David Fernández Vítores
Desde sus inicios como Comunidad Económica Europea, cuando solo existían cuatro lenguas oficiales, hasta la actualidad, en que hay 23, la UE ha tenido que hacer frente a sus diferencias lingüísticas. Para ello siempre ha intentado mantener un equilibrio que garantizara, por un lado, la correcta comunicación entre las diferentes lenguas y Estados miembros y, por otro, una representación ecuánime de todos ellos. Sin embargo, el tamaño que ha adquirido esta entidad supranacional como consecuencia de las sucesivas ampliaciones ha hecho que el multilingüismo, tal como lo describe su régimen lingüístico, resulte cada vez más complicado de mantener. En primer lugar, la adhesión de nuevos Estados miembros ha significado un crecimiento exponencial de las combinaciones lingüísticas utilizadas, lo que, al menos en teoría, supone un aumento de la partida presupuestaria destinada al mantenimiento de la comunicación multilingüe. En segundo lugar, la necesidad de cubrir todas las combinaciones lingüísticas ha puesto de manifiesto la escasez de intérpretes y traductores de calidad para cubrir algunas de las combinaciones lingüísticas más exóticas. A estos dos elementos es preciso añadir otro que tiene que ver con las restricciones físicas de espacio e instalaciones que, en ocasiones, impiden prestar asistencia lingüística en todas las reuniones que se celebran dentro de las instituciones comunitarias. Todos estos constreñimientos han tenido como resultado una limitación en la práctica de dicho régimen lingüístico en el funcionamiento institucional, que se manifiesta en el uso privilegiado del inglés y, en menor medida, del francés.
Esta tendencia al uso casi exclusivo del inglés se observa también fuera de las instituciones comunitarias. Así, el inglés es la lengua que cuenta con un mayor porcentaje de hablantes no nativos (38%) en la UE, seguido por el alemán y el francés (ambos con un 14%).
Desde el ámbito educativo, esta situación de uso privilegiado del inglés tanto dentro como fuera de las instituciones comunitarias ha intentado corregirse mediante la adopción de políticas educativas destinadas a promocionar el multilingüismo. Es el caso de los programas Lingua, Erasmus, Sócrates, Comenius, Grundtvig y Leonardo da Vinci, que, de forma directa o indirecta, incluyen entre sus objetivos el aprendizaje de otras lenguas oficiales. Del mismo modo, el compromiso político asumido por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros reunidos en Barcelona en 2002 tenía como finalidad intensificar el multilingüismo individual de los ciudadanos europeos, mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. Sin embargo, esta es una medida de largo recorrido cuya aplicación real aún es escasa e irregular en los sistemas educativos de los distintos Estados miembros.
En cualquier caso, los programas comunitarios destinados a promocionar el multilingüismo han dejado fuera de su alcance buena parte del patrimonio cultural y lingüístico de la UE: las lenguas regionales y minoritarias. Así, aunque desde principios de los años ochenta se ha intentado crear un marco legal para proteger a estos idiomas, en muchas ocasiones las decisiones adoptadas se han quedado en una mera declaración de intenciones que no ha ido acompañada de las correspondientes medidas políticas.
En todo este contexto, el español se sitúa a medio camino entre las principales lenguas europeas (inglés, francés y alemán) y el resto de las lenguas oficiales. Así, el español es el cuarto idioma más utilizado en el trabajo diario de las instituciones y el cuarto más aprendido como segunda lengua por los ciudadanos europeos. A alcanzar esta posición han contribuido, entre otros factores, su estatus de lengua oficial, su elevado número de hablantes nativos y su fuerte proyección como lengua de comunicación internacional fuera de la Unión. Factor este último que blinda de alguna manera la presencia del español en el ámbito europeo ante una hipotética limitación del régimen lingüístico de la Unión, porque, al desaparecer el estímulo que supone para el aprendizaje de una lengua su uso dentro de las instituciones, gran parte de los ciudadanos europeos que actualmente concentran sus esfuerzos en aