfección desconocida hoy en el mundo». Es quizá la primera declaración
no sólo antisecesionista, sino resueltamente unificadora que hizo pública, e, insisto,
en plena guerra contra España, y avizorando un futuro de comunidad idiomática que, en
todo lo demás, había entrado en quiebra 2.
No me parece equivocado atribuir a la inspiración de ese importante artículo de Andrés
Bello en la más prestigiosa publicación de la América insurgente, buena parte del
respeto con que la Academia va a ser tratada en esos lustros decisivos para el porvenir
del español. Pero es también lógico suponer que, entre las gentes cultivadas de las
nacientes naciones, había una disposición previa a compartir el respeto del genial
venezolano: la Corporación se había granjeado en América un prestigio que sería muy
importante a la hora de restaurar el entendimiento entre la metrópoli y las que acababan
de ser sus colonias. Habremos de verlo.
La publicación de la Biblioteca Americana de Londres tuvo que terminar pronto por
razones económicas. Sin embargo, sólo tres años después, aquellos animosos patriotas
reanudan el proyecto sobre bases distintas, pero con el mismo fin de contribuir a la
mejora intelectual y a la felicidad de América, según dicen. Su nueva publicación se
titula El Repertorio Americano, y aparece entre 1826 y 1827. Tras el desastre
español de Ayacucho, la guerra ha terminado, pero no la tiranía del gobierno de Madrid.
Un mismo odio reúne a orillas del Támesis a numerosos exiliados españoles, que han
huido de la persecución fernandina, y a abundantes ciudadanos de las naciones americanas,
que habían logrado la emancipación de hecho, los cuales intentaban neutralizar a la
diplomacia española gestionando para sus respectivas independencias el reconocimiento de
derecho en los más importantes países de Europa, muy especialmente en Inglaterra.
Allí, españoles liberales e hispanoamericanos anudaron, en general, relaciones
cordiales. Unía a unos y a otros la conciencia de pertenecer a una misma estirpe
histórica, y la de ser víctimas de un régimen político que había acarreado
abominables injusticias y espantosos retrasos en la cultura común. Nada menos que el
general Torrijos, a quien el posterior fusilamiento consagraría en España como héroe de
la libertad, desea por entonces que los españoles no consideren «a los americanos como
hijos rebeldes, sino como patriotas que hicieron lo que en su caso habrían hecho ellos, y
los americanos que no miren a los españoles como sus opresores, sino como víctimas de
unos mismos abusos», para que establezcan cuanto antes «aquella buena armonía que
reclama una bien entendida política» 3.
Ese espíritu de concordia, tendente a reducir las diferencias a sólo causas
circunstanciales, bajo las cuales late una comunidad que deberá aflorar apenas se
produzca la paz, es el mismo que anima a Andrés Bello, ni de lejos tan apasionado como
algún otro redactor de El Repertorio que lanza contra España las más punzantes
acusaciones, y que, sin embargo, llama a la lengua española «rica, elegante y
majestuosa», concediendo que «se cuenta en el número de las pocas cosas buenas que
debemos a los españoles» 4. De que Bello atribuía
a su propuesta ortográfica verdadera importancia, lo acredita el hecho de que hace
reproducir en el tomo I de El Repertorio de 1826 su trabajo de la Biblioteca
Americana. Y, en el tomo III, al año siguiente, responde a un artículo publicado en El
Sol de Méjico donde se hacía notar cómo coincidía Bello con otras iniciativas
anteriores, intentando rebajar su mérito innovador. El inculpado se defiende asegurando
que no quiso sentar plaza de original, y que se ha limitado a seguir los principios de la
Real Academia Española. El anónimo mejicano señalaba, además, lo inoportuno de aquella
iniciativa de Bello, ya que, dice, tal reforma, «se debe hacer por un cuerpo literario
como la Academia de la Lengua Castellana, porque si no, serían interminables las disputas
y costaría mucho llegar al fin». Pero no parece que identifique esa supuesta Academia
con la Española, ya que, a renglón seguido, sugiere que podría acometer la renovación
la Academia de Ciencias y Bellas Letras recién instaurada en Méjico.
Bello no duda de la competencia científica de tal organismo, pero le augura un fracaso si
patrocina la simplificación ortográfica, la cual, si no pudo lograrse, dice «durante el
reinado de la Real Academia», menos se obtendrá «después de la desmembración de la
América Castellana en tantos estados independientes entre sí y de España». Por
fortuna, ya lo veremos, fallaría esa predicción.
|
|
Y es entonces cuando descubre un sentimiento más radical respecto al papel de la
institución española, asegurando no creer que «a ningún cuerpo, por sabio que sea,
corresponda arrogarse en materia del lenguaje autoridad alguna». No olvidemos que el
levantamiento y la independencia de América se ha hecho en nombre de la libertad liberal,
del libre examen en todo. Bello expira el aire ideológico que aspira en Londres: a nadie,
a ningún Instituto se le puede reconocer capacidad impositiva en materia opinable. «La
libertad es en lo literario», proclama, «no menos que en lo político, la promovedora de
todos los adelantamientos». Las corporaciones como la Academia deben limitarse a proponer
armadas de razón, y a esperar a que la convicción general se produzca, como no puede
menos que ocurrir. La posibilidad de que, sin una norma coaceptada, estalle el caos
ortográfico, no inquieta a Bello, porque siempre habrá unas soluciones más razonables,
que adoptarán los mejores y que «las Academias mismas se verán obligadas a respetar»5.
Como vemos, ni en este escrito, sin duda el más renuente en la materia que nos ocupa, se
muestra Bello hostil a la Academia. No podía ir más lejos, teniendo en cuenta que
algunos amigos españoles de Londres, como Vicente Salvá, no le profesaban mucha
simpatía.
Demasiado había hecho con elogiar como vimos los trabajos académicos. No era, sin
embargo, enemigo de tales instituciones, puesto que deja en manos de ellas —pero
¿cuáles, si sólo la Española existía?— la definitiva aceptación de las normas
de escritura. Y no era partidario de minar la autoridad de la Corporación madrileña con
la creación de otra u otras en Ultramar, como lo demuestra el que estando capacitado como
nadie por su influencia intelectual y política para promover una Academia Americana, no
lo intentó.
Instalado ya en Chile, sus intervenciones en el Senado y los discursos que escribe para el
Presidente de la República, transparentan su vehemente deseo de que sean normalizadas las
relaciones con la Monarquía española. En 1833, pide que se autorice a nuestros barcos a
comerciar con la nueva República, entre otras cosas, porque llevarán los libros que se
necesitan para la edificación del país. En 1839, urge al poder chileno para que intente
reanudar la amistad con España, y el presidente Prieto envía un plenipotenciario a
Madrid, el cual, según las palabras que le escribe Bello, lleva como misión la de
«negociar un tratado en que se reconozca solamente nuestra independencia, y se consagren
los lazos fraternales que deben ligarnos con la tierra de nuestros padres» 6. El tratado no se alcanzará hasta seis años más
tarde, pero Bello no ha cesado de impulsarlo porque le urge cerrar heridas e instaurar la
fraternidad puesta en peligro.
¿Qué ocurría, en tanto, en Madrid? La Academia procede con extraordinaria inteligencia
en este delicadísimo momento en que todo puede quedar definitivamente roto. Por supuesto,
no le ha pasado inadvertida la propuesta de reforma ortográfica, y va siguiendo
admirativamente los libros del venezolano, que, ya instalado en Chile, publica sus Principios
de Ortología y Métrica de la lengua castellana (1835), el Análisis ideológico
de los tiempos de la conjugación castellana (1841), los Orígenes de la epopeya
romancesca (1843), y, por fin, tres años más tarde, la sorprendente Gramática de
la lengua castellana destinada al uso de los americanos que hace llegar a la Academia
por conducto diplomático, informándole de que la ha compuesto con el propósito de
fortalecer el vínculo de unidad con España que representa el idioma. Y se la envía
«como un respetuoso homenaje de reconocimiento por los útiles trabajos con que aquel
sabio Cuerpo ha ilustrado y fijado la lengua y que me han servido de guía». La Academia
recibe «con singular aprecio tan importante obra», la cual, asegura en el acuse de
recibo, habrá de servir de nexo con quienes «deben ser siempre considerados como
hermanos». Y así, venciendo las reticencias oficiales que suscitaba el ya Rector de la
Universidad de Chile, el 20 de noviembre de 1851, lo nombra por unanimidad Académico
honorario, y acuerda que «se le manifestase el aprecio que hacía la Academia de su
talento, y méritos literarios». Diez años más tarde, y deseando hacer más estrecha la
relación con el caraqueño, le otorga el título de Correspondiente, que él agradece
vivamente. Es el primero que expide, recién creada esa categoría de Académicos. La
relación, en efecto, se establece con fluidez, basada en una mutua estima, que, por parte
de la Academia, no había hecho más que crecer. La Corporación desea publicar una Ortología,
y concediendo que no podrá superar a la de Bello, le solicita y obtiene de él
permiso para hacerla suya y estamparla con algunas observaciones. El proyecto no cuajó,
al fin, porque, según se deduce de las circunspectas actas, no hubiera sido digno de la
Institución dar a luz un texto que no había elaborado 7.
