Traducción contra exclusión social

A modo de conclusión:
propuestas de mejora desde la red COMUNICA

Icíar Alonso. Red COMUNICA

La lengua, como signo de identidad personal y colectiva, constituye un potentísimo elemento de integración o de inclusión en nuestra Europa comunitaria, convertida en el siglo xxi —una vez más— en el punto de destino de flujos de población de procedencia muy heterogénea, incluidos los propios países de la UE-27¹. España acoge hoy a una cifra de extranjeros que representa ya el 12% de su población total, aproximadamente el doble de la media de la UE², y que tiene en su mayor parte carácter permanente. En este contexto, las posibilidades de una inclusión social efectiva como ciudadanos de pleno derecho y en igualdad de condiciones requieren, aunque no solo, la eliminación de las barreras de comunicación entre dichos ciudadanos y los servicios públicos.

A lo largo de esta Jornada se han ido poniendo sobre la mesa las necesidades y carencias relacionadas con los servicios de traducción e interpretación en nuestra sociedad, que es hoy, en muchas de sus dimensiones, multicultural y multilingüe. Todos los participantes se han hecho eco de una evidencia: esta nueva realidad demográfica, social, política y cultural genera hoy demandas lingüísticas y comunicativas que necesitan respuestas adaptadas por parte de los numerosos agentes implicados.

La red COMUNICA —Observatorio Permanente sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos— considera que la eliminación de los obstáculos para la comunicación en igualdad de condiciones entre, por un lado, personas de distintas lenguas y culturas y, por otro, los servicios públicos que intervienen en el día a día de nuestras vidas cotidianas puede contribuir a facilitar la integración de la población extranjera y a poner las bases de una convivencia intercultural. Bajo estas premisas, COMUNICA quiere ejercer como catalizador de las inquietudes que han manifestado los participantes en esta Jornada sobre «La traducción y la interpretación contra la exclusión social» desde sus diversos ámbitos de procedencia: hospitales, oficinas de asilo y refugio, juzgados, organizaciones no gubernamentales, docentes e investigadores del mundo universitario, traductores e intérpretes.

COMUNICA nació en 2005 con la intención de adecuar en lo posible la formación especializada en traducción e interpretación que se ofrece en nuestras universidades con las demandas sociales e institucionales de comunicación en el campo de los servicios públicos³. Tres son sus funciones prioritarias:

1. Estudiar y analizar la evolución de la traducción e interpretación en los servicios públicos (TISP) de nuestro país
2. Fomentar la profesionalización de la TISP mediante una oferta formativa de calidad y el fomento de sistemas de acreditación de la calidad
3. Sensibilizar a los responsables de los servicios públicos sobre la necesidad de disponer de una TISP de calidad y sobre las repercusiones de una mala praxis

Desde el nacimiento en los años 90 de la iniciativa canadiense del Critical Link⁴, la Universidad española también está siendo consciente de estas nuevas demandas surgidas al calor de los cambios sociales y de los flujos migratorios en los que está inmersa nuestra sociedad globalizada actual. Después de varios años de reflexión y análisis de la situación, de numerosos estudios pormenorizados sobre los retos de la interpretación en los servicios públicos de nuestro país, un número no desdeñable de instituciones académicas viene impartiendo formaciones específicas en traducción e interpretación en los servicios públicos, unas veces de forma reglada y otras en cursos a la carta a petición de administraciones públicas y de colectivos profesionales y sociales. En esta ocasión, y al contrario de lo que suele suceder con una institución que no se caracteriza por su inmediatez y permeabilidad a los cambios de la sociedad en la que se radica, el mundo universitario sí está en condiciones de responder con eficacia a estas nuevas demandas ofreciendo formación especializada para futuros intérpretes, agentes sociales y proveedores de servicios públicos, incluso en los idiomas extranjeros que no son los tradicionales en nuestro país⁵.

Los puntos fuertes

Los avances en los últimos años son igualmente palpables en muchos de los servicios públicos mencionados y se han visto además reflejados en los medios de comunicación, cuya percepción del problema ha experimentado también una leve evolución en esta última década. Hemos pasado de la detección esporádica y aislada de determinadas carencias en la prestación de servicios lingüísticos en los servicios públicos a un aumento notable de la sensibilidad entre la opinión pública y entre un número considerable —aunque todavía minoritario— de los profesionales de la sanidad, de la judicatura, de los servicios de extranjería en los aeropuertos, por ejemplo, ante irregularidades difícilmente tolerables en una sociedad como la nuestra. Ha aumentado también el espacio que los medios de comunicación dedican a la mala praxis en la provisión de servicios de traducción e interpretación en este ámbito, lo que indica una cierta preocupación por la carencia del servicio o por la deficiente calidad de su prestación o por la inexistencia de control en la acreditación de los profesionales que lo ejercen. Así, en los últimos meses/años se encuentran en la prensa denuncias de periodistas y profesionales relacionadas con la falta de garantías procesales al no existir intérprete cualificado en juicios a ciudadanos extranjeros o en consultas médicas (falta de traducción de los consentimientos informados, por ejemplo, o quejas de los facultativos por las enormes dificultades que experimentan para entenderse con pacientes extranjeros). Todo ello supone, sin lugar a dudas, un paso de gigante en la percepción de las dificultades existentes y, por descontado, en el camino hacia la solución.

Por otro lado, y desde el punto de vista técnico, hay que mencionar la aportación de las nuevas tecnologías y de productos que, utilizados de acuerdo con normas de calidad garantizadas, pueden facilitar este tipo de servicios, hacerlos más ágiles y, en algunos casos, incluso abaratarlos. Son, por ejemplo, los sistemas de interpretación a distancia vía telefónica o videoconferencia, o las aplicaciones informáticas multilingües con sonido e imagen que reproducen los protocolos de las entrevistas médicas en los principales idiomas de la población extranjera que reside en nuestro país.

Hay atisbos de esperanza en la actitud de algunas instituciones y empresas, si bien es cierto que en estos casos la consideración que se tenga de las necesidades y del tipo de servicio llamado a solventarlas depende principalmente de criterios puramente económicos que a menudo dejan de lado otros aspectos más importantes.

En definitiva, parece que están dadas las condiciones para aunar sinergias y sumar alianzas que tiendan a asumir, no ya solo como profesionales sino sobre todo como ciudadanos, la responsabilidad ética de garantizar el derecho de acceso en igualdad de condiciones a aquellos servicios que hoy en día consideramos básicos y universales, como la sanidad y la justicia, entre otros. Desde esta responsabilidad ética es desde donde tiene sentido que los profesionales (del derecho, de la sanidad, de la traducción y la interpretación, de la educación, de los servicios sociales, etc.), los formadores, los proveedores de servicios, y también los propios usuarios, reclamemos el derecho a expresarnos y a ser entendidos en un idioma que nos sirva como vehículo eficaz de comunicación.

Esta responsabilidad incluye también, desde un punto de vista más operativo, servir de canal de transmisión de las demandas de comunicación, haciéndolas llegar a veces hasta las instancias decisorias y, desde un punto de vista técnico, ofreciendo asesoramiento profesional y académico para que dejen de ser un desideratum o un mero impulso bienintencionado y desemboquen en el establecimiento de un sistema eficaz y de calidad de traducción e interpretación en los servicios públicos de nuestro país.

El horizonte a medio plazo

A la vista de lo manifestado por los interlocutores presentes en esta Jornada, pensamos que el horizonte a corto y medio plazo para acercarnos al objetivo que acabamos de describir pasa por:

1. Ampliar la sensibilización y participación de los agentes sociales y políticos.

   Esto significa dar un nuevo paso desde las respuestas voluntariosas del tipo «No sé cómo, pero nos entendemos», «Siempre hay alguien que viene acompañando y habla algo el idioma», a otras que combinen sensatez y eficacia del tipo «Necesitamos un servicio fiable y competente para garantizar una comunicación fluida y evitar errores y problemas de comprensión».

2. Deshacernos del tópico que a veces paraliza la puesta en marcha de soluciones y ampliar nuestro horizonte de percepción para ser más permeables a las iniciativas que ya existen a nuestro alrededor y en nuestra propia memoria histórica.

   Frente a las reacciones bienintencionadas, aunque ingenuas, del estilo: «esto es algo que nos ha sorprendido a todos, es una experiencia completamente nueva», «poco a poco se nos ocurrirá cómo afrontarlo», «habrá que ir viendo cómo se soluciona», conviene recordar:

   • Que esta no es, ni mucho menos, una situación nueva. La migración y la movilidad es una característica intrínseca del ser humano, ha ocurrido en todas las épocas de nuestra historia y, además, los hombres somos buenos migrantes (como afirmaba Joseba Achotegui en esta Jornada) con una buena capacidad de integración y de adaptación a nuevas realidades.
   • Que no partimos de cero. Contamos con amplias experiencias, contrastadas y eficaces, dentro y fuera de nuestro país (Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Australia, entre otros). Algunas nos han precedido en décadas e incluso en siglos, como ocurrió por ejemplo en épocas coloniales o, sin ir más lejos, en la España de las tres culturas durante buena parte de la Edad Media y renacentista. Otras están siendo experiencias de éxito en nuestra época contemporánea y pueden servir de orientación e inspiración para soluciones adaptadas a nuestra realidad actual.

3. Avanzar hacia un código de buenas prácticas para todos los interlocutores interesados: usuarios, profesionales, proveedores de servicios (incluidas las organizaciones no gubernamentales que están en muchos casos supliendo tareas que las administraciones públicas no realizan), administraciones públicas. Existen experiencias similares en otros lugares, y en nuestro país ya se han puesto en marcha hace tiempo iniciativas para avanzar hacia un código deontológico para los usuarios de la TISP⁶.

4. Avanzar hacia el establecimiento y aplicación de una norma jurídica reguladora de la actividad de la traducción y la interpretación en el seno de las administraciones públicas de nuestro país.

   En este aspecto, contamos con dos avances de enorme importancia. En el ámbito nacional, en abril de 2010 se presentó en la Oficina de la Comisión Europea en Madrid el proyecto de Libro Blanco de la Traducción e Interpretación Institucional en España, un estudio emprendido por la propia red de traductores de la Administración del Estado orientado —y en esto hay total coincidencia con las iniciativas de alcance europeo— a «lograr una traducción e interpretación de calidad». Este Libro Blanco, de inminente publicación, contribuirá, sin duda, a aclarar la situación profesional y laboral de los traductores e intérpretes con los que cuenta la Administración pública y a proporcionarles un código deontológico de actuación tan necesario como inexistente en estos momentos.

   El segundo gran avance se ha producido recientemente a escala europea gracias, entre otras cosas, a la creación en Amberes, en otoño de 2009, de la European Legal Interpreters and Translators Association (http://www.eulita.eu/). Se trata de la aprobación y publicación el 20 de octubre de 2010 de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales que se celebren en los países de la Unión⁷. La transposición de esta nueva norma comunitaria a los ordenamientos jurídicos nacionales está prevista para el 27 de octubre de 2013, a más tardar, y ha de contribuir no solo a reforzar las garantías procesales de los imputados en procesos penales sino también a regular las actuaciones de los traductores e intérpretes que ejerzan en los tribunales nacionales de los países miembros. Por primera vez, una norma jurídica de rango europeo se refiere a la TISP con especial mención a la necesidad de establecer sistemas fiables de acreditación de la calidad de la traducción y la interpretación, considerando esta un elemento indispensable para salvaguardar la equidad del proceso. Esta es una forma si se quiere modesta pero clara de construir una Europa social, integradora e incluyente que vaya más allá de la Europa de los mercados y las finanzas, cuyas peripecias presenciamos a diario en la realidad monocroma que nos rodea en estos tiempos de depresión.

Son, por lo tanto, muchos pasos pequeños pero firmes y orientados en la buena dirección, pues, como recordaba en su intervención el psiquiatra y profesor de la Universidad de Barcelona, Joseba Achotegui, muchas realidades de nuestro mundo de hoy un día no fueron más que sueños.

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