Las dos secciones dedicadas a Relaciones Internacionales y Librería ocupan relativamente poco espacio en las Actas, pues se presentaron menos memorias que en Filología, y las discusiones se desarrollaron con cierta premura. Una característica destacada de estas intervenciones es que los congresistas aludían a su propia experiencia personal en relación con el asunto que trataban. No es de extrañar, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Marcoartú y José Alcalá Galiano habían sido cónsules; Fernando de Cólogan, embajador; que Ángel Aviles había viajado por Hispanoamérica; que Soledad Acosta de Samper no hacía sino narrar su propia vivencia hispanoamericana.
Sobre las relaciones internacionales algunas memorias eran relativamente realistas, como la de Toribio del Campillo, Félix María de Urcullu y Antonio Rodríguez, que proponían que las Corporaciones pudieran intercambiar las obras que publicasen (p. 496) y que, siguiendo la tradición de la Real Academia Española, se estableciera, también, una red de academias correspondientes en historia, ciencias, etc. (p. 498). Otras intervenciones, como la de Rodrigo Bruno miembro de la Guardia Civil, que reclamaba el intercambio de datos sobre los planes de formación de las milicias de los países de lengua española, estaban fuera de lugar en aquel momento histórico. Tampoco faltaban las propuestas utópicas, como la de Luis Martínez Pacheco, que abogaba por el establecimiento de acuerdos entre los Centros de Instrucción pública y deseaba que se creara un Centro Internacional que impulsase los acuerdos del Congreso.
La sección de Librería se preocupa especialmente por el comercio del libro, íntimamente ligado a la difusión cultural y, por ello, a los problemas lingüísticos (según señalaba en su memoria José Alcalá Galiano, quien también exigía que los cónsules apoyaran a los comerciantes). Hay que destacar la memoria de Julio Nombela sobre el Sindicato de Libreros, iniciativa importante a la que se dedicaría atención otra vez en el Congreso de 1900. Las discusiones de la sección de Librería giran en torno a las medidas que podrían tomarse para mejorar la situación del comercio del libro: se destaca la piratería europea, se enciende la polémica en torno a las posibilidades de organizar el comercio del libro español, como hace Marcoartú (p. 185) o Valero Tornos (p. 179), muy crítico con la difusión de las obras españolas (pocos libros de ciencia españoles se conocen en Hispanoamérica). Ideas parecidas expresaba Ángel Avilés en su memoria: la editorial Calleja tenía abierto comercio en Lima, pero en condiciones desastrosas, mientras los editores ingleses, americanos y franceses no dudaban en copiar ilegalmente las obras de éxito de la filología hispanoamericana o los Diccionarios académicos. Bernardo Jacinto de Cólogan, ministro de España en Colombia, que había suscrito un convenio sobre derechos de propiedad intelectual con este Estado, señalaba la conveniencia de generalizar tal clase de acuerdos. La tendencia general era sugerir que se firmaran convenios, provechosos para todas las partes, especialmente en todo lo referente a las tarifas postales y los transportes de libros por correo (A. Fernández Duro y Carlos Flórez y, por otro lado, el Vizconde de Campo Grande). Especial interés revestía la intervención de Soledad Acosta de Samper, que denunciaba la penetración en la sociedad hispanoamericana, más virgen, de los vicios europeos que difundía la prensa del Viejo Continente (p. 576); desde una perspectiva americanista subrayaba la importancia que tenía para la lengua española el hecho de que el periodismo hispanoamericano calcara las maneras de la prensa francesa.
Estas dos secciones se desarrollaron considerablemente en el Congreso de 1900. Basta con leer las conclusiones del Congreso de 1892 para comprender que los problemas de relación con Hispanoamérica no los podía solucionar la Filología.
La aparente variedad de temas lingüísticos se reduce, en realidad, a uno: la unidad del español. En relación con esta unidad se discutieron varios subtemas: ¿Qué razones la aconsejan? ¿Qué factores la amenazan? ¿Qué fuerzas la protegen?
