Mujer e independencias

Resignificación de las independencias en el marco de la celebración de los bicentenarios: una mirada desde la re-existencia cultural de las mujeres indígenas

Por Rosa María Duro Montealegre. Universidad Externado de Colombia

Introducción

La celebración del Bicentenario de las Independencias Iberoamericanas que celebramos en 2010 es una excelente oportunidad para actualizar el debate académico y político sobre el significado y la significación de la Independencia para colectivos de la sociedad civil latinoamericana, que como los pueblos originarios, y en especial las mujeres indígenas, siguen manteniendo una relación con los estados contemporáneos de la región desde una posición marginal y subalterna¹ en lo político, y que continúan siendo los sectores más vulnerables de las naciones americanas en el ámbito socio-económico. La reflexión sobre el sentido e importancia de las emancipaciones para la Indo-América contemporánea tiene como fin el de encontrar luces que nos ayuden a entender los logros, los avances, las falencias, las deudas, los problemas y los conflictos que están pendientes de resolver en las sociedades contemporáneas multiétnicas y pluriculturales.

En un recorrido muy breve y superficial por la América indígena de hoy, (en la que se estima que existen aproximadamente 50 millones de indígenas, alrededor del 10% de la población total, 59 % de los cuales serían mujeres, lo que equivale a 26, 5 millones) encontramos que, a pesar de la gran diversidad étnica, existe una tendencia, clara, generalizada, homogénea y repetida en el subcontinente reflejada en las numerosas declaraciones emanadas de congresos, encuentros, foros, para cuestionar, para problematizar desde una perspectiva crítica y postcolonial, la Independencia, a la que no dudan en poner entre signos de interrogación.

Se parte de la tesis de que la Independencia de la corona española en el sigloxix, con el surgimiento de las repúblicas nacionales, no se ha traducido ni en un mejoramiento en los índices de desarrollo, ni del papel y posición ocupados por ellos en el seno del estado nación moderno y mucho menos, en la consolidación de la autonomía en sus territorios tradicionales, hoy más que nunca amenazada por la inserción dependiente de América Latina en el sistema global contemporáneo. Las poblaciones indígenas en una continuidad histórica, han sido y siguen siendo, víctimas de múltiples y sistemáticos abusos desde la colonización europea, situación que en poco o nada se vio transformada con las independencias. Si al análisis, además de la perspectiva étnica, le incorporamos el diferencial de género, el escenario se complica.

Dilucidar el por qué de este cuestionamiento nos obliga a analizar la relación pasada y presente de estos pueblos con los estados iberoamericanos y su inserción en el sistema internacional contemporáneo en los planos económico-políticos. Paralelamente, y como respuesta integral al reto emancipatorio, se dará cuenta de las propuestas generadas y articuladas por estos colectivos, que, desde procesos en construcción de «re-existencia cultural», recrean una verdadera independencia en la que el territorio ancestral es vital en su existencia cultural como naciones. En estas luchas pacíficas, en las que las expresiones y prácticas culturales se erigen como armas simbólicas con contenido político y de autodeterminación, son las mujeres indígenas las que han tenido y tienen un protagonismo especial en el liderazgo de las numerosas transformaciones pendientes.

Este breve análisis se basa en experiencias desarrolladas en espacios compartidos con diferentes grupos étnicos y comunidades indígenas, con un componente femenino importante y que a través de la palabra, del diálogo de saberes han tenido el objeto de actualizar, traer a la contemporaneidad, desde los enfoques diferenciales tanto étnico como de género, su perspectiva y sus acciones sobre la autonomía real.

1. Pueblos indígenas de las Américas en rojo: historia continua de exclusión

Quiero resaltar este breve epígrafe en rojo por ser este el color de los pueblos indígenas, pueblos del color de la tierra, y por ser para algunas etnias también el color del luto, del duelo. La conceptualización de «indígena» parte de su definición como pueblos originarios, con presencia y formas de vida previa en el territorio con anterioridad a los procesos coloniales y con una relación de especial apego al territorio ancestral, al que consideran el origen de su cultura y la base de sus organizaciones económico-políticas y sociales y no un recurso meramente material y a explotar. Como parte de la naturaleza se consideran, además, a sí mismos como cuidadores de la misma².

La participación de la mujer indígena en la historia político-cultural del mundo andino-amazónico es altamente conocida. Las mujeres indígenas desempeñaron un papel importante en sus comunidades, a la par que el hombre; participaban en el proceso de toma de decisiones ocupando desde niveles jerárquicos hasta roles ceremoniales ya que contaban con conocimientos para curar y servir de intermediarias entre los espíritus y los seres humanos. Si bien no podemos idealizar a las sociedades precolombinas, sí es necesario reconocer que sus organizaciones socio-económicas están originadas en la cosmovisión, que tiene como base la búsqueda del equilibrio, de la armonía, que se entendía también en unas relaciones balanceadas entre lo masculino y lo femenino³.

Desde la irrupción del colonialismo en el siglo xvi y hasta la actualidad estos pueblos y sus territorios han sufrido una permanente intervención cultural que ha desestructurado, en parte, sus formas de vida originaria y ha modificado la relación ancestral con un territorio del que han sido despojados sistemáticamente. Por tanto, las relaciones de género han sufrido también transformaciones.

En América Latina el más remoto origen de la exclusión y segregación por motivos étnicos, raciales y de género, aparece con la instauración del régimen de conquista y colonización en el siglo xvi. La subyugación de las poblaciones indígenas con el objetivo de la adquisición de mano de obra para las tareas agrícolas y mineras que alimentaron a la metrópoli estuvo basado en condiciones de semiesclavitud. La colonización estableció un orden social jerarquizado en el que indígenas y esclavos africanos ocupaban el nivel más bajo de la pirámide social, basado en el convencimiento de la inferioridad de estas etnias en comparación con los europeos; incluso se llegó a debatir si eran seres humanos con almas. Según Bonfil Batalla, y de acuerdo con su teoría del control cultural, la categoría de «indio» es el ejemplo extremo de la situación de dominio colonial sobre un grupo social determinado; significaba y significa de forma simultánea tener que enfrentar condiciones de subordinación y negación de un completo grupo humano por «otro» que se percibía a sí mismo como superior⁴. La vinculación intrínseca entre el racismo biológico y cultural surge desde épocas tempranas del contacto entre civilizaciones y se mantendrá hasta hoy como característica definitoria de las relaciones interétnicas en el continente.

Con la imposición de nuevos sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, a los que han estado expuestos históricamente los pueblos indígenas, se modificó el rol que las mujeres tenían, tanto en el interior de sus comunidades, como en la sociedad colonial, introduciendo un desequilibrio en las relaciones de género que las relegó a una posición de importancia secundaria y limitó enormemente su condición social. En un contexto en que «lo indio, nativo, originario» era sinónimo de falta de cultura, de educación, de pobreza y de marginalidad, la variable de género introducía una nueva forma de discriminación y exclusión que se multiplicaba por dos.

La cultura occidental, basada en los preceptos del pensamiento moderno, impuesta como herramienta de dominación de los pueblos originarios, subyugó a la invisibilización y subvaloración, las representaciones culturales ancestrales, ocultando, prohibiendo, destruyendo su saber e imponiendo formas de conocimiento ajenas a esas realidades respecto a la forma de entender la relación entre el hombre / mujer, la naturaleza y el cosmos como un todo integral.

En estas condiciones, las poblaciones originarias, durante los tres siglos de orden colonial, fueron sometidas a una permanente intervención, desestructuración y destrucción de sus formas de vida, lenguas y cultura a partir del despojo de sus territorios ancestrales, del origen de su cosmovisión y de su organización socio-ecopolítica, de los que fueron desplazados, dispersados y expulsados, perdiendo por esta razón fundamentalmente los lazos culturales y sociales que los integraban como pueblos. Entendemos esta razón como central en la explicación histórica del etnocidio⁵ de los pueblos indo-americanos debido al papel fundamental que juega el territorio en la generación de entidades organizativas basadas en la cultura propia como base de la autonomía y la autodeterminación indígena. Esta causa, junto con las enfermedades para ellos desconocidas y la explotación laboral, generaron una gran catástrofe demográfica que redujo a la mitad a la población originaria de la época.

La situación de dominación y subordinación continuó siendo la principal característica de la relación entre indígenas y no indígenas hacia el fin del periodo colonial. A pesar de que la población indígena, y en especial las mujeres, tuvieron un papel incuestionable, aunque invisible, en las campañas emancipadoras del siglo xix, los indígenas americanos pronto fueron considerados un obstáculo en el cumplimiento de los objetivos políticos y económicos de los nuevos estados nacionales.

Numerosas líderes cacicas indígenas tuvieron un papel protagónico en la región ya durante las tempranas resistencias a la colonización; solo por nombrar algunas: Gaitana, Ague, Ayunga, Anacaona, Apacuana, Urimare, y en las campañas emancipatorias que culminaron en la independencia: Guacolda, Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, Lorenza Abimañay, Jacinta Juárez o Lorenza Peña. Sin embargo, muy pronto los pueblos originarios vieron opacadas sus esperanzas de ser sujetos activos en la construcción de naciones pluriétnicas y multiculturales, quedando relegados de nuevo como sectores subalternos de las sociedades criollas, que a través de procesos de aculturación, pretendieron integrarlos por la vía asimilacionista a unas naciones con pretensiones de homogeneidad. De nuevo, la participación de la mujer nativa se redujo a un estatus pasivo en el ámbito doméstico y ninguna mujer mereció tal reconocimiento.

Es aquí donde empieza a surgir la idea de lo «indígena» como un problema, percepción que se ha mantenido hasta nuestros días en un continente que aún tiene dificultades en procesar la diferencia y la diversidad para la construcción de naciones incluyentes y pluriétnicas. Es así como la negación del otro, la exclusión, se establece como una continuidad histórica desde la colonización hasta el siglo xx. El lugar y la posición que los indios americanos tuvieron y jugaron desde el siglo xix estuvo profundamente ligado con el proyecto moderno de la formación y constitución del Estado Nación, en el que estos pueblos fueron simbólicamente integrados, pero excluidos en la práctica (exterminio físico, continua intervención en sus territorios por la ampliación de la frontera agrícola, desplazamientos forzados), que tuvieron como resultado la desaparición cultural de muchos de ellos.

En la etapa Republicana, en el siglo xix, los estados nacientes se dieron a la tarea de integrar el estado y la nación, como un nivel superior de organización política, social, económica y cultural. Para los pueblos indígenas este fenómeno tuvo profundas y graves consecuencias. La construcción del Estado Nación no solo significó la subordinación de estos pueblos, que hasta entonces y durante siglos habían permanecido sometidos a los poderes hispánicos, sino que además significó la construcción y legitimación de una nacionalidad homogénea que excluía y negaba a los pueblos indios de ser reconocidos en la diversidad / pluralidad cultural presente en el corazón de los nacientes estados latinoamericanos. El mecanismo con el que se operó la exclusión de los indígenas en el proceso de desarrollo del Estado Nación estuvo basado en la dialéctica entre civilización o barbarie, que desde el enfoque positivista, consideraba a estos pueblos como bárbaros, incivilizados, incapaces de darse a sí mismos organizaciones sociales y políticas coherentes⁶. En este sentido, los nuevos Estados asumen un rol civilizador sobre estas poblaciones con el objetivo de asimilarlos e incorporarlos a los patrones de comportamiento de las sociedades nacionales. Debido a la percepción reinante, todas las diferencias y heterogeneidades fueron anuladas, invisibilizadas, con el fin de unificar los principios de estado y nación⁷.

Según Bronstein⁸, la creación de los estados latinoamericanos en el siglo xix se hizo sobre la base de los principios napoleónicos de unidad e igualdad de todos los habitantes bajo las mismas leyes: un estado, una nación, una ley. En la práctica esto produjo una imposibilidad para los pueblos indígenas de exigir y proteger sus derechos basados en su identidad, su cultura propia, sus formas de vida de acuerdo con diferenciales étnicos y de género y con su diversidad como naciones.

Con el propósito de crear naciones homogéneas, se llevaron a cabo distintas campañas para incorporar de forma forzada a estas poblaciones a la civilización. Este proceso, conocido como blanqueamiento cultural, se llevó a cabo a través de la imposición de un sistema educativo liderado por el estado y operado, hasta épocas recientes, por distintas órdenes religiosas que son responsables de la desaparición de tradiciones y vínculos culturales originarios en todo el continente (prohibición de hablar la lengua, de vestir trajes tradicionales, de practicar las ceremonias ancestrales). La negación de la heterogeneidad y diversidad socio-cultural está en la base de la génesis de los estados nacionales surgidos de las independencias.