Pero la ortografía constituía una preocupación esencial: se hallaba en total anarquía.
Y en Chile y otros países, la reforma de Bello, tras unos años de fervor, conocía un
fuerte retroceso, y todos compartían la anarquía reinante, al igual que la antigua
metrópoli. La Academia, instada por Isabel II, publica la Ortografía de 1844,
que, en conflicto con la de Bello, iba a servir como banco de prueba de su autoridad en
América. Los resultados están a la vista: nuestro idioma cuenta con una extraordinaria
uniformidad en la escritura, sin la cual la unidad en otros niveles resultaría imposible.
Y, como escribió Ángel Rosenblat, «el triunfo de la ortografía académica es el
triunfo del espíritu de unidad hispánica» 8. Ello
debe computarse en el haber del Instituto fundado por Villena, gracias al respeto que
hacia él había atraído Bello en los años más conflictivos. Y por su propia política
que, en palabras del académico Manuel Cañete, honró siempre al maestro americano, y
tendió «los brazos con desinteresado y noble afecto a los que si ya no son españoles
según la política, lo son y lo serán siempre por su lengua y por su literatura».
Cuando en 1893 la Academia está dando fin a su actual edificio de la calle de Felipe IV,
se discute a qué eminencias literarias se va a distinguir inscribiendo sus nombres en las
lápidas de las fachadas. El de Bello salió entre los primeros, y he aquí que sólo un
académico se opuso de modo inesperado: fue don Emilio Castelar, el cual estimó
literalmente que el caraqueño «no había sido español sino enemigo de España».
Tuvieron que ser Núñez de Arce, Cánovas del Castillo y Menéndez Pelayo quienes
rebatieran al reticente repúblico, haciéndole notar, entre otras cosas, lo inoportuno de
su objeción, ahora que, dicen las actas, «merced a los generosos esfuerzos de la
Academia, volvían a unirse España y América con vínculos de confraternización
literaria» 9.
La objeción de Castelar era, en efecto, extemporánea y contraria al espíritu de la
Corporación, ya que ésta, hacía más de veinte años, había dado un paso importante en
el propósito decidido de que la emancipación de los territorios de Ultramar no tuviera
consecuencias idiomáticas. En efecto, el 24 de noviembre de 1870, había aprobado una
propuesta de su director el Marqués de Molins, para que se hicieran las gestiones
precisas con el fin de establecer «Academias correspondientes suyas en las repúblicas
americanas españolas» —así se dice— «hoy independientes, pero siempre
hermanas nuestras por el idioma». La Corporación madrileña afirmó, con vehemencia, que
imponía la sinceridad y pasión de sus sentimientos, cómo le movían a ello «altísimas
consideraciones de orden superior a todo interés político» que desea ver reconocidas y
apreciadas por los ciudadanos de aquellas naciones, los cuales, dicen las actas, tienen
«por patria común una misma lengua, y por universal patrimonio nuestra hermosa y rica
literatura». No bastaba que los Estatutos autorizaran al nombramiento de Correspondientes
en el extranjero; no era suficiente que ya poseyeran tal condición algunos
hispanoamericanos —hemos visto cómo Andrés Bello, muerto cinco años antes, la
había tenido—, porque «si, políticamente hablando, entran en la categoría de
extranjeros», argumentaba el acuerdo, «no lo son en realidad respecto del idioma». Era
absurdo igualar en esto un correspondiente en Lima o en Méjico, con otro de Berlín o de
Londres.
El documento de la Academia manifiesta altura de miras y grandeza de visión histórica.
«Los lazos políticos», dice, «se han roto para siempre, y» —obsérvese la
audacia de esta afirmación, aún hoy válida—, «de la tradición histórica misma
puede en rigor hoy prescindirse; ha cabido, por desdicha, hasta el odio entre España y la
América que fue española; pero una misma lengua hablamos, de la cual, si en tiempos
aciagos que ya pasaron usamos hasta para maldecirnos, hoy hemos de emplearla para nuestra
común inteligencia».