¿Por qué la unidad de la lengua despertaba tanto interés? Era una idea muy querida de todas las burguesías decimonónicas, ligada al sentimiento de lo nacional, como ya hemos señalado, que si bien nadie ponía seriamente en duda, se estaba convirtiendo en un asunto delicado. Valera en 1900 expresa el sentimiento que despertaba en las conciencias del momento: «Por el habla, por las creencias y por las costumbres, la gente de allí seguirá siendo española antes de ser americana». Aunque a lo largo del siglo xix se habían producido algunos conflictos en relación con las variedades nacionales (discusiones de Sarmiento y Bello, o el antiacademicismo de los románticos argentinos, sobre todo el rechazo de José María Gutiérrez a ser académico correspondiente de la Real Academia), sin duda, la alarma se disparó con la carta de Pott (1877) a Cuervo, incluida en la tercera edición de sus Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano (1881). Como es de sobra sabido, el filólogo alemán predecía la inevitable división del español de América en lenguas independientes, apoyándose en la evolución histórica del latín, que se había diferenciado dando origen a las diversas lenguas románicas. Solamente teniendo en cuenta el revuelo que desencadenó tal opinión, además de la importancia simbólica —como hemos señalado— que adquiría la lengua para la burguesía hispana del siglo xix, pueden comprenderse los planteamientos de este congreso o las polémicas posteriores sobre el mismo asunto.
En 1900, con cierta amabilidad no desprovista de ironía desenfadada, Valera se opuso con argumentos histórico-sociológicos al juicio pesimista que Rufino José Cuervo había manifestado un año antes, en el prólogo al Nastasio de Soto y Calvo, sobre la probable continuidad de la comunidad lingüística hispánica. El respetado filólogo colombiano, que no había compartido en un principio las previsiones de Pott, había cambiado de opinión, probablemente porque había empezado a conocer mejor las variedades regionales hispanoamericanas. Según Valera, las diferencias entre el período latino-vulgar, en que se fragmentó la tradicional unidad lingüística latina, y el siglo xix hispanoamericano eran suficientes para encarar el futuro del español con optimismo. Valera formulaba un deseo: Es bueno que se hable español; para ello necesitamos inspirar confianza y merecerla.
Cuervo contestó largamente a Valera en el Bulletin Hispanique («El castellano en América», 1901). La argumentación del filólogo colombiano es irreprochable: examina con profusión de datos el «estado del castellano en América» porque quiere «en vista de él conjeturar su suerte en lo venidero» (p. 57); repasa la historia del español y la dialectología hispanoamericana para demostrar la existencia de multitud de diferencias fonéticas, léxicas, morfológicas y sintácticas; señala muy bien las distintas causas de las divergencias: evolución especial del castellano en América, influjo del sustrato, adaptación al entorno. En su análisis acude a los paralelismos con la situación del latín y su diferenciación en las distintas lenguas románicas; aunque reconoce que las dos capas lingüísticas, popular y culta, «corresponden con bastante exactitud a las análogas de España» p. 86), sin embargo, también cree que, debilitadas las relaciones entre los diferentes centros culturales, el único lazo de unión que queda es la literatura común y los mismos modelos escolares. Pero no cree Cuervo que estos hechos comunes sean suficientes para preservar la unidad, pues con el aislamiento crecen cada vez más las diferencias (p. 91) y al español le va a resultar muy difícil mantenerse sin fragmentarse en un tan vasto dominio. Ante la respuesta periodística de Valera, que volvía a repetir desenfadadamente sus anteriores argumentos, Cuervo (que conocía perfectamente la miseria teórica de la ciencia lingüística española del siglo xix), se sintió maltratado como científico dedicado a la Filología. De nuevo en el Bulletin Hispanique reúne apreciaciones históricas exactas, insiste en la importancia de las variaciones fonéticas, que Valera ignora (p. 114); vuelve a repetir los argumentos historicistas (la inevitable mutabilidad de todas las lenguas) y se esfuerza en demostrar al académico español que los ejemplos que aduce de lenguas europeas no guardan proporción con lo que sucede en Hispanoamérica; acaba mostrando su disgusto por la perspectiva españolista en que se coloca Valera. Ya en su anterior artículo, Cuervo había aludido al «desdén» con el que los peninsulares trataban las opiniones de los hispanoamericanos (p. 71) y ahora acaba afirmando que las alusiones a la raza, etc., son pura retórica, y recuerda, precisamente, las palabras que había escrito Valera en la revista El Centenario, que ya hemos citado (p. 127). Esta fue la polémica más importante sobre la unidad de la lengua, pues el texto de L. Abeille, Idioma nacional de los argentinos, París, 1900, no encerraba ningún interés, ni representaba ninguna amenaza, por más que se ocuparan de él autores del prestigio de Menéndez Pidal o Unamuno.