Una nueva etapa en la percepción sobre la situación de los pueblos indígenas empieza a surgir a mediados del s. xx. La tendencia conocida como «indigenismo»⁹ se expande por el continente como política de estado que trata de dar solución al ya nombrado «problema indígena». A pesar de ser concebido con buenas intenciones, el indigenismo tenía como objetivo final integrar definitivamente a los indígenas a la vida desde una óptica claramente paternalista y asimilacionista. Consistió en llevar a estas poblaciones los símbolos y avances de la vida moderna a través de procesos como la campesinización y la educación formal, en el marco de políticas desarrollistas que asumieron la mayoría de los estados de la región hasta la década de los 70, en el entendimiento que la cultura, la cosmovisión y la organización propia de los indígenas era un obstáculo para el desarrollo, tanto de estos pueblos, como para el estado en general.

Un nuevo punto de inflexión lo encontramos en la década de los ochenta, del siglo pasado, que, conocida como la década pérdida, significará un retroceso en términos de progreso y desarrollo para América Latina. La crisis económica, la ola democratizadora en los regímenes políticos latinoamericanos, la inserción de las economías de la región al proceso de globalización, la reconfiguración del poder en el sistema internacional con la posterior caída del comunismo, hacen surgir un nuevo escenario en el que el plano local, nacional e internacional se superponen y complejizan la situación de los pueblos originarios en relación con el territorio.

En la actualidad los pueblos indígenas se encuentran en la encrucijada de la crisis del desarrollo sostenible enfrentando retos en una relación de fuerzas que los sitúan entre la extinción y la supervivencia cultural como pueblos en un renovado orden global. El impacto de la globalización es más fuerte sobre estas poblaciones debido a los efectos múltiples que este nuevo régimen transnacional tiene sobre sus territorios y que amenaza su existencia, entre ellos y sobre todo, por el interés que suscitan los territorios indígenas en la actualidad por parte de nuevos actores protagonistas de la globalización —compañías transnacionales— debido a la riqueza en recursos naturales como agua, biodiversidad, minerales, energías fósiles y recursos genéticos, que hoy son vistos como vitales para el desarrollo del sistema capitalista transnacionalizado.

La cuestión étnica, ampliamente debatida en la actualidad político-académica latinoamericana, se encuentra entre las continuidades y las rupturas. Para los pueblos indígenas de la región, la experiencia del Estado Nación y de la sociedad dominante ha sido sistemáticamente la historia de su exclusión y desposesión tomando como herramienta la homogeneización cultural, construyendo «naciones cívicas» por contraposición a las «naciones étnicas»¹⁰. La globalización no ha hecho sino empeorar esta condición de marginalidad, que, basada en acuerdos entre estados y gobiernos sin contar con la participación de estos colectivos, los sitúan de nuevo en una posición subalterna. Es una constatación que los pueblos originarios de la región han desmejorado, aún más si cabe, su situación socio-económica. En este contexto es común desde la mirada indígena, percibir y entender a la globalización como un eufemismo de una segunda oleada de colonización de sus territorios¹¹.

2. La resistencia: hacia la organización de movimientos sociales de base étnica

Como respuesta a los numerosos e históricos retos en los que la supervivencia cultural está amenazada, los pueblos originarios están configurando nuevas formas de resistencia y organización para defender su territorio ancestral —ahora también— ante entidades supranacionales, tras la invasión sin precedentes de megaproyectos de extracción e infraestructura que se configuran como la amenaza más importante en la actualidad para la pervivencia de los territorios y culturas nativas. A pesar de la imposición cultural y de los procesos de aculturación a los que han sido sometidos históricamente los nativos del continente americano, las experiencias de resistencia cultural desde antiguo han permitido la supervivencia de la cultura autóctona.

En un contexto político regional desde mediados de los años noventa que se caracteriza por las reiteradas crisis de gobernabilidad, por la falta de confianza de los ciudadanos de la región en sus gobiernos para resolver problemas públicos, y, en definitiva, por un retroceso de la calidad de la democracia y la deslegitimación del quehacer político, se fortalece en el continente la idea de autonomía y autodeterminación. En los últimos decenios, los temas sobre autonomía indígena han sido centrales en los debates públicos de la región, protagonizados, tanto desde las organizaciones indígenas que etnitizan su discurso y propuesta, como desde los estados y partidos políticos en una reflexión necesaria sobre la reconfiguración de lo político en América, una lucha todavía viva en el siglo xxi, que los pueblos originarios habían defendido durante siglos, remoldeada de acuerdo con el nuevo contexto interméstico en el que los planos local, nacional e internacional están intrínsecamente vinculados. Los pueblos indígenas han tenido que construir su identidad política al interno del Estado Nación que mediaba y todavía media en su relación con el resto del mundo. Desde hace dos décadas se han visto obligados a transcender esta esfera nacional y se encuentran, en la actualidad, subordinados a nuevas formas de gobernanza, ahora internacionales. Es lo que Boaventura de Sousa llama el «cosmopolitismo subalterno» refiriéndose a movimientos sociales de resistencia que se oponen a la globalización neoliberal en prácticas contra hegemonías enfrentando la exclusión que genera el proceso económico transnacionalizado¹².

A pesar de que las resistencias indígenas a la dominación cultural y al despojo de sus territorios tienen su origen en la conquista, estos colectivos fueron ignorados en la esfera política hasta los años 70, en que los pueblos indios del continente modifican su estrategia de resistencia pasiva hacia posiciones en defensa de sus derechos, en la que se resalta el papel histórico jugado por el territorio desde una perspectiva cultural, que ha sido central a la hora de moldear sus demandas hacia los estados contemporáneos y hoy hacia la comunidad internacional, en su intención no solo de ser reconocidos como naciones / pueblos diferentes sino en una demanda de autonomía, que, basada en instituciones de acuerdo con leyes de origen, pretende generar gobiernos propios¹³.