Había, además, algo que la Real Academia tenía presente entonces, es decir, hace ciento
veintidós años, y que juzga «de la más trascendental importancia»: los españoles son
menos que los hispanohablantes americanos. Se calcula que pueblan aquel continente unos
cuarenta millones de habitantes, veinte de los cuales, incluidos los antillanos súbditos
aún de la Corona, descienden de españoles y hablan español. Son, pues, dieciocho los
que lo hacen en América; por tanto, superan en dos millones a los que habitan la
Península y sus islas. Pero aquellas repúblicas mantienen más frecuente trato con
extranjeros que con españoles: el peligro de fragmentación está a la vista.
Obsérvese que este barrunto lo expresaba la Academia Española más de dos lustros antes
de que el cubano Juan Ignacio de Armas pronosticara cómo la literatura costumbrista
estaba precipitando la aparición de dialectos que originarían idiomas nuevos; cuatro
años antes de que Bello denunciase que en América se estaba alterando la estructura del
idioma; y se adelantaba en casi treinta años a que Rufino José Cuervo vaticinase la
fragmentación del español, y anunciara cómo estaba llegando la «hora solemne y de
honda melancolía en que se deshace una de las mayores glorias que ha visto el mundo» 10.
La Academia, que ve desde lejos y, como es natural, con menos precisión que Bello y
Cuervo lo que ocurre, lo adivina sin embargo, y se anticipa a conjurar el riesgo con lo
que está a su mano: repartir su autoridad en organismos que desempeñen funciones
similares a la suya y con perfecta coordinación mutua, en los diversos países
trasatlánticos: sólo así, y volverá a notarse el ímpetu del documento, se podrá,
dice, «oponer un dique, más poderoso tal vez que las bayonetas mismas, al espíritu
invasor de la raza anglosajona en el mundo por Colón descubierto». Con la solemnidad del
caso, y con temprana visión de futuro, la Real Academia era la primera institución
española en alentar la conciencia de comunidad hispana, y parece muy honroso para ella
recordarlo aquí. Tenía perfecta conciencia de lo que hacía, al afirmar: «Va la
Academia a reanudar los violentamente rotos vínculos de la fraternidad entre americanos y
españoles».
El acuerdo se plasmaba en un reglamento, según el cual, las Academias correspondientes
podían establecerse cuando tres o más Académicos correspondientes de un país
hispanohablante lo solicitaran de la Española, y se aceptaran los estatutos de ella,
modificados, si fuere necesario, de acuerdo con los proponentes. El número de Académicos
no podría bajar de siete ni exceder de dieciocho. Se concedía a las correspondientes la
potestad de renunciar a su asociación con la Española cuando lo tuvieran por
conveniente, dado, asegura, «que la Academia nada monopoliza», y se declaraba que tal
asociación era «completamente ajena a todo objeto político, y, en consecuencia,
independiente en todos conceptos de la acción y relaciones de los respectivos
gobiernos».
La iniciativa, según era de esperar, salvo un caso, el de Colombia, tuvo más bien una
acogida perezosa. Operaban, sin duda, viejos recelos respecto de España y, por mucho que
sus intelectuales más reflexivos defendieran la necesidad de mantener la unidad del
idioma, no podía sino suscitar aprensión y tal vez sospecha cualquier iniciativa que
proviniera de Madrid. Pero, como he dicho, hubo una importantísima y ejemplar excepción:
la de Colombia.
La Española, habida cuenta de que no en todas partes había los Académicos precisos para
cumplir el requisito establecido en la formación de Academias, procedió al inmediato
nombramiento de individuos correspondientes en las diversas naciones. Había entre ellos
escritores distinguidos que se recuerdan hoy en la historia de la Literatura
hispanoamericana: Juan León Mera y Julio Zaldumbide en Ecuador, el chileno Lastarria, los
argentinos Juan María Gutiérrez, su gran amigo Juan Bautista Alberdi y el historiador
Vicente Fidel López... Pero el núcleo principal de Académicos correspondientes se
produjo en Colombia: medio año después de haberse promulgado el susodicho reglamento, se
notificaba desde Bogotá el deseo de crear la Academia de aquel país, que quedaba
constituida en mayo de 1871. Encabezaba la terna proponente nada menos que el gran
humanista Miguel Antonio Caro, y figuraba entre sus miembros el insigne Rufino José
Cuervo, junto con escritores de gran relieve en aquellos momentos, como el narrador y
poeta José Manuel Marroquín, el patriótico cantor de Colombia José Joaquín Ortiz, el
costumbrista José de Caicedo, y el romántico y exaltado lírico Rafael de Pombo.
