El tricentenario de la Biblioteca Nacional de España
Antonio León-Sotelo Amat y Sergio Martínez Iglesias
Se celebran a lo largo de este año los trescientos desde la fundación de la institución cultural más antigua de nuestro país, la Biblioteca Nacional de España, testigo mudo de todo lo acontecido en España desde entonces hasta hoy.
1. Historia
El germen de la actual Biblioteca Nacional de España tenemos que buscarlo hace algo más de trescientos años, el 29 de diciembre de 1711, cuando el rey Felipe V, siguiendo el plan trazado por su confesor, el jesuita francés Pierre Robinet, firmó el Real Decreto por el que mandó el establecimiento de la Real Biblioteca Pública. Encargó de ello al propio Robinet, quien fue su primer director, inaugurando una tradición de directores confesores del rey que llegaría hasta 1761.
La Real Biblioteca Pública —carácter que recibió oficialmente en su Real Cédula de fundación y establecimiento de 2 de enero de 1716— nació con el objetivo de fomentar el estudio en sus súbditos y, como dijo el propio monarca al consejero de Indias, conde de Filigrana, «adelantar por cuantos medios sean posibles las artes y las ciencias…»; además de servir como instrumento conciliador tras la larga y cruenta guerra de Sucesión, pues a ella fueron a parar las colecciones incautadas a los partidarios del archiduque Carlos.
Teodoro Ardemans, maestro mayor de obras, fue el encargado de ejecutar las obras, que culminaron con la apertura al público de esta Real Biblioteca Pública el 1 de marzo de 1712.
Muy ricos fueron los fondos con los que se creó: más de 2.000 libros, impresos y manuscritos, que conformaban la que se llamó «Librería de la Reina Madre», que se encontraban en la torre alta del Alcázar; otros 6.000 que Felipe V mandó traer de Francia y, como se ha dicho, las colecciones incautadas a los partidarios del archiduque, como las del duque de Uceda, el arzobispo de Valencia, el marqués de Mondéjar o el duque de Terranova y Monleón, entre otros, que supusieron la entrada de obras de valor incalculable, como el manuscrito Historia bizantina de Ioanes Scylitza, más conocido como Skilitzes, perteneciente a la colección del duque de Uceda, o El Beato Liébana: Códice de Fernando I y Doña Sancha, procedente de la colección del marqués de Mondéjar.
Se unieron colecciones de monedas, camafeos, medallas, minerales e instrumentos matemáticos que acabarían siendo el embrión del Museo Arqueológico Nacional, llamado con el tiempo a compartir edificio con la Biblioteca Nacional de España.
El 2 de enero de 1716 se publicó la Real Cédula de Fundación y Establecimiento de la Real Biblioteca Pública, en la que se incluyeron sus primeras Constituciones por las cuales se le dotó de una renta de 8.000 pesos provenientes del impuesto sobre el tabaco y la impresión de naipes que garantizaba su subsistencia. El 15 de octubre del mismo año se publicó la Real Orden por la que se establecía la obligación de que todos los «autores, impresores y editores de libros entregarán a la Real Biblioteca Pública, al menos, un ejemplar de cada impresión que ejecutaran en España», en lo que constituye un antecedente de la actual Ley de Depósito Legal, y que supuso garantizar un aporte continuo de fondos que aseguraba la actualidad, pervivencia y riqueza de las colecciones de la Real Biblioteca Pública.
El 11 de diciembre de 1771 se publicaron unas nuevas Constituciones que ratificaron la obligatoriedad de todos los impresores de «reservar en su poder un ejemplar de cualquiera obra, libro, mapa o papel que impriman, y enviarle a la Real Biblioteca». Se aumentó la asignación económica; se estableció el derecho preferente a favor de la Biblioteca para adquirir por su tasación todo libro en venta, antecedente del derecho de tanteo y retracto, y desapareció la figura del confesor del rey como director de la Real Biblioteca Pública: a partir de ese momento el director solo respondería ante el monarca.
El 23 de enero de 1836 se publicó el Real Decreto por el que la Real Biblioteca Pública dejó definitivamente su dependencia de la Corona para pasar a depender del Ministerio de la Gobernación, convirtiéndose definitivamente en un organismo del Estado y recibiendo el nombre de Biblioteca Nacional, al que se añadió la expresión «de España» en su último Estatuto, aprobado mediante el Real Decreto 1638/2009, de 30 de octubre, publicado el 11 de noviembre.