Es durante las dos últimas décadas cuando se ha hecho evidente la fuerza de los movimientos indígenas en Latinoamérica. La configuración de un movimiento étnico a escala continental, surgido en los años setenta, que se fortalece en los ochenta y hace aparición en los años noventa, visibiliza a estos pueblos como actores socio-políticos en los contextos nacional e internacional. Esta realidad, presente en toda la Indoamérica contemporánea, tiene expresiones diversas y a veces en contraposición, como la CONAIE en Ecuador, el movimiento cocalero y el MAS en Bolivia, el EZLN en México, donde los ámbitos político y social se funden en la configuración de proyectos políticos de largo aliento y en los que la participación de las mujeres como base del movimiento es fundamental. Como movimientos sociales de base étnica establecen demandas específicas en lo cultural, económico y en los derechos sociales vinculando los planos nacional y global. La novedad de estos movimientos es que son protagonizados por sectores subalternos, indígenas y mujeres que alzan su voz desde su identidad como pueblos originarios¹⁴. La lucha histórica por la defensa del territorio / tierra vincula, por un lado, en el caso de los movimientos indígenas contemporáneos, la tradicional lucha de clases que los confronta con los sectores económicamente dominantes de las sociedades latinoamericanas —entiéndase terratenientes— y, por otro, un conflicto étnico que los opone al resto de la sociedad no indígena en una lucha por el reconocimiento como sujetos de derechos desde su especificidad diferencial. Las reivindicaciones territoriales se centran en evocar la ancestralidad del territorio para el «reencuentro», la «recuperación» o la «conservación cultural» y su pervivencia como pueblos.

En un escenario actual de importantes movilizaciones de las identidades étnicas, que, según Escobar¹⁵, tienen la importancia del advenimiento y la reconfiguración de estos colectivos como verdaderos actores político-sociales, es obligada la reflexión en torno a la redemocratización de las sociedades latinoamericanas contemporáneas repensando las relaciones interétnicas, conceptos como la ciudadanía o el desarrollo, introduciendo enfoques y proyectos alternativos como el de la ciudadanía multicultural o, como diría Gros, «redefinida»¹⁶.

3. Avances normativos: del reconocimiento a la constitucionalización

La fuerza y coherencia de los movimientos de base étnica que se oponen a la homogeneización cultural vía asimilacionista y paternalista, obligó a los estados de la región a reformar sus constituciones para reconocer los derechos de estos pueblos. Estas luchas pacíficas se han traducido recientemente en avances significativos en los marcos normativos / jurídicos, que cada vez son más inclusivos y pluralistas en el reconocimiento de la existencia de estos colectivos y de los derechos diferenciados que como pueblos específicos les corresponden. Sin embargo, en muchos casos, estas transformaciones se han evidenciado como insuficientes o bien han tenido problemas en ser implementadas o han sido objeto de instrumentalización por parte del estado para cooptar las resistencias indígenas desestructurando los proyectos de autonomía y para rearticular su hegemonía sobre estas naciones.

En los contextos políticos nacionales han existido reticencias por parte de muchos gobiernos —hasta épocas recientes— en proveer marcos jurídicos que garanticen el reconocimiento desde la especificidad de los derechos de los pueblos indígenas. Por ello es importante resaltar el papel jugado por la Comunidad Internacional, específicamente Naciones Unidas, que se ha erigido desde hace tres décadas como pionera en este reconocimiento formal¹⁷. La creación de convenciones como la 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, o la aprobación más reciente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en 2007 en proceso de ratificación, son solo dos ejemplos de cómo el escenario internacional se ha constituido como acicate para presionar moralmente a los gobiernos nacionales en la definición de unos mínimos estándares jurídicos que garanticen la protección de los derechos de estos pueblos.

Hoy todas las Constituciones en América Latina, en vigor desde los años noventa y algunas de ellas en proceso de reforma, o reformadas recientemente, garantizan formalmente el principio de no discriminación y, en general, los derechos humanos de estos colectivos introduciendo el uso del término «pueblos indígenas», reconociendo la composición multicultural y pluriétnica de las sociedades del continente y refiriéndose a los derechos colectivos sobre los territorios ancestrales. Algunas incluyen el derecho a la educación propia de acuerdo con sus patrones culturales, las menos oficializan las lenguas indígenas donde son predominantes (Bolivia), en general reconocen el derecho propio y el rol de las autoridades tradicionales sobre las comunidades, las más inclusivas reconocen sistemas de justicia indígena y la representación en los cuerpos políticos de estos colectivos. También se muestran avances en el reconocimiento de la autonomía en la administración local y menos en la autonomía regional. En estos momentos son los nuevos constitucionalismos de Ecuador y Bolivia los más integrales en el reconocimiento de las autonomías indígenas ya que parten de la constitución de un estado plurinacional, un alcance impensable en gobiernos previos que sin duda plantea nuevos desafíos por analizar como la reconfiguración en la distribución del poder y del territorio y, por consiguiente, las modificaciones del estado en los territorios con autonomía, como nuevas entidades jurisdiccionales que retan a la organización político-estatal.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hace énfasis en el derecho a la libre determinación¹⁸ como un derecho humano, tema sin duda controvertido ya que, adaptado a las necesidades de los pueblos indígenas, proporciona un marco legal que hace posible las autonomías indígenas en sus territorios ancestrales, bajo sus autoridades tradicionales y de acuerdo con formas de gobierno propios conforme a las leyes de origen, y compromete a estados para garantizar tales condiciones a los pueblos indígenas. La declaración, que toca temas muy sensibles como el enfoque colectivo de los derechos indígenas, los territorios, los recursos estratégicos presentes en ellos y su manejo, la educación intercultural, los conocimientos tradicionales, etc., y establece unos mínimos estándares para su protección ha sido muy controvertida. Algunos estados ven los principios rectores de la declaración como una limitación a su poder soberano, en concreto por las posibilidades que abre a la secesión, y consideran que amenazan tanto la integralidad del territorio como de la nación. Esto explicaría, en parte, su oposición a la aprobación del documento o sus reservas a ratificarla. Si bien la Declaración supone un punto de inflexión importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y en el posicionamiento en la agenda internacional de los temas y problemas indígenas, y es vista por numerosas organizaciones étnicas como un hito¹⁹ en su relación histórica con el estado y la comunidad internacional, su creación como instrumento jurídico no vinculante puede relegarla a un papel secundario como una declaración ideal de intenciones pero con escasas posibilidades de ejercicio práctico.