El ejemplo de Colombia tuvo pronta repercusión en Quito, desde donde el 13 de octubre de
1874, se escribe a Madrid dando cuenta del propósito de crear la Academia Ecuatoriana
correspondiente de la primera, que quedó constituida cinco meses más tarde bajo la
dirección del historiador, jurista y brillante político Pedro Fermín Cevallos.
En Méjico, la fundación aconteció ese mismo año de 1875: en su primera reunión,
aquella Academia se dirige a Tamayo y Baus, Secretario de la Española, manifestándole
sus animosos propósitos hispánicos: «Sería la primera de todas» —escribe el
Secretario Joaquín García Ycazbalceta— «si sus medios correspondieran al deseo que
la anima de ayudar a la realización del feliz pensamiento de reunir en una gran
confraternidad literaria a todos los pueblos que, como sello indeleble de su común
origen, se comunican sus ideas por medio de nuestro rico idioma». Era una declaración en
acorde perfecto con el propósito que había guiado la creación de las Academias
correspondientes.
También es de 1875 una decisión salvadoreña similar, y de un año más tarde su
aprobación. Pero, a pesar de que, como vemos, la respuesta americana era alentadora, no
se estaba procediendo en este asunto con la rapidez que los Académicos españoles
deseaban. Por eso, con fecha de 13 de junio de 1873, la Comisión de Academias
Correspondientes creada al efecto, se creyó en la precisión de dirigirse a quienes, como
vimos, habían sido nombrados Correspondientes en aquel continente, exhortándolos a
actuar con la mayor prisa. Tal vez ese exhorto impulsó las fundaciones inmediatas en
Ecuador y Méjico que acabamos de señalar. Pero había, sin duda, dificultades para
hacerlo. En el caso de Venezuela, por ejemplo, el Marqués de Molins, Director de la
Española, había escrito personalmente a José Antonio Calcaño, lamentando que aún no
hubiera llegado a establecerse la de Caracas. No poseemos la respuesta del poeta
venezolano, pero sí la de otro Correspondiente de aquella República, Cecilio Acosta,
que, en carta de 1875, señalaba a la Comisión de Academias que «no había llegado la
ocasión propicia para la fundación de la Academia Correspondiente Venezolana». Y añade
concisamente: «esas circunstancias perduran todavía. Estoy a la mira del primer momento,
y procuraré con mis compañeros aprovecharlo».
No explica cuáles eran tales dificultades, pero no resulta aventurado suponer que en los
medios más ilustrados de las nuevas naciones se veía con sospecha una iniciativa
procedente de la antigua metrópoli, la cual podía intentar prorrogar su prevalencia
intelectual una vez perdido el dominio político. Fijémonos también en la época en que
ha ido cuajando la idea de que la Academia representa un poder normativo y, por tanto,
represor en la literatura y en el idioma, violentamente contestado desde el Romanticismo,
idea convertida en el tópico acuñado, algunos años después, en verso célebre y
dañino por Rubén. Es en estas condiciones de agravios no restañados y de
antiacademicismo, en el que hubo de actuar la Española con su generoso empeño, y en el
que hubieron de fundarse las hispanoamericanas. No es extraño que quienes no miraban
tanto a la literatura cuanto a la lengua, a su unidad, como Caro y Cuervo, acogieran con
cordialidad no recelosa la propuesta, y más, cuando la Academia —se lo recordaba
Molins a Calcaño— se había propuesto confeccionar un Diccionario general de la
lengua española que acogiera el léxico de todas las naciones que la hablan.
Las circunstancias adversas parecen haberse reducido en Venezuela pocos años más tarde,
pues el 19 de julio de 1882, se envió a Madrid la petición de que la Academia de aquel
país fuera reconocida. Es seguro que hacer propicias las circunstancias contribuyó
poderosamente la personalidad nada dudosa de algunos solicitantes, como el viejo liberal,
discípulo en España de Alberto Lista, y bolivariano entusiasta Antonio Leocadio Guzmán,
ya fatigados sus ochenta y un años por luchas políticas, cárceles y ejercicio del
poder. Con él, firmaba la propuesta el novelista Eduardo Blanco, militante en el otro
polo político, el conservador, ministro en varios gobiernos. Y entre los que formaban
parte del grupo fundador, figuraba el general Antonio Guzmán, hijo de Antonio Leocadio,
que ejercía el poder supremo imprimiéndole un carácter laico radical, perseguidor de
conventos y de obispos, y que sería nombrado primer Director de la Academia. Por cierto
que pretendió serlo perpetuo, pero hubo de recordarle Molins, con firme y delicada
corrección, cómo el cargo era trienal en la Española y en las otras Correspondientes, y
que examinada tal pretensión con «larga vacilación», se había estimado no acceder a
ella por «razones de alta prudencia». De igual modo, fue preciso oponerse a que contara
con veintitrés miembros de número. El conflicto no pasó a mayores, y, previa
autorización del Gobierno Federal, el 26 de julio de 1883 la Academia quedó constituida
solemnemente en el Palacio de la Universidad Central, con un discurso de su Director,
donde éste dejó claro que la Institución era «ajena a todo objeto político en sus
relaciones con la Española», sólo «penetrada de la necesidad de mantener vivas las
comunes glorias literarias de ambos países, y la vigorosa unidad de la lengua
castellana». Informaría a Madrid de las peculiaridades idiomáticas venezolanas, y
propagaría en aquella nación, asegura, «las buenas doctrinas lingüísticas de la
insigne Corporación española».
Antes de terminar el siglo XIX, aún iban a establecerse en América tres Academias
correspondientes más: la chilena, la peruana y la guatemalteca. De Santiago llegó la
comunicación de que el 5 de junio de 1885, «aprovechando», dice, «la primera
oportunidad favorable», se ha constituido la nueva Corporación, y solicitando «la
autorización necesaria para poder instalarse definitivamente». Firmaban la comunicación
dos escritores muy prestigiosos en aquel país, José Victorino Lastarria y Zorobabel
Rodríguez, y figuraban como Académicos fundadores el gran historiador de Chile Miguel
Luis Amunátegui, y personajes tan contradictorios como el también famoso historiador y
ferviente liberal Diego Barros Arana, y su adversario político —aunque dentro del
mismo campo liberal—, y Presidente de la República, Domingo Santa María, por quien,
tres años antes, aquél había tenido que exiliarse. Sin duda, lo que la pugna
ideológica separaba, venía a unirlo la feliz idea de la Academia Española y un común
anhelo de unidad lingüística. En la sesión constituyente, el convocante Lastarria
señaló que no se había podido acudir antes a las «amistosas insinuaciones» que él y
otros Correspondientes habían recibido de Madrid, por haberlo impedido «circunstancias
de carácter público y privado» —podemos imaginarlas—, pero que ahora estaban
en condiciones de cooperar a «la obra de fraternidad y de progreso que aquella docta
casa» había propuesto. Pasados los años, y habiéndose instalado en la Biblioteca
Nacional, celebró sesión solemne el 2 de julio 1886, con asistencia de miembros del
Gobierno, en la que, entre otros oradores, pronunció un discurso don Ramón Menéndez
Pidal.
Nada menos que Ricardo Palma firmó la solicitud de creación de la Academia Peruana, que
tuvo lugar en marzo de 1887. La Española, por comunicación de su Director, el conde de
Cheste, le notificó haber recibido tal decisión «con íntimo júbilo». El inolvidable
autor de las Tradiciones peruanas, contestaba con estas palabras cargadas
del sentido que estoy intentando dar a las mías: «Tengo fe en que la nueva Academia,
hija de la de Madrid, contribuirá más eficazmente que la acción de los gobiernos a
vigorizar los tradicionales vínculos de afecto entre españoles y peruanos».
En Guatemala no había Correspondientes que pudieran iniciar el procedimiento fundador. Y
es, en este caso, el Gobierno de aquel país el que, dándose cuenta de la importancia no
sólo lingüística sino política que poseen aquellos establecimientos, da el paso de
pedir a la Española que autorice la creación de la Academia. A tal fin, dio
instrucciones a su Legación en Madrid para que presentara la correspondiente solicitud en
junio de 1886. Y en ella se dice que Guatemala no quiere verse excluida de esa especie de
«confederación moral» —así la llama— «que por las leyes progresivas de la
evolución se establecen entre españoles y americanos, sustituyendo por medio de
corrientes de concordia aquello que alcanzó la conquista, pero que no pudo consolidar la
fuerza material». El documento proclama que, al crear las correspondientes, la Academia
Española «ha dado gallarda muestra, no sólo del interés que toma en la propaganda de
su altísima misión civilizadora..., sino que ha fortalecido por ese modo en extremo
eficaz..., los vínculos fraternales entre las repúblicas hispanas y la antigua
metrópoli». En Madrid se aprobó la propuesta de Académicos que hacía el Gobierno
guatemalteco, y la Corporación quedó allí solemnemente refrendada en abril de 1888.