Desde luego, está fuera de lugar advertir que la exposición erudita de Cuervo era de una gran solidez. Sólo debemos precisar que desde la perspectiva historicista —y más desde la tendencia naturalista que parece dominar en Cuervo— las leyes fonéticas sirven para «predecir» soluciones fonéticas pasadas, no para señalar los futuros caminos de una evolución. Por ello, a pesar de su erudición, su punto de vista no parece confirmado por la Historia.
Si hemos adelantado la polémica de 1900 sobre la unidad lingüística es para poner de relieve varias cuestiones: a) La importancia de ciertas ideas o actitudes del Congreso de 1892, repetidamente citado por Cuervo. b) El escaso nivel teórico general de los planteamientos lingüísticos de nuestro congreso, que no resiste la comparación con los planteamientos de Cuervo. c) La repetición de muchos de los argumentos de 1892 en el Congreso de 1900, pero con matices nuevos.
Las discusiones sobre la unidad (sesión tercera) fueron de escaso relieve. No se estableció con claridad, fuera de la ponencia, ninguna idea coherente sobre las razones de la conveniencia de la conservación de la unidad. Tampoco en ningún momento se llegó a distinguir entre unidad de las diferentes variedades e integridad de una variedad. Zahonero puso el dedo en la llaga al preguntarse retóricamente: «¿Qué es eso de la integridad?» (p. 48). Nadie podía responderle. El propio Zahonero —en una intervención que no se caracterizaba ni por la claridad de ideas ni por el orden de su exposición— señalaba algunas contradicciones: ¿Cómo conservar la integridad si la lengua se modifica como los organismos vivos? ¿Cómo conservar la integridad, si la espontaneidad lingüística no tiene nada que ver con «la lengua industrial en España aprobada y refrendada por la Iglesia, el Estado y todas las Autoridades»? ¿Cómo conservar la integridad si los libros españoles que llegan a Hispanoamérica están editados fuera de nuestras fronteras y llenos de errores? ¿Cómo conservar la integridad si la fuente de los idiomas es la impresionabilidad? Casso, que dividió los factores que influyen en la conservación de las lenguas en sociológicos, etnológicos y filológicos (y subrayó su rechazo al parentesco filológico entre las lenguas americanas primitivas y el español), señaló que la conservación «íntegra del idioma, después de acabada la colonización y de transformarse en naciones con personalidad, no sólo propia, sino soberana, es cosa característica, propia y genial de la colonización americana, y especialmente de España en América» (p. 56). García de Arellano pensaba que la educación y la pedagogía (p. 63) eran las que habían impulsado la unidad, pero los otros congresistas le advertían que estaba entrando en otro tema (factores que protegen la unidad).
Las notas más destacadas que caracterizaron las memorias y discusiones sobre la unidad fueron:
Amenazas a la integridad. Parece claro, como hemos señalado en los puntos anteriores, que no pesan en el Congreso las corrientes más recientes de la lingüística histórica (neo-gramáticos) ni, por supuesto, las concepciones de los dialectólogos. No nos referimos a los trabajos de recogida de materiales con cierto espíritu regional, sino a los planteamientos más o menos modernos de la dialectología, con su visión crítica del propio concepto de lengua como unidad. Joaquín Costa, por ejemplo, había publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza un artículo de cierto mérito sobre dialectos (donde, por cierto, acuñaba el término isoglosa), y por España viajaba Schuchardt, apreciado por Menéndez y Pelayo; pero los autores españoles no estaban familiarizados con los planteamientos dialectológicos, como tampoco lo estaban con los fenómenos fonéticos —que tanto preocupaban a Cuervo y tan poco a Valera—. Sólo con estas precisiones se puede entender la idea de la integridad de la lengua, sin ningún resquicio, y las amenazas o peligros que se denunciaban: los agentes de la desintegración eran las malas traducciones y los malos libros de texto (con una polémica casi enconada entre Zahonero y otros congresistas); la amenaza podía venir tanto de los arcaísmos como de los neologismos. Podría suponerse que tales razonamientos vedaban los contactos con otras literaturas o con los textos científicos extranjeros, pero eso era algo imposible en el siglo xix, siglo del progreso.
En efecto, en numerosos pasajes del Congreso puede sorprenderse el trazado de la frontera entre los neologismos necesarios, que impone el progreso, y los innecesarios. Se repite continuamente —puede leerse en la memoria de Benot— que la evolución y el progreso exigen que la lengua acepte novedades léxicas, sin que, por ello, sufra quebranto su integridad, pues el esqueleto de la lengua se compone de morfología y sintaxis, y no se ve afectado por aquellas variaciones. Por otro lado, los neologismos innecesarios se suelen achacar a los malos traductores (Oscáriz o N. Fernández Cuesta), siguiendo una larga tradición: ya Antonio Alcalá Galiano había defendido ante la Real Academia (29 sept. 1861) la necesidad de aprender lenguas extranjeras, para evitar el deterioro de la propia, pues eran los traductores ignorantes los que empleaban barbarismos innecesarios.
No podemos concluir este apartado sin referirnos a la gramática. Es cierto que algunas memorias —sin relación con el asunto— tratan de la conveniencia de conservar construcciones más o menos castizas (Adolfo de Castro a propósito de las frases con que, por ejemplo), pero las preocupaciones serias por los hechos sintácticos están ausentes del Congreso. Ni siquiera Benot se ocupaba de sintaxis. Esta sólo hace acto de presencia en las Actas tangencialmente, cuando se habla de la organización de las lenguas, o, implícitamente, cuando se hacen referencias a la Gramática de la Academia. La sintaxis y la morfología se enfocaban desde el punto de vista puramente normativo, según destacaremos después, de forma que Cuervo definió bien el problema, en la polémica que ya hemos examinado, al señalar que los españoles sólo juzgaban los usos hispanoamericanos como desviación de la norma peninsular. En realidad, podría advertirse que las tentaciones puristas eran fuertes y las acusaciones de desviación lingüística alcanzaban a cualquier expresión —española o hispanoamericana— poco castiza o sospechosa de galicismo.
El tratamiento de la gramática que acabamos de comentar contrasta con la importancia concedida por el Congreso al vocabulario: casi un tercio de las resoluciones finales (p. 20-31) se refiere al léxico y al diccionario. Por ello, precisamente, nos ha parecido oportuno dedicarle una atención más detenida a estos temas, antes de presentar nuestras conclusiones.
Son bastante heterogéneos los remedios que se mencionan en el Congreso para conjurar las amenazas a la integridad del español en España y América, pero se pueden agrupar fácilmente en: a) sociológicos; b) lingüístico-normativos.
Las propuestas que, sirviéndonos de la terminología actual, llamamos sociológicas, nos demuestran que los congresistas quizá ignoraban las teorías lingüísticas del momento, pero no carecían de una inteligencia penetrante. Las palabras finales de la memoria del ex ministro J. M. Fabié encabezan por méritos propios este apartado:
Resumiendo brevemente cuanto llevo expuesto, diré que, para la conservación y perfección del castellano, lo primero que debe hacerse es conservar y fortalecer la existencia política de los Estados que hablan esta lengua, mantener en ellos la mayor actividad intelectual, y consagrarse al estudio especial y técnico del idioma, con arreglo a los principios y métodos de la lingüística moderna.
