La España del Quijote (1 de 4)
Por Antonio Domínguez Ortiz
El descrédito de un concepto meramente político de la historia ha multiplicado los apelativos y las divisiones basadas en referencias culturales («el siglo del Barroco», «la España de la Ilustración», etc.). Por ello se habla hoy corrientemente de «la España del Quijote», título adoptado, entre otras obras dedicadas a la cultura de nuestro Siglo de Oro, por los dos volúmenes de la gran historia de España que patrocinó Menéndez Pidal. La España del Quijote y la España de Cervantes son expresiones sustancialmente idénticas, pues si bien la composición de la inmortal novela coincide con la década final de la vida del escritor, no es menos cierto que en ella vertió las experiencias de toda una vida. El Quijote apareció a comienzos del siglo xvii, durante el reinando Felipe III, pero Cervantes fue un hombre del xvi: su «circunstancia» fue la España de Felipe II, aunque viviera lo suficiente para contemplar el tránsito de un siglo a otro, de un reinado a otro, con todos los cambios que comportaba ese tránsito. Decir que los años situados a caballo del 1600 fueron de transición parece una banalidad; en el curso de la historia todas las épocas son de transición, porque el devenir humano es una mezcla de continuidad y cambio; pero hay épocas en las que las transformaciones se aceleran y los contemporáneos experimentan la sensación de cambio, ya sea para bien, como lo percibió Feijoo al pisar, ya anciano, los umbrales del reinado de Fernando VI, ya para mal, y entonces surge la nostalgia del «viejo buen tiempo».
Ambos sentimientos se mezclaban en el sentir de los españoles en aquellas fechas; en 1598, al recibirse la nueva del fallecimiento del solitario del Escorial, España experimentó la sensación de alivio de toda persona liberada de una tensión insoportable; las suntuosas exequias, las ampulosas oraciones fúnebres no podían desvanecer los sentimientos penosos que se habían acumulado en los últimos años del reinado del viejo monarca: las guerras incesantes, las demandas de hombres y dinero, el carácter poco accesible de un soberano que dirigía el mundo más bien a través de papeles que de contactos humanos habían engendrado en Castilla un temor reverencial y un mal solapado disgusto entre sus súbditos, que, al conocer su desaparición, se sintieron a la vez apesadumbrados y ligeros, como los escolares tras la ausencia del severo dómine. Por desgracia, el caudal de confianza que se otorgaba a cada nuevo soberano se agotó pronto, al comprobar la inoperancia del tercer Felipe, su total entrega a don Francisco Gómez de Sandoval, marqués de Denia, pronto decorado con el título de duque de Lerma, la inmoralidad y avidez del favorito y de la cohorte de familiares y amigos que lo acompañaba. Y si estas eran las encontradas sensaciones de la generalidad del pueblo, más críticos aun eran los miembros de la alta administración imperial (generales, embajadores, consejeros de Estado), que temían que la nueva política internacional, tachada de pacifista y abandonista resultara fatal para el prestigio del mayor imperio del mundo, prestigio conquistado al precio de tantos sacrificios.
Estos temores eran exagerados. El nuevo equipo gobernante se hizo cargo de la necesidad de aliviar el peso que soportaba España, en especial Castilla; circunstancias favorables, como la desaparición de Isabel de Inglaterra y de Enrique IV de Francia, y la coincidencia con un equipo gobernante en Holanda inclinado también a una paz o, al menos, a una tregua (firmada en 1609) dieron la impresión de que iba a cesar el estrépito de las armas. Los hechos demostraron que, en el fondo, la política del gabinete de Madrid permanecía inmutable. Quería la paz, pero no a cualquier precio; no al precio del triunfo del protestantismo sobre el catolicismo y la humillación de la casa de Austria; por eso, cuando la rama austríaca de los Habsburgo se vio acosada, el hermano mayor, o sea, la rama española, entró con todo su poder, con el oro de América y los soldados de los tercios, nuevamente en liza.