La fundación de estas ocho Academias confirmaba lo bien fundado de la iniciativa de la
Española. Que en América se había entendido lo conveniente del proyecto, incluso en los
aspectos políticos, dado que aquellas instituciones podían ser germen de una nueva
comunidad, lo revelan algunas manifestaciones explícitas que hemos visto, y el hecho de
que en casi todos esos países son los respectivos gobiernos, casi siempre en relación
estrecha con nuestros representantes diplomáticos, los que impulsan la creación de tales
instituciones. No tengo datos acerca de por qué ese proceso fundador sufre una
interrupción tras 1888, y no se reanudará hasta catorce años más tarde. Tal vez
pudieron influir en la retracción nuevos recelos resucitados en las repúblicas
americanas por la acción española en el levantamiento de Cuba. En todo caso, las
creaciones se reanudaron lentamente en 1912 con la efímera creación de la Academia
Argentina como Correspondiente (en 1931, el Gobierno de aquel país creará la Academia
Argentina de Letras, que se vinculó con la Española según el nuevo régimen de
asociada), seguida de la Uruguaya once años más tarde; el Gobierno fundará allí una
nueva, que seguirá un proceso de asociación como la argentina. Pero al régimen de
Correspondientes se acogen las demás que van instaurándose ya con ritmo más rápido, en
Costa Rica (1923), Panamá (1926), Cuba misma (1926), Paraguay, Santo Domingo y Bolivia
(1927), y Nicaragua (1928). Habrá que esperar hasta 1949 a que Honduras se incorpore a la
comunidad académica, en la que Filipinas figuraba desde 1924, y a la que se sumará la
Norteamericana en 1973.
Creo que se trata de un capítulo importante de la historia externa de nuestra lengua, y
hasta de la historia de España, que la Real Academia puede contar entre sus mejores
títulos, no muy conocido y, por tanto, escasamente reconocido. Lo fue, sin embargo, en
1889, cuando en el Congreso español, el diputado Navarro Reverter, a quien el oropel
retórico no quita verdad, afirmó: «Nuestra incuria ha dejado tan débiles nuestras
relaciones con (las Repúblicas Hispanoamericanas), que apenas si llegan sus palpitaciones
a España por otro medio que el de transacciones y disquisiciones literarias,
patrióticamente acogidas por nuestra docta e ilustre Academia Española» 11.
En efecto, su proyecto unidor de las Academias correspondientes fue oportuno y tuvo
efectos inmediatos sumamente eficaces. En cuanto a su realización concreta en cada país,
escapó, como era natural, de sus manos y tal vez no siempre se procedió conforme a los
designios lingüísticos y literarios que la habían movido. Hay, sin duda, predominio de
«fuerzas vivas»; en muchos casos, figuran entre los fundadores los primeros magistrados
de las naciones y conocidos políticos, pero eran, sin duda, quienes mejor podían
garantizar los fines comunitarios, si no los filológicos que también debían ser
atendidos. Y debe confesarse que procedieron con altura de miras. Pero la Española, ni
podía ni debía intervenir en los procesos fundacionales ni en el funcionamiento
posterior de las Instituciones hermanas; siempre ha puesto exquisito cuidado en no
excederse de sus competencias. Por eso, resulta chocante una carta de nuestro archivo, en
que el Secretario Emilio Cotarelo escribe severamente en 1917 a Ricardo Palma,
advirtiéndole: «En el terreno de la confianza, le diré que a la Academia han llegado
noticias de que en la repetida designación» (la que el propio Palma había hecho
nombrando miembros de la Peruana), «se había procedido con alguna parcialidad, dejando
fuera literatos eminentes y dando entrada a otros de menos mérito. La Academia, deseando
que se corrija este descuido (si lo hubo), quiere que se complete el número reglamentario
de Académicos, que son dieciocho. De este modo, sin desairar a Vd., pueden subsanarse las
omisiones, que suponemos serán involuntarias, dando entrada a la Academia Peruana a
aquellos escritores que deben pertenecer a ella».
Serían muy largas de contar las vicisitudes de las Corporaciones hispanoamericanas en
este siglo, y ello cae fuera de mis propósitos. Sólo recordaré cómo aquella empresa
que la Academia había acometido en 1870, iba a recibir su definitiva consagración
ochenta y un años más tarde, ahora por venturosa iniciativa del Presidente de Méjico,
Miguel Alemán, que, en 1951, convocó el I Congreso de Academias de la Lengua Española,
del cual salió la constitución de la Asociación de Academias, cuyo secretario permanece
en Madrid, y que destaca dos Académicos por rotación anual para participar en todos los
trabajos de la Casa. Se acordó igualmente la celebración de Congresos periódicos, en
uno de los cuales, el de 1960 en Bogotá, se firmó un convenio por el que los Estados
hispanos se comprometían a velar por el cuidado y la unidad del idioma, ya que, se afirma
textualmente en el documento, esa unidad «es uno de los factores que más contribuyen a
hacerlos respetables y fuertes en el conjunto de las naciones».
Quizá fuera falso afirmar que todos los Gobiernos han cumplido bien con las obligaciones
de aquel convenio. Y ofrecen, por ello, excelente ocasión este Centenario y este Congreso
para reactivar los acuerdos de Bogotá, que no deben quedarse inactivos, contemplando
plácidamente la evidencia de que la presencia hispánica, actual y futura, en el
concierto o desconcierto del mundo, depende decisivamente de la unidad idiomática.
A la cual, nada la garantiza. Reavivaríamos sin sacar nada la vieja discusión de si
nuestra lengua vive bajo la amenaza de disgregación o si, por el contrario, las
facilísimas relaciones actuales garantizan su operatividad comunicativa. Estas son un
arma de doble filo, por cuanto tanto pueden servir para unir como para disgregar. La
unidad, ya que no tutelada, debe ser cuidada y promovida. Los cambios, absolutamente
necesarios para que los hispanohablantes puedan habitar en su tiempo, deben ser
homogéneos. Pienso que si la Academia Española y sus Correspondientes de América no
existieran, habría que instituirlas para fomentar el mantenimiento de la comunidad
lingüística. Pero felizmente existen, y la Española, con un historial algunas de cuyas
páginas les he descrito someramente. Por no recordar lo que de sobra saben: cómo los
diccionarios, desde el de Autoridades a esta vigésima primera edición que acaba
de aparecer, sus gramáticas y sus ortografías, sus ediciones de clásicos, han sido
formidables instrumentos de unión.
Estamos en tiempos de grandes conmociones en todas las lenguas; sus estructuras reciben
fuertes sacudidas, y la Real Academia siente que ha llegado el momento de intensificar sus
actividades en pro de esta causa que dista de ser estética, y llega a ser decididamente
política. Necesita trabajar con perfección, porque sólo el trabajo bien hecho la
confirmará o la repondrá en el prestigio necesario para que sus recomendaciones o normas
o como quiera que queramos llamarlas, elaboradas en íntima comunión con las
Corporaciones americanas, y reclamando la colaboración, cómo no, de las Universidades y
otras instituciones educativas y culturales, afronte sus empresas con todos los medios que
la técnica puede ofrecer, y desde los más sólidos supuestos científicos que la
Lingüística ha establecido. Ya está dando sus primeros pasos un Instituto de
Lexicografía que va a trabajar con imprescindibles criterios profesionales y apoyos
informáticos de la máxima potencia. Y habrán de venir la nueva Gramática, y el
Diccionario Histórico, precisado de apoyo decisivo, y tantas cosas más. No voy a
aprovechar la oportunidad que ofrece este momento —sería oportunismo—, para
solicitar la ayuda imprescindible del Estado y de la sociedad. Entre otras cosas, porque
la Academia lo ha hecho ya, con acogida, más que comprensiva, cordial.
Entre las colaboraciones que recabamos, está muy en primer término la de ustedes, los
miembros de este Congreso, que comparten con ella, estoy seguro, los objetivos de unidad y
defensa de nuestra lengua. Por la que puedan prestarle con sus aportaciones, sus
iniciativas y sus críticas, les expreso anticipadamente, en nombre de la Real Academia,
su gratitud.
|
