Hemos repetido en diversos momentos que el léxico atrajo especialmente a los congresistas: en las diversas sesiones se citaron varias clases de diccionarios, desde los etimológicos hasta los técnicos, pasando por los generales. No parece difícil adivinar las razones por las que el léxico ejercía tan poderoso atractivo: dado que la fonética no aparece en las intervenciones, y que la sintaxis tiene escasa importancia en relación con la unidad lingüística (pues la gramática es la que vertebra a las lenguas, y es muy estable), no puede extrañarnos que los comentarios se volcaran sobre el vocabulario; era la parte gramatical sobre la que todos se atrevían a opinar, la más observable. Para la fonética les faltaba preparación profesional, y, por otro lado, su educación escolar y universitaria les había llevado a identificar la gramática con un texto normativo y a juzgar las formas que no se ajustaban al estándar como desviaciones (errores personales, locales o regionales). Incluso la relación dinámica entre el uso y la norma, que podía haber proporcionado rigor teórico a ciertos razonamientos (recordemos a Salvat) se planteaba, casi siempre, en el dominio del vocabulario.
No hace mucho tiempo, en una prestigiosa enciclopedia, Zgusta opinaba que la influencia de los diccionarios sobre la norma estándar es escasa, si su utilización no va acompañada de una correcta planificación escolar. Nuestros congresistas, en cambio, los consideraban —a juzgar por las conclusiones— un instrumento esencial de la integridad lingüística: el diccionario presenta modelos adecuados de propiedad, sirve para evitar dialectalismos, destierra incorrecciones y vulgarismos y filtra barbarismos innecesarios.
Con estos antecedentes, puede entenderse que los participantes en el Congreso Literario no desperdiciaran la oportunidad de llamar la atención sobre los problemas léxicos y, en especial, sobre la necesidad de los diccionarios. Dentro de este campo queremos destacar las discusiones sobre el diccionario y los tecnicismos (Carvajal, de la Academia de Jurisprudencia, y Rodríguez Carracido, de la Universidad Central); las opiniones sobre tecnicismos y neologismos (Ángel de Larra, Ángel Lasso de La Vega, Jacinto Bonilla); y, sobre todo, las memorias de R. Arizcún, «Sobre la necesidad y medios de formar diccionarios tecnológicos» (pp. 464-468), y de Román Oriol, «Importancia de la tecnología» (pp. 469-478). Este último autor insistía en que lo más descuidado del castellano en aquellos momentos era la terminología científica; proponía crear una comisión para redactar un diccionario de tecnicismos y sugería crear un Cuerpo especial facultativo, compuesto por miembros de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con la colaboración de algunos académicos de la Española.
La obsesión de los congresistas por el léxico técnico, responsable principal de los neologismos que disuelven la unidad de la lengua, nos obliga a recorrer escuetamente la historia de la ciencia y la terminología españolas: en el Renacimiento peninsular no escaseaban los tratados técnicos particulares; en el siglo xvii la lengua no permaneció ajena a los avances de las técnicas, por lo que la propia Real Academia, en el prólogo del Diccionario de Autoridades, en 1726, promete redactar un diccionario separado de léxico facultativo, que nunca llegó a ver la luz. Por su lado, Terreros culminó un Diccionario de Ciencias y Artes al final del siglo xviii, que, en parte, colmó la promesa de la Academia. Lamentablemente, el vertiginoso desarrollo de la industria y de la técnica europeas en el siglo xix coincidió con un cierto estancamiento de la ciencia en España e Hispanoamérica, y con un período de incomunicación entre los Estados americanos y la Península. Durante un siglo, tanto Hispanoamérica como España importaban ciencia y técnica, con el inevitable acompañamiento de una terminología extraña al castellano. Si a ello se suma que la industrialización se había desarrollado de manera independiente en España y en las distintas Repúblicas americanas y que, por consiguiente, habían proliferado terminologías científicas y técnicas diferentes para máquinas semejantes y procesos parecidos, podremos valorar mejor por qué se aprovechaba este contacto con Hispanoamérica para buscar remedios a la que se consideraba una de las más graves amenazas a la integridad lingüística.
Habían sido baldíos los esfuerzos de los eruditos españoles del siglo xix por encauzar el que creían desordenado crecimiento de la lengua: ni Monlau, ni la Academia de Ciencias, que desde su fundación en 1848 se proponía redactar un Vocabulario técnico, ni Escriche y Mieg, ni especialistas como Eduardo Saavedra o Luis Clairac, autor de un buen diccionario incompleto de tecnicismos, daban con la solución adecuada: el mal no tenía raíces lingüísticas. La importancia de nuestro Congreso estriba en que sus conclusiones sobre un Diccionario tecnológico no cayeron en el olvido. Por mediación del Congreso de 1900 —como luego indicaremos— llegaron a Torres Quevedo, quien lanzó la idea de la Unión Internacional de Bibliografía y Tecnología Científicas, en 1910, en el Congreso Científico Internacional Americano, celebrado en Buenos Aires. Esta Asociación, con el apoyo decidido de la Real Academia, hizo posible que en 1926 se presentara el primer cuaderno del Diccionario tecnológico ante su Majestad el Rey. Una misma vía corre desde la propuesta del Congreso de 1892 hasta el Diccionario de 1926, los posteriores trabajos de Terradas y, por último, el reciente Vocabulario de la Academia de Ciencias, prologado por A. Martín Municio.