Introducción

Como traductores de la Comisión Europea y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y editores de estas actas es una gran satisfacción poder presentarles el resultado de las intervenciones de la Jornada «Traducción e Interpretación contra la Exclusión Social», celebrada el 1 de octubre de 2010 en el marco del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. La Jornada propició un encuentro, muy necesario en nuestra opinión, entre los beneficiarios de estos servicios y los profesionales de la traducción, la interpretación y la mediación social, responsables de servicios sociales o asistenciales en asociaciones y ONG, profesores y representantes institucionales.

Puede parecer poco apropiado en un contexto de crisis económica como la que padecemos plantearse un mayor apoyo a la traducción, la interpretación y la mediación destinada a las personas en riesgo de exclusión social, pero conviene recordar que el efecto más devastador de una crisis económica es su transmutación en crisis moral, con una sociedad asustada e inerme ante discursos demagógicos y receptiva (o cuando menos insensible) a argumentos xenófobos. En situaciones de crisis son precisamente los menos favorecidos, los inmigrantes y los refugiados, quienes más tienen que perder porque suelen ser señalados como chivo expiatorio.

Multilingüismo y multiculturalismo no son fenómenos recientes, ni consecuencia de la globalización, como a veces se nos quiere hacer creer. Desde una perspectiva histórica la actividad traductora ha sido siempre un indicador del desarrollo de sociedades multiculturales. La Escuela de Traductores de Toledo fue posible en aquella ciudad precisamente porque en ella ya convivían cristianos, musulmanes y judíos; no siempre, desde luego, de manera pacífica pues, como ha señalado Fernández Parrilla: «Proyectando hacia el pasado nuestros ideales presentes, llegamos a creer que se traducía tal vez para conocer al Otro, cuando en realidad ocurría todo lo contrario, se traducía para refutarlo»¹. Pero también, como señala Márquez Villanueva en su libro El concepto cultural alfonsí al referirse precisamente al Toledo medieval, la traducción es una «brújula óptima para medir el grado de apertura de una cultura».

La traducción y la interpretación son hoy factores clave de integración porque abren la puerta al conocimiento del otro. Por eso traductores e intérpretes son personajes vitales en estos tiempos revueltos en los que la figura del otro, del extranjero, puede convertirse, como ha señalado Žižek, en un «ser tóxico», al que no se le reserva otro destino que la invisibilidad y su pérdida absoluta de identidad. El traductor ha sido siempre, por su propia naturaleza, un elemento integrador. Decía Steiner que «todo acto de comprensión es un acto de traducción». Comprender al otro es traducirlo, expresarlo con nuestras propias palabras, aproximarlo y darle voz e identidad reconocibles. La traducción social afecta directamente a personas, individuos concretos. «Pedimos trabajadores y nos llegaron personas»: esta frase atribuida a un responsable de una gran industria alemana ilustra muy bien una cierta consternación de nuestro tiempo, en el que todo, incluso las personas, tiene un valor esencialmente mercantil.

Hay una tensión entre, por un lado, una creciente conciencia ética, un mayor respeto al otro, que nos viene dado por ese empequeñecimiento del mundo que ha provocado la globalización, así como una pública preocupación por extender los principios democráticos a las sociedades ahogadas por sistemas dictatoriales y, por otro lado, la desconfianza con la que miramos hacia las personas que se ven obligadas a buscar una vida mejor entre nosotros, empujadas por situaciones de miseria o corrupción en sus países de origen, por la voracidad de los mercados globales o buscando paz y seguridad, huyendo de escenarios de extrema violencia y desprecio por los derechos humanos.

Como señala Joseba Achotegui en estas páginas, el número actual de emigrantes y desplazados, que se sitúa hoy en torno a los 200 millones de personas, se duplicará, según previsiones de la ONU, en los próximos 20 años y constituirá lo que ya se ha denominado «el sexto continente», un continente móvil, que seguirá creciendo.

«Unidad en la diversidad» es el lema de Europa. La diversidad de culturas y, por lo tanto, de lenguas es una realidad desde tiempos remotos y ha sido siempre una de las señas de identidad de este continente conformado por invasiones, exilios, migraciones y desplazamientos humanos, voluntarios o forzosos. Europa, y más específicamente la Unión Europea, tiene en la propia diversidad una riqueza para abordar su comunicación con las lenguas y culturas no europeas, y para ello necesita a traductores e intérpretes cualificados y profesionales. En lo que se refiere a las relaciones entre multilingüismo e integración social hay que mencionar dos actos legislativos relevantes, el primero de carácter general y el segundo de aplicación selectiva en el ámbito de la justicia: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.

Estos nuevos instrumentos jurídicos están definiendo la obligación de traducción que corresponde al Estado en determinadas situaciones. Nociones como «calidad suficiente» de los profesionales o «registros de intérpretes y traductores», que figuran en la mencionada Directiva, pueden ser determinantes para evitar el intrusismo profesional y la explotación de traductores cualificados por parte de empresarios sin escrúpulos que, todo hay que decirlo, cuentan a veces con el respaldo de las instituciones al requerir sus servicios sin un mínimo control.

Por otra parte, dentro del marco de las últimas iniciativas de la Unión Europea hacia el establecimiento de un sistema de asilo conjunto, para conseguir que este objetivo culmine en un sistema más justo, basado en el respeto a los derechos humanos que regule que los Estados miembros cumplan con las obligaciones recogidas en la legislación internacional en cuanto a derechos humanos y derechos de los refugiados, sería conveniente que se establecieran y aplicaran normas comunes que garanticen que aquellas personas que soliciten asilo en cualquier país de Europa puedan acceder a servicios de traducción e interpretación adecuados para salvaguardar sus derechos.

La traducción en los Servicios Públicos y, en general, la traducción social o asistencial es, indudablemente, una actividad en expansión en España. La existencia de una demanda de traducción e interpretación social (para la que no existen normativas específicas) satisfecha en ocasiones de forma improvisada sin respetar unos criterios mínimos igualitarios, combinando iniciativas específicas de los propios servicios, programas asistenciales desarrollados por diversas organizaciones sociales (que, a menudo, dependen de financiaciones inestables y que realizan su labor con más dedicación y buena voluntad que medios) o por empresas privadas, no debería hacernos olvidar la impostergable reivindicación de un estatuto digno para la profesión de traductor e intérprete y la necesidad de desarrollar sistemas estructurados que permitan la participación de la sociedad civil mediante las organizaciones sociales para garantizar que la atención se preste de la forma más adecuada, dando prioridad a los valores éticos y humanitarios por encima de los meramente lucrativos.

La necesidad de conocimiento y reconocimiento de las figuras del traductor e intérprete institucional ha llevado a la constitución de un grupo de trabajo para la elaboración de un Libro Blanco de la traducción e interpretación institucional en España, que verá la luz próximamente y al que aluden en detalle en estas páginas Ramón Garrido y Sonsoles Plaza. Es de esperar que con la incorporación (transposición) de la Directiva a la legislación nacional se dé un impulso definitivo a la mejora de las condiciones en las que la Administración ha de gestionar estos servicios. Las reflexiones que aquí recogemos, como las del mencionado Libro blanco, pueden ser un buen punto de partida para mejorar la situación de traductores e intérpretes en España.

Agradecemos al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, y en particular a Inmaculada Lasala, Subdirectora General Adjunta de Programas Sociales, su implicación en la Jornada y su apoyo a la edición de estas actas. Queremos también agradecer a la Representación de la Comisión Europea en España, en la figura de su Director, Francisco Fonseca, la colaboración de todo su personal, pues sin ella la Jornada no podría haberse realizado. Nuestra gratitud también a la CEAR y en particular a su Presidenta, María Jesús Arsuaga, por el trabajo de su institución y el apoyo en la organización de la Jornada. Por último, hemos de agradecer muy especialmente la ayuda que en la concepción y organización de la Jornada nos han prestado los profesores Carmen Valero, Raquel Lázaro y Bianca Vitalaru (de la Universidad de Alcalá) e Icíar Alonso, Jesús Baigorri y Fernando Toda (de la Universidad de Salamanca).

Muchas gracias a todos los ponentes y asistentes por haber participado activamente en los debates. Esperamos poder volver a repetir la experiencia.

Luis González
Dirección General de Traducción
de la Comisión Europea

Carmen las Heras
Responsable del Servicio de Traducción
e Interpretación de la CEAR