En lo sustancial, pues, no hubo cambio en la política de España. Pero ¿qué era España? Hay palabras que usamos continuamente y que nos ponen en un aprieto si tratamos de definirlas. ¿Era entonces España una nación, un estado, un ámbito cultural o meramente una evocación de la antigua Hispania, sin contenido sustancial? Las controversias nacionalistas de hoy han agudizado el problema; se cuestiona que los Reyes Católicos fundaran un verdadero Estado, que los habitantes de la Península se sintieran solidarios, miembros de una entidad superior a la de su pueblo, comarca o región y, aunque en estas afirmaciones hay mucho de exageración y prejuicio, no puede negarse que el concepto España estaba entonces lleno de ambigüedad. De un lado, lo desbordaba una entidad más vasta, el Imperio, o, como entonces se decía, la Monarquía; de otro, se descomponía en una serie de unidades diversas y mal engarzadas: Castilla de una parte y los reinos integrantes de la Corona de Aragón de otra tenían sus leyes, instituciones, monedas, fronteras aduaneras, como también las tenía Navarra y, a mayor abundamiento, Portugal, reunido en 1580 a este vasto conglomerado. Y dentro de cada una de estas partes, la autoridad real tenía más o menos fuerza, mayores o menores atribuciones. Especialísima era la situación de Canarias y más aun la de las tres provincias vascongadas, a pesar de que en muchos aspectos se consideraban incluidas dentro de la Corona de Castilla.
No era esta una situación peculiar de España. En su póstuma e inacabada historia de Francia, Braudel ha hecho notar lo mismo respecto a la Francia del Antiguo Régimen, con no pocas resonancias y supervivencias en la Francia actual, que tan largo tiempo se ha tenido como modelo de homogeneidad. Esas variedades, esas ambigüedades, esa herencia de un pasado medieval, que aún tenía mucha vigencia, exigía de los gobernantes un conocimiento muy detallado de las peculiaridades de cada reino, de cada provincia, y un tacto exquisito para no herir susceptibilidades, porque el privilegio no era la excepción sino la norma. Es poco exacto dividir la España del siglo xvi en países forales y no forales, porque fueros y privilegios tenían todos. La diferencia consistía en que en unos se trataba de una realidad viva, con la que había que contar, mientras que en Castilla, después del fracaso de las Comunidades, la balanza del poder se había desequilibrado de modo irreversible en favor del poder real y, entonces, la solemne jura de los privilegios de una ciudad de un reino, como hizo Felipe II al entrar en Sevilla el año 1570, era una mera ceremonia que no le comprometía a nada, mientras que la jura de los fueros de Aragón sí tenía un hondo significado; tan hondo y tan anclado en el corazón de los aragoneses que, aún después de los gravísimos sucesos de 1591, el monarca solo se atrevió a introducir leves modificaciones en un sistema ya totalmente anquilosado.
La diversidad de los pueblos que componían España se manifestaba también de modo espontáneo en las naciones o bandos que se formaban en las universidades, en los colegios, en ciertas órdenes religiosas y que no eran formaciones sólidas, institucionales, sino agrupaciones ocasionales que delataban afinidades y preferencias; así ocurría que con la nación vasca se agrupaban otras gentes del norte, y con la andaluza, los extremeños y murcianos, y en los castellanos puros se decantaban a veces los manchegos de un lado y los campesinos, o sea, los de la Tierra de Campos, por otro. No llegaron estos bandos a tener la virulencia que en América tuvieron las divisiones entre peninsulares y criollos, que preocuparon seriamente a las autoridades de las órdenes religiosas y obligaron a establecer la alternativa, o sea, un turno en la provisión de cargos; algo de eso hubo aquí en los capítulos benedictinos, mas, por lo regular, las peleas de las naciones, como en la Universidad de Salamanca, solo traducían afinidades innatas sin contenido político. El caso de los portugueses es distinto: no tuvieron reparo en usar ampliamente el castellano y en llamarse españoles mientras España fue concebida como un ámbito cultural (en el sentido amplio, antropológico, de esta palabra). Pero al transformarse, en 1580, en una entidad política, este sentimiento de pertenencia, de integración, fue sustituido por un rechazo total, expresado con más violencia en las clases populares que en las altas, y más en el bajo y medio clero que en las altas jerarquías.
