Tendencias de la lengua española en Estados Unidos

Amparo Morales

1. Introducción

La importancia y la representatividad que han alcanzado los grupos hispanos en la sociedad actual estadounidense se hace palpable no sólo en los datos cuantitativos demográficos, sino también en las inquietudes y los temores de muchos norteamericanos. En años recientes han surgido algunas voces de alarma por parte de ciertos sectores de la población estadounidense que se sienten amenazados por el crecimiento de la población hispana, y preocupados por los cambios que este hecho pueda ocasionar en su entorno lingüístico y en sus oportunidades de trabajo. Durante la recesión mundial de los años setenta y ochenta, muchos norteamericanos empezaron a ver a los extranjeros como una de las posibles causas de desempleo del país y como receptores privilegiados de gran parte de los beneficios sociales que ellos mismos necesitaban. Ya entonces algunos empezaban a considerar a los inmigrantes como una carga excesiva para la nación; y ahora, cuando los datos demográficos muestran cifras muy altas de inmigración hispana, las voces de alarma se repiten. La situación actual preocupa a muchos, pues Estados Unidos ha pasado a ser la cuarta nación en el mundo en cuanto a población de hablantes de español. Según las estadísticas de los últimos años, el grupo estadounidense blanco decrece considerablemente, mientras que la población hispana y asiática aumenta a ritmo acelerado. Los datos indican que en 1982 había 15,8 millones de hispanos, que representaban aproximadamente el 7 por ciento de la población general, y que alcanzaron ya el 11,1 por ciento en 1997, con una población de 29,7 millones, lo que los aproxima ya al tamaño de la población negra, que representa el 12,8 por ciento de la población total (con 34,2 millones). Las proyecciones del Current Population Report de 1997 estipulan que en los próximos años la sobrepasarán, y que la población hispana (o latina, como se prefiere llamarla actualmente) «después del 2020 añadirá más gente a Estados Unidos cada año que todos los otros grupos étnicos combinados»¹. Spencer 1986 ya preveía este descenso proporcional de los norteamericanos blancos, y otros cálculos demográficos lo han ido confirmando; por ello, la población general crece a ritmo cada vez más lento². A partir del 2025, el grupo de raza blanca podría tener el ritmo de crecimiento más lento de su historia. Así se ve en la tabla 1a, recogida del Current Population Report de 1996, donde aparece la población segmentada en grupos étnico-raciales, los blancos (no hispanos) son los únicos que descienden en número³. Contrastadas las cifras y porcentajes de los distintos grupos raciales (tabla 1b), se observan las significativas proporciones de la población hispana frente a la general y a la de los otros grupos. Aunque los informes de población de años anteriores presentaban proyecciones algo más moderadas, la tendencia general es la misma y los últimos informes, que son los que presentamos en las tablas, permiten ser optimistas al respecto. Esta representatividad y la distribución racial actual muestran que la composición demográfica de Estados Unidos está cambiando y que etnográficamente será mucho más variada de lo que ha sido hasta ahora. Estos postulados se repiten incesantemente en todos los cálculos cuantitativos.

En la tabla 1c se presentan los últimos datos de 1997. Como se ve, la tendencia al aumento se mantiene.

Ante estas cifras, y debido a que la inmigración se señalaba como el factor más importante en el crecimiento de los grupos hispanos, el Gobierno estadounidense se vio en la necesidad de examinar la política migratoria. Se quería controlar en particular la inmigración ilegal procedente de México y de Centroamérica, que era la más numerosa⁴. Gran parte de los estadounidenses se preguntaba si el Gobierno era capaz de llevar a cabo la empresa o si, por el contrario, esa labor estaba ya totalmente fuera de su alcance. Otra duda que comenzó a manifestarse era si los inmigrantes eran beneficiosos para el país o si los «braceros» desempeñaban labores que podían realizar los ciudadanos estadounidenses menos calificados. Estos planteamientos hicieron que en noviembre de 1986 se aprobara una ley migratoria especial, la Immigration Reform and Control Act (IRCA), que constituía el mayor cambio en la política de inmigración desde 1960 y que, aunque continuaba favoreciendo a los que venían a trabajar en el campo, creaba un nuevo esquema de relaciones sociales y económicas para los inmigrantes. La IRCA contiene cinco grandes programas: legalización de indocumentados⁵], prohibición de empleo a ilegales, con sanciones a los empresarios que no la cumplan, pero también con medidas protectoras contra la discriminación⁶, ayuda económica a los Estados por los gastos que producen los nuevos ciudadanos legales ⁷, programa de ayuda a los inmigrantes durante el proceso de verificación (SAVE)⁸ y provisiones especiales para los trabajadores de la agricultura ⁹. Posteriormente, en 1996, se aprobó la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsability Act (IIRIRA), que entró en vigor en abril de 1997. Esta ley contiene medidas complementarias encaminadas a agilizar la deportación de ilegales, endurecer las sanciones por retraso en la salida de los poseedores de visados temporales y restringir las ayudas sociales a los inmigrantes en general¹⁰. Con ella, los beneficios de la «Ayuda», el SSI y los «Cupones» serán sólo para los ciudadanos. A los inmigrantes se les provee de un sistema mucho más restringido de ayuda, en el que participan los Gobiernos federal, estatal y local.