4. Del dicho al hecho: las limitaciones en el desarrollo socioeconómico

Hoy, a pesar de los grandes avances locales, nacionales e internacionales, que se han visto reflejados en la constitucionalización de los derechos de estos pueblos, para nadie es un secreto la difícil situación política, económica y cultural en la que se encuentran estas poblaciones en la región. La discriminación de las poblaciones indígenas se expresa en el desalojo por la fuerza de sus tierras tradicionales, la exclusión de las esferas medulares en el plano político, económico y social. El reto que tienen estas poblaciones, en las que las mujeres presentan los estándares mas bajos de desarrollo es que los derechos consagrados en los numerosos instrumentos jurídicos se hagan realidad para sus comunidades y en sus territorios. Y es que la realidad indígena dista mucho de la teoría proclamada en los marcos de protección internacional.

Las diferencias entre la teoría y la práctica social de los pueblos en la América contemporánea son notables, a pesar del incremento de la influencia política de los movimientos indígenas en las dos últimas décadas. Esto no se ha traducido en mayores índices de desarrollo en los campos sociales y económicos para estas poblaciones, que continúan sufriendo mayores índices de pobreza, menores niveles de educación, mayor incidencia de enfermedad y discriminación en comparación con otros sectores sociales de la región²⁰.

Muchos estudios de organismos multilaterales coinciden en señalar las condiciones de pobreza extrema en que viven los pueblos originarios en la actualidad, achacando sus causas a la pérdida sistemática de sus territorios. Los pueblos indígenas representan aproximadamente el 12% de la población de la región y son los colectivos sociales más vulnerables. En América Latina, que presenta en su integralidad una alta incidencia de la pobreza —lo que le otorga el título del subcontinente más desigual del mundo— esta brecha es mucho más profunda cuando se introduce en el análisis el diferencial étnico, y se convierte en gravísima cuando le introducimos de forma transversal el enfoque de género. Según datos del Banco Mundial, se estima, por ejemplo, «que más de la mitad de la población total en Bolivia y Guatemala son pobres pero que este porcentaje se eleva al 75% cuando hablamos de pobreza indígena, que en el Ecuador el 96% de los indígenas en el área rural son pobres, que en México la incidencia de la pobreza extrema es 4,5 veces mayor en los municipios de mayoría indígena en comparación con los no indígenas»²¹. En un informe del Banco Mundial sobre la situación socio-económica de los nativos americanos en la actualidad, titulado «Pueblos Indígenas, Pobreza y Desarrollo Humano en América Latina» se concluye que:

Hay pocos resultados que mostrar en términos de reducción de pobreza en los pueblos Indígenas durante el desarrollo de las décadas Indígenas promovidas por Naciones Unidas (94-2004 y de 2005 a 2015) y en el cumplimiento de los ODM, Objetivos del Milenio, que en primer lugar reta a la comunidad internacional a la lucha sin cuartel contra la pobreza extrema. Que los pueblos indígenas se recuperan de forma más ralentizada de las crisis económicas y financieras cíclicas. Que la brecha de la pobreza ha aumentado entre los indios latinoamericanos desde los noventa, en lo que podríamos denominar una «segunda década pérdida» para estos pueblos. Que estos colectivos continúan teniendo menor cantidad de años de educación formal y problemas referentes a la calidad de la misma.

Finalmente, una constatación trágica con la que concluye el informe es que ser indígena incrementa las posibilidades individuales y colectivas de ser pobre en la región, escenario que se complica si le introducimos la variable de género que multiplica por tres la vulnerabilidad —pareciera que existe una identidad clara entre ser indígena, ser mujer y ser pobre en la Indoamérica Contemporánea²²—. La complejidad de las poblaciones indígenas y las persistentes tasas de inequidad y desigualdad se constituyen como grandes retos para la consolidación de las democracias de la región.

En un contexto de gran vulnerabilidad en el que los DESC —Derechos Económicos, Sociales y Culturales— son sistemáticamente violados, la incidencia de la pobreza es mayor entre las mujeres y niñas indígenas, fenómeno que se conoce como feminización y etnización de la pobreza, por la dificultad añadida de acuerdo con el género, en el acceso a recursos públicos, a servicios estatales y, sobre todo, a servicios de salud materno-infantil. «Son las mujeres indígenas quienes se enfrentan en mayor medida a esa situación de racismo institucionalizado, que se refleja en la falta de acceso a servicios básicos y de una educación deficiente o inexistente, entre otros factores, que obstaculizan su participación en la sociedad»²³. De hecho, todavía en la actualidad, en la mayoría de los estudios etnográficos disponibles sobre pueblos indígenas, la mujer indígena sigue siendo la gran invisible, la gran ausente.

De nuevo la imbricación entre las variables de género y etnia expone a las mujeres indígenas a una vulnerabilidad al cuadrado. Estos colectivos ocupan en la actualidad los estratos sociales más bajos de las sociedades latinoamericanas²⁴, con menores posibilidades de acceso a la propiedad de la tierra, al trabajo remunerado, a la educación, al control reproductivo, a la atención médica diferenciada a cargos de toma de decisiones, a la participación política, a la degradación ambiental y a un largo etcétera.

Para terminar este epígrafe cabe decir que se evidencia la clara continuidad de un sistema impuesto por la colonia de forma homogeneizante en el continente, que, basado en esquemas culturales patriarcales, se ha constituido en un pilar de dominio en el que las más afectadas y vulneradas en sus derechos humanos y de ciudadanía son las mujeres indígenas²⁵, condiciones de dominación que se han mantenido constantes en el tiempo y en el espacio, a pesar de las transformaciones operadas tras el triunfo de las luchas emancipatorias.

5. Las mujeres indígenas en el marco del conflicto: Colombia, en negro

En Colombia, con un 3% de población indígena, aproximadamente un millón de nativos y más de 84 pueblos dispersos en el territorio nacional, el escenario de violación de derechos fundamentales se complica radicalmente con la persistencia de un conflicto antiguo en que los pueblos y territorios indígenas son los más afectados. A pesar del reconocimiento institucional y constitucional (se considera que Colombia, con la constitución del año 91, tiene uno de los marcos más integrales en la protección de esta minoría étnica), existen todavía enormes retos a los que enfrentarse para garantizar la promoción plena de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que son vulnerados en un contexto de violencia extrema y que convierte a estas naciones en objetivos de guerra, con efectos devastadores que amenazan su supervivencia.

Hasta los años ochenta los territorios indígenas estuvieron fuera del conflicto histórico que vive el país; a partir de esta década empiezan a hacer presencia en las regiones indígenas distintos actores armados en conflicto como la guerrilla de las FARC y los grupos paramilitares con el fin de obtener el control territorial en estas zonas para extender los cultivos de uso ilícito, que, como la coca y la marihuana, se convertirán desde entonces en el combustible que financia esta guerra. La presión del ejército colombiano sobre las fuerzas irregulares convertirá a los territorios indígenas en campos de guerra y a estas poblaciones en objetivos militares en medio del fuego cruzado.

Como resultado de la intensificación del conflicto, la violencia política contra los pueblos indígenas se incrementará durante los años noventa a pesar de su apuesta histórica, ahora retomada, por la neutralidad y oposición a la guerra, y de mantener a sus territorios como espacios de paz²⁶. En las últimas dos décadas, de acuerdo con informes de organismos multilaterales, han sido reportados, al menos, tres mil casos de violaciones de derechos humanos en este conflicto contra la sociedad civil. Estos actos de violencia etnocida y genocida son atribuibles a todos los actores armados, irregulares, guerrillas paramilitares y, también, en casos puntuales, al ejército y la policía nacional.

Según estimaciones de la vicepresidencia de la República, la tasa de violencia en las municipalidades indígenas²⁷ era 100 veces mayor que la media nacional en los inicios del siglo xxI. En un relato breve y trágico de las violaciones extremas de los derechos humanos²⁸ encontramos la amenaza a la pervivencia física de estos pueblos en una cantidad de masacres perpetradas contra ellos y que les ha valido la conceptualización de verdaderos genocidios, como, por citar solo uno, el caso del pueblo Kankuamo, hoy considerado como pueblo en vías de extinción. El minado de los territorios indígenas, por su importancia geopolítica, ha sido responsable de la muerte según UNICEF de más de 200 indígenas. En Colombia se estima que aproximadamente los municipios afectados por las minas antipersonales ascienden a 422 en 30 de los 32 departamentos del país. Los asesinatos selectivos a líderes y lideresas indígenas con el fin de amedrentar las resistencias indígenas y obligarlos a abandonar sus territorios ancestrales y decapitar a las emergentes organizaciones de base étnica. Hay que resaltar la alta incidencia del desplazamiento forzado (Colombia es el país con mayor cantidad de desplazados internos con cuatro millones de personas) sobre los nativos indígenas: se estima que el 20% de los desplazados internos son indígenas, en especial mujeres y niños que generan flujos transfronterizos hacia el Ecuador, Venezuela y Panamá, muchos de ellos en condición de refugio²⁹. El secuestro y la desaparición forzada también son crímenes lesa humanidad que se han etnitizado. El bloqueo en el acceso de alimentación a las comunidades indígenas ha sido otra estrategia de los armados para el control territorial, que se ha saldado con la muerte de niños y ancianos, sobre todo de la Sierra Nevada de Santa Marta, amenazando su seguridad y soberanía alimentaria. Otra expresión de la guerra sobre estos pueblos es la gran incidencia del reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos armados. Esta situación de emergencia humanitaria ha generado lo que los psicólogos denominan un trauma social con respuestas por parte de algunos pueblos con suicidios colectivos. La incidencia de estos eventos es superior sobre las poblaciones indígenas. Finalmente la guerra contra las drogas y contra el terrorismo, centrales en la inserción de Colombia en el sistema internacional contemporáneo, no han hecho sino aumentar la vulnerabilidad de estas poblaciones a las violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto, que también es necesario que analicemos desde una perspectiva de género.

La situación de las mujeres indígenas es particularmente preocupante a pesar de la escasez de estadísticas desagregadas en virtud del género y la etnia que nos permitan tener un diagnóstico acorde a la realidad. Lo que muestran los indicadores es que las mujeres indígenas de Colombia exhiben tasas menores de desarrollo humano (menos acceso a educación, mayores tasas de desnutrición, mayor incidencia de enfermedades reproductivas, mayor tasa de mortalidad infantil y materna, menores índices de participación y representación política, y menores posibilidades de acceso a la tierra) en comparación con otras mujeres no indígenas y con relación a los hombres de su etnia. En el marco del conflicto, la violencia contra las mujeres indígenas ha sido utilizada por los grupos armados como una herramienta para el control de los territorios y de las comunidades que habitan. Entre estas formas de violencia étnica y de género se encuentran la violencia física, psicológica y sexual para vulnerar a la víctima y a su familia e impartir terror en la comunidad, la violencia destinada a causar el desplazamiento forzado del territorio, el reclutamiento forzoso de ellas y sus hijos en las filas de los violentos, la desaparición forzada; los feminicidios en las masacres, etc. Lamentablemente la feminización de muchos procesos, ahora de la violencia, ha contribuido, aún más si cabe a empeorar la situación de la mujer indígena en Colombia³⁰.

En esta situación de violencias múltiples se limitan y condicionan las ya escasas posibilidades de ejercitar en la práctica el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas³¹. La presencia de numerosos actores foráneos que compiten por el dominio de un territorio, hoy considerado estratégico, elimina cualquier posibilidad de desarrollo autónomo de estas comunidades de acuerdo con patrones originarios, ya sea el estado, que, como reacción, establece fuertes controles sobre los territorios y las comunidades para contrarrestar a los irregulares, ya sea el narcotráfico que inunda las tierras indígenas de cultivos perseguidos, ya sean las guerrillas, que han instrumentalizado a los pueblos como base social. El destino político, social y cultural, de los nativos colombianos está en la encrucijada.

6. Re-existencia: luz verde desde la mirada malva

En este oscuro escenario de injusticias actualizadas que viven los pueblos indígenas de la región, en el contexto de la celebración de los bicentenarios de las independencias, y después de siglos de resistencia al dominio territorial y la aculturación, hay espacios y lugares para la esperanza. La discriminación y violencia por motivos étnicos y por su condición de género sufridas por muchas mujeres indígenas, las ha llevado —en un intento por superar sus estatus de subalteridad— a tener un rol protagónico en la familia, la comunidad y la sociedad. A pesar de las profundas formas de exclusión que deben afrontar en su condición de mujer, de indígena, y de pobre, y a pesar de liderar procesos desde lo local, nacional, regional y global en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales, en los que la defensa del territorio y la autonomía, la recuperación de la memoria indígena, la reafirmación de la identidad, la reconstitución de sus autoridades y reafirmación de la autoestima y la reconstitución como pueblos de paz, son una mirada en la que las variables étnica y de género se entrecruzan.

El empoderamiento de las mujeres nativas en el continente parte no tanto de incorporarse e incidir en los fenómenos sociales y culturales dentro y fuera de sus comunidades desde una posición en contra o superior a lo masculino, sino más bien, y en coherencia con la cosmovisión indígena, desde el intento por recuperar el equilibrio de doble vía en las relaciones de género y en las relaciones interétnicas. Los principios de reciprocidad y complementariedad, tanto entre el género masculino y femenino³², como el equilibrio con la naturaleza son principios rectores del funcionamiento de las sociedades indígenas en la búsqueda de relaciones armónicas integrales.

Para las cosmovisiones indígenas, cuya característica más prominente es la integridad del cosmoser, es necesario entender la perspectiva de género desde una mirada nativa en la que el respeto a la multiculturalidad e interculturalidad son inherentes. Asimismo, reconocer que las demandas de las mujeres hacia fuera son también las demandas de sus pueblos, la lucha por la autodeterminación, sigue siendo fundamental en el moldeamiento de sus requerimientos ante instancias nacionales y supranacionales.

La identidad de género ha aliado a muchas mujeres al interno de sus comunidades a trabajar colectivamente por la defensa de sus derechos como pueblos y como féminas. Paralelamente, la identidad étnica ha operado en el plano nacional, continental e internacional generando redes que desterritorializan a este visibilizado actor, ahora de dimensiones locales. Desde la realización en los noventa del Enlace Continental de Mujeres Indígenas se han realizado sucesivos encuentros que se constituyen en espacios alternativos de debate y reflexión con el fin de incidir en las agendas públicas sobre el posicionamiento político de las mujeres desde la defensa de la cultura propia.

Como decíamos arriba, las indígenas se han focalizado en presionar desde estos espacios alternos a través de la llamada paradiplomacia, en los reconocimientos integrales de su pueblo y de su etnia. Sin embargo, hay demandas feminizadas y específicas del género que pasan en el plano económico por denunciar y reclamar igualdad de oportunidades de acuerdo con su amplia participación y responsabilidad en las economías locales. En ámbitos tan específicos como el de la salud también se atraviesa en la configuración de las demandas la perspectiva étnica y de género, sobre todo en una petición al respeto por la salud reproductiva plena de acuerdo con su cosmovisión y asistida a través de prácticas tradicionales. En cuanto a la educación, se reivindica el acceso a una educación de calidad en igualdad de oportunidades. Pero desde una perspectiva intercultural, la etnoeducación es hoy una demanda reiterada por todas las organizaciones indígenas para mantener y reproducir su existencia cultural. En lo político, se resalta el reconocimiento de la mujer como líder y su participación real en esta esfera en los ámbitos locales e internacionales. Se apela a los mecanismos de cupo diferencial para garantizar esta representación a pesar de las limitaciones que este enfoque de discriminación positiva presenta.

Finamente quisiera mencionar la cuestión medioambiental, ya que el apego de estos pueblos a la tierra, que los define como pueblos originarios, ha caracterizado tradicionalmente a los indígenas como cuidadores del territorio ancestral. En la actualidad, en un contexto de una crisis ambiental sin precedentes, se rescata el papel jugado históricamente por estos pueblos como defensores de la Tierra y como aliados de gran valor para su rescate en la actualidad³³. En sus planes de vida en defensa de la autodeterminación, el territorio juega un papel central. Por ello, en escenarios de defensa de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales la voz indígena está presente y es escuchada. Además, y en coherencia con la cosmovisión, la tierra representa lo femenino, es madre, es cuidadora, es reproductora en las demandas de las mujeres indígenas frente al territorio; está, por tanto, implícito el respeto al medio ambiente y biodiversidad³⁴. Aspectos específicos de orden material como el acceso a la tenencia de la tierra, la defensa de los derechos de propiedad intelectual y el conocimiento de las plantas y semillas tradicionales forman parte de los procesos productivos desarrollados por las mujeres indígenas.

Las luchas de las mujeres indígenas tienen como objetivo contribuir al reconocimiento y visibilidad de su participación en la construcción de naciones pluriétnicas y multiculturales con su aporte a la conservación de la identidad étnica y cultural y como principal preservadora y transmisora de la herencia cultural.

Narrar historias de vida de mujeres que luchan por mantener su cultura en un mundo que ha ocultado sus conocimientos y en un país como Colombia, en el que la denuncia y defensa pacífica de los derechos fundamentales las convierte en criminales, es de justicia. Mujeres que como Debora Barros Fince, del pueblo Wayúu en el departamento caribeño de La Guajira, al norte de Colombia, es una mujer, joven, líder, indígena, presidenta de la organización social de base étnica, Wayúumunsurat, que defiende los derechos humanos del pueblo Wayúu trabajando en condiciones de amenaza por el retorno de la Comunidad a su territorio ancestral y ha sido desplazada tras la masacre de Bahía Portete a una zona estratégica para la explotación de carbón. Como Rosa Elena Jacanamijoy, Ingana del departamento amazónico del Putumayo, líder de la Comunidad Inga desplazada a Bogotá, pedagoga y lingüista, trabaja desde un escenario urbano en procesos de etnoeducación y medicina tradicional para recuperar y mantener, entre los nativos de la ciudad, la cultura propia. Como Miryam Peryra, del pueblo Muisca ubicado en Cota, Cundinamarca, es líder comunitaria y trabaja en los procesos de recuperación de la memoria histórica del pueblo muisca (recuperación de semillas, gastronomía, lengua, cultura y tradiciones) en un escenario en que la especulación urbanística pone en riesgo el reconocimiento del resguardo y el reconocimiento legal de su existencia real como pueblo. Como Daris Cristancho, miembro del Pueblo U´wa, del departamento de Arauca, en la frontera entre Venezuela y Colombia, que ha liderado campañas en defensa del territorio y la cultura U´was amenazados por megaproyectos de explotación petrolera en el territorio ancestral.

Como ellas, muchas mujeres indígenas de Colombia, que de ser víctimas resistentes del conflicto armado pasan a liderar procesos autónomos tomando a la re-existencia cultural como arma de lucha pacífica y se erigen como guías de sus pueblos para la consecución de la autodeterminación y de la verdadera independencia, teniendo como centro la defensa del territorio ancestral porque defender el territorio es defender la cultura, la supervivencia como pueblos y la vida. Desde la cosmovisión indígena el territorio es definido como el lugar donde se tejen los sueños y la cultura. Mujeres que tejen pensamiento, vida, paz y futuro y que se convierten en protagonistas y agentes mediadores entre civilizaciones en las relaciones glocales contemporáneas, desde la perspectiva del encuentro intercultural, desde el enfoque del diálogo de saberes. Me gustaría terminar con una expresión de Leonor Zalabata, líder Arhuaca, al ser preguntada por su pensamiento frente al futuro de los pueblos originarios: «somos y seguiremos siendo».

Agradecimientos

Quiero agradecer especialmente a María Ángeles Vázquez, impulsora de este II Encuentro Mujer e Independencias Iberoamericanas por la invitación para participar de esta reflexión, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y al Ministerio de Cultura del Gobierno de España por apoyar estos encuentros tan necesarios para estrechar lazos entre los pueblos, a la Casa de América por acogernos hoy, a la Universidad Externado de Colombia, donde me desempeño como docente e investigadora en la línea de asuntos étnicos y a la Fundación OE —Orientación Ecológica—, que se dedica a promover espacios culturales en defensa de unas relaciones armónicas con la Naturaleza.

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32. Ulloa, A. La construcción del nativo ecológico, editado por ICANH. Bogotá: 2004.

• (1) El término subalterno introducido por Gramsci para referirse a sectores sociales marginados política, económica y culturalmente, ha sido ampliamente utilizado por la corriente del enfoque de estudios postcoloniales, muy actual en Asia, África y America Latina en las últimas décadas. volver
• (2) Revisar al respecto la definición adoptada por las Naciones Unidas tras el trabajo de Martínez Cobo en 1987 y que sigue así: «Comunidades, pueblos y naciones indígenas son aquellos que, teniendo continuidad histórica con sociedades que se desarrollaron en sus territorios antes de la invasión colonial, se consideran a sí mismos como distintos de otros sectores de las sociedades ahora prevalecientes en esos territorios, o en parte de ellos. En la actualidad son sectores no dominantes de la sociedad, y se muestran determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica, como base de su existencia continua como pueblos, de acuerdo con sus moldes culturales, sus instituciones sociales y sistemas legales propios». Disponible en www.un.org. volver
• (3) García, F., Roca, P., Pachakuteq: una aproximación a la cosmovisión andina, Juan Gutemberg Editores EIRL. Lima: 2009. volver
• (4) Bonfil Batalla, G. «Implicaciones étnicas del sistema de Control cultural»; en Olive, León. Ética y diversidad cultural, 196 y ss. Fondo de Cultura Económica, segunda edición. México: 2004. volver
• (5) Se entiende el etnocidio como la destrucción de un pueblo, de una cultura. Este concepto se ha utilizado para hacer referencia a la sistemática liquidación de culturas autóctonas como efecto trágico de los procesos de colonización. Se diferencia del concepto de genocidio porque este solo hace referencia al plano físico-material.
• (6)Clastres, P. Investigaciones de Antropología Política. Barcelona: Editorial Gedisa, 1981. volver
• (7) Clastres, P., La sociedad contra el estado.Barcelona: Editorial Virus, 2010. volver
• (8) Bello, A. Etnicidad y Ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los Pueblos Indígenas. Santiago de Chile: CEPAL, 2004 volver
• (9) Bronstein, A. Hacia el reconocimiento de la identidad y de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina: Síntesis de una evolución y temas para la reflexión. Memorias del seminario internacional sobre administración de justicia y pueblos indígenas. San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999. volver
• (10) Según Bonfil el Indigenismo pretendía salvar al indígena de sí mismo. El autor habla de etnodesarrollo en la década de los ochenta para referirse una alternativa autónoma desde las organizaciones indígenas. Bonfil Batalla, G., «El Etnodesarrollo: sus premisas jurídicas, políticas y de organización», en América Latina: Etnodesarrolllo y Etnocidio, pp. 133-145. México: Ediciones FLACSO, 1995. volver
• (11) Giraldo, L. (coordinadora). Ciudadanía y derechos Indígenas en América Latina: poblaciones, estados y orden internacional. Madrid: Centro de Estudios Políticos y constitucionales, 2007. volver
• (12) Romero Huayna, G. La Globalización: una plataforma de exclusión de los pueblos indígenas. La Paz: Fondo Indígena, 2007. volver
• (13) De Sousa Santos, B. Sociología jurídica crítica, Para un nuevo sentido común en el Derecho. Madrid: Trotta, 2009. volver
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• (19) «Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico y cultural». Artículo 3, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asamblea General de Naciones Unidas, 2007. Disponible en www.un.org. volver
• (20) Bastidas, E. «Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas». Bogotá: Revistas Etnias y Política, 2007. volver
• (21) Rey, E. Indígenas sin derechos: situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Bogotá: CECOIN (Observatorio indígena de Políticas Públicas de Desarrollo y Derechos Étnicos), 2007. volver
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• (23) Pineda, S., «La mujer indígena ante la pobreza», en Espacio Abierto, vol. 11, n.º 2. Estado de Zulia, Venezuela: abril-junio de 2002. volver
• (24) Pisqiy Pac, L. (compiladora). Herederas ancestrales y sus demandas actuales, situación de las mujeres indígenas en Centroamérica. San José de Costa Rica: UICN (Oficina regional para Mesoamérica), 2008. volver
• (25) Hopenhayn, M., Bello, A., Miranda F. Los Pueblos indígenas y Afrodescendientes ante el nuevo milenio. Santiago de Chile: CEPAL, 2006. volver
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• (28) Observatorio de Derechos Humanos. Situación de derechos humanos (Informe anual de 2003). República de Colombia: Programa presidencial de derechos Humanos y DIH. Disponible en www.derechoshumanos.gov.co. volver
• (29) Stavenhagen, R. Informe sobre la situación de los Pueblos Indígenas en Colombia. República de Colombia: Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, 2004. volver
• (30) Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. «Colombia, primer país de expulsión de refugiados y desplazados en el mundo». Bogotá: 2010. Disponible en www.codhes.org. volver
• (31) UNIFEM. «Informe sobre la situación de las mujeres en Colombia». Quito: Fondo de Naciones Unidas para la Mujer, 2005. volver
• (32) Anaya. J. Informe sobre la situación de los Pueblos Indígenas en Colombia. Nueva York: Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, 2010. volver
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• (35) Escobar, M., Escobar, P., Pazmiño, A. y Ulloa, A. Las mujeres indígenas en los escenarios de la biodiversidad. Bogotá: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Instituto Colombiano de Antropología e Historia y Fundación Natura: 2005. volver

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