Es fácil distinguir las raíces históricas de esta diversidad de planteamientos: cuando la gran crisis del siglo xvii puso a prueba el entramado íntimo de la Monarquía, aquellas regiones con un pasado aún vivo de autogobierno reaccionaron de forma muy distinta a aquellas otras englobadas en el complejo castellano; es lógico que no fuera igual el comportamiento de Andalucía, que tenía una acusada personalidad cultural pero nunca fue una entidad política como Navarra o Cataluña. Ahora bien: mientras Portugal rechazó la integración plena, en las demás partes de aquel conjunto sí fue posible la integración gracias a la herencia medieval de las fidelidades múltiples, tan alejadas de los nacionalismos excluyentes, y que hacía posible que una persona conjugara un apego intenso a su pueblo, a su patria chica (era muy intenso el patriotismo local), con el sentimiento de pertenecer a una región, a una nación, a un imperio y, por encima de todo, al orbe cristiano. La verdadera frontera, más bien un foso profundo, era la que separaba esta comunidad cristiana del Islam y de la infidelidad.
Dentro de la Cristiandad, la multiplicidad de fronteras estaba atenuada por ese sentimiento de pertenecer a una patria común; sentimiento quebrantado por la disidencia religiosa que marcó un hito en las relaciones de los pueblos europeos. Razones religiosas, políticas y humanas se mezclaban en dosis variables en los sentimientos de los viajeros extranjeros en España y en los españoles, tan numerosos, que salían fuera del recinto de su patria. Al alejarse de España, aquellas diferencias regionales se difuminaban; el viajero no se declaraba extremeño o aragonés, sino español. Percibía en los países extraños una gradación, unas sensaciones diversas de alejamiento o cercanía: el país más cercano, Italia, por razones evidentes. Cervantes, como tantos de sus compatriotas, se sentía allí como en su casa. Sus elogios a las ciudades italianas revelan el afecto de quien habla de cosa propia. ¡Qué diferencia con aquella Berbería, tan cercana y tan lejana! No se puede comprender bien la España renacentista ni barroca sin tener en cuenta estos influjos italianizantes que se infiltraban en la vida española por mil caminos y de mil maneras.
Más notable es la fidelidad a la Monarquía hispana de países muy diversos del nuestro, como Flandes y el Franco Condado. Fidelidad al Príncipe-Símbolo, a una entidad supranacional en la que cabían muchas personalidades nacionales bajo la égida de un Poder moderador, de un árbitro imparcial al que se denominaba Rey de España sin desmenuzar la multitud de títulos jurídicos que encerraba este nombre. Los tratadistas podían polemizar sobre el alcance y significado de esa titularidad; el pueblo sabía de qué se trataba. Y porque en esta fase aún incompleta del Estado era la Monarquía la figura jurídica que lo representaba y el motor de aquel múltiple organismo es por lo que el carácter personal de los reyes tuvo tanta importancia. De un reinado a otro las leyes cambiaban poco, pero su aplicación cambiaba mucho; de ahí que una división de la historia moderna de España por reinados, aunque tenga cierto olor rancio, a conceptos pasados de moda, no deja de tener efectividad. El talante personal de Felipe II dejó una profunda huella; por ejemplo, él fue responsable del ensoberbecimiento del tribunal de la Inquisición hasta límites increíbles; los gobernantes del siglo xvii tuvieron que aplicarse, con paciencia, a limar las garras de aquel monstruo que se había hecho temible no solo a los herejes, sino a todos los organismos e instituciones.