Para conservar la integridad y unidad del español de España y América, la mayoría de las propuestas se fijaba en medidas que mejoraran y acrecentaran cualquier clase de comunicación entre los Estados hispanoamericanos y España. Las ideas expresadas en las sesiones de Filología coincidían, en muchas ocasiones, con las que, algunos días después, se acordaban también en las sesiones de Relaciones Internacionales y Librería: intensificar los intercambios comerciales del libro en español; reconocer los títulos profesionales en todo el ámbito donde se hablaba español y fomentar la emigración hacia Hispanoamérica organizadamente (Rey y Falcó). Entre estos planteamientos hay que destacar, por su importancia, el proyecto de regular conjuntamente la educación y el de fomentar la concesión de becas para que los jóvenes hispanoamericanos pudieran viajar a España y los españoles a Hispanoamérica. Ángel de Larra se fijaba en la labor que podían hacer los médicos, si utilizaran en sus zonas rurales las mismas cartillas sanitarias. En resumen, todos los congresistas se esforzaban por señalar los caminos de aproximación entre los hablantes de uno y otro lado del océano, y, para acabar con la incomunicación, proponían soluciones apropiadas, pero utópicas en su momento. No puede olvidarse que cada Estado tenía su sistema educativo, con ideologías diferentes (en el Congreso Geográfico alguien recordaba, por ejemplo, que frente a la tasa de analfabetismo de la Península, en Chile la educación era muy superior), y con finalidades muy diversas. Todos estos temas serán repetidos y ampliados en el Congreso de 1900, prueba evidente de la validez teórica de las propuestas, aunque, también, de las escasas posibilidades reales de ponerlas en práctica.
Las soluciones propiamente lingüísticas para evitar la disgregación no deseada revelan cierta incomprensión de los mecanismos que regulan la relación entre norma y uso, algo que no debería sorprendemos, si recordáramos las polémicas actuales sobre la norma, o las dificultades para distinguir los conceptos de lengua y dialecto. Lo que se percibe con claridad en las Actas es la confianza en la norma escrita (Fabié consideraba la escritura como una de las claves de la unidad lingüística) y en la labor de la escuela. Ahora bien, muchos congresistas confunden la norma lingüística con la gramática normativa o con el diccionario. Por eso, los españoles, entre los que destacan Giles Rubio y Commelerán —con mucha discreción por ser académico—, depositan su confianza total en la Academia: «En materia de lenguaje, como en todo, la falta de autoridad conduce a la anarquía» (p. 334); sobre lo que los hispanoamericanos, con suaves maneras, muestran cierto desacuerdo. Son conscientes de la importancia de la gramática de Bello y llegan a exteriorizar claramente, como hace Ricardo Palma, sus reticencias ante la perspectiva puramente peninsular de la Academia. Es conveniente subrayar que no se dudaba de las virtudes normativas del código gramatical escrito, que se aceptaba sin reparos de consideración —como puede comprobarse en las Conclusiones del Congreso—; solamente se discutían las características que debía reunir el que aspiraba a convertirse en modelo común.
Entre todas las apreciaciones que comentamos destaca la de César Nicolás Pénson —de la Asociación de Escritores—, porque manifiesta con perspicacia que lo importante para la unidad lingüística no es que los alumnos dispongan de los mismos códigos gramaticales sino que lean los mismos modelos literarios, un conjunto de obras clásicas escogidas. Se rompe así la casi total confianza en los textos gramaticales, que se había expresado repetidamente.
Para acabar, es obligado que mencionemos las propuestas de redactar gramáticas históricas (Fabié, Antonio Guerra Alarcón, Solé y Arqué) entre los remedios contra la disgregación lingüística. La crítica de tales concepciones la hizo Cuervo directamente en la polémica a la que ya hemos aludido otras veces: si algo no puede ayudar a la integridad de una lengua es, precisamente, la Gramática Histórica, que demuestra la variabilidad lingüística. El hecho de confiar en los manuales de Historia de la lengua o de Gramática histórica para preservar la unidad no era sino un tributo necesario a la ciencia lingüística del momento, y, quizá, la expresión de una aspiración de los filólogos españoles: poder contar con las mismas clases de textos con que contaban los colegas de otras lenguas románicas.