Se creía que estas leyes restrictivas iban a tener profundos efectos en la vida social y económica del país, especialmente en el suroeste, en California, donde se encuentra la mayor cantidad de ilegales; pero hasta ahora los resultados no son muy claros y, en general, la representación numérica de las comunidades hispanas no parece haber cambiado mucho. Muchas variables son aún desconocidas, como, por ejemplo, cuántos extranjeros tienen derecho a la legalización y cuánta ayuda se obtendrá de los empresarios que deben declararlos. Hasta ahora, sólo se ha conseguido aumentar el número de peticiones de ciudadanía: 2,7 millones de indocumentados recibieron estatuto legal bajo el IRCA en los últimos diez años, con la particularidad de que cada año se registra un aumento en el número de juramentos de ciudadanía. Una vez se han convertido en ciudadanos, los inmigrantes pueden, a su vez, reclamar a sus familiares y llevarlos a Estados Unidos. Si no reunieran las condiciones económicas suficientes para hacerlo, por tener ingresos muy bajos, se permite que cualquier persona amiga que cumpla los requisitos asuma las responsabilidades correspondientes.

El Gobierno toma medidas en muchas ocasiones contradictorias. Así, aunque durante los años 1997 y 1998 ha estado llevando a cabo con cierta energía la deportación escalonada de ilegales, actualmente, por ejemplo, está considerando otra amnistía para los ilegales de Centroamérica, por las circunstancias tan adversas que han sufrido sus países como consecuencia del huracán Mitch. Todo esto hace impredecible no sólo el número de legalizaciones que puedan darse en adelante, sino también los resultados finales de cualquier medida restrictiva. Desde luego, una cosa está clara: el flujo de ilegales no ha cesado.

(1) Traducción nuestra de: «In fact, after 2020 the Hispanic population is projected to add more people to the United States every year than would all other race/ethnic groups combined» (que ya recogía Day, 1996:1). volver
(2) Spencer (1986) contiene la primera proyección producida por el Gobierno federal de la población de origen hispano por edad, sexo y raza para los años 1983-2080, coherentes con el Current Population Survey de mayo de 1980. Sus datos no coincidían con otras publicaciones anteriores porque Spencer (1986) realizaba por primera vez proyecciones de indocumentados. volver
(3) Las categorías étnico-raciales empezaron a revisarse en el 1993. Las que se propusieron son las que aparecen en algunas tablas, que distinguen entre raza y origen: blanco; negro; asiático (o isleño del Pacífico); indio americano (esquimal o aleuta); hispano; blanco -no hispano-; negro -no hispano-; asiático -no hispano-; e indio americano -no hispano-. Son las llamadas «categorías guionadas». volver
(4) Determinados países se han visto beneficiados porque el Gobierno dictó medidas migratorias especiales para ellos en períodos históricos específicos. Entre ellos: Cuba (con los marielitos), Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. México, El Salvador y Nicaragua suelen proveer la mayor cantidad de deportados. Recientemente, en noviembre de 1998, el Gobierno suspendió la deportación de salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y guatemaltecos debido a que sus países habían sufrido muchas pérdidas por el huracán Mitch. volver
(5) El IRCA permite solicitar la legalización a cualquier residente ilegal que esté en Estados Unidos desde 1982. Para ello es obligatorio justificar que no será una carga para el país. Distintas entidades y organizaciones sociales y religiosas ayudan al Estado facilitando los documentos y proporcionando asesoría a estas personas. El propósito de la ley es doble: ayudar en la legalización de los indocumentados que cumplen los requisitos y, a la vez, identificar a los que no pueden ser admitidos por sus circunstancias personales, que serán deportados. volver
(6) Con esta ley, cualquier extranjero no autorizado que esté trabajando infringe la ley, y a quien se penaliza es al patrono. Éste tiene que llenar unos formularios especiales por cada nuevo empleo que tramita, en el que se le exige comprobar la situación de legalidad del empleado. Esta parte de la ley se hizo totalmente efectiva en junio de 1988, con multas que oscilan entre 250 y 10.000 dólares por indocumentado. Para evitar que haya discriminación en el empleo se han tomado medidas suplementarias que penalizan a los empresarios que las practican. Hasta ahora son escasos los procesos de este tipo. Además, la ley establece que quienes solicitan asilo tienen automáticamente derecho a trabajar mientras se deciden sus casos. volver
(7) Para acallar las quejas respecto a que, por deficiencia del Gobierno en el manejo de la inmigración los distintos estados tenían que sufragar costos considerables en salud, educación y servicios sociales, se les ofrece un reembolso de los gastos de legalización. El HHS (Health and Human Services) reparte cada año entre los estados, desde 1988, unos 4.000 millones de dólares. En octubre de 1998 Florida ha conseguido que el Gobierno federal pague los gastos de cualquier inmigración masiva a ese Estado. Florida tiene un flujo masivo de extranjeros: centenares de haitianos y cubanos tratan de entrar diariamente al país. A partir de ahora, la oficina del INS podrá trasladar más recursos al sur de Florida sin necesidad de la aprobación previa de Washington. volver
(8) Se crearon una serie de programas piloto para verificar la «elegibilidad» de los extranjeros a los distintos programas federales de bienestar social. La ley exige que todos los estados participen en el nuevo SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlement) o que tengan un programa de ayuda similar. volver
(9) El IRCA hace revisiones periódicas de las solicitudes de los trabajadores agrícolas temporeros (programa H-2A). La intención es admitir con cierta flexibilidad a extranjeros para estas labores, si se demuestra que no hay estadounidenses disponibles. A los trabajadores temporeros se les conceden beneficios: si están noventa días trabajando durante tres años sucesivos, pueden optar a residencia permanente, y con dos años más, pueden solicitar la ciudadanía. volver
(10) Bajo la nueva ley, a los ilegales que permanecen en el país durante más de 180 días, se les niega la entrada durante tres años; si es por 365 días o más, durante diez años; si salen voluntariamente por sus propios medios, podrán volver a Estados Unidos sin trabas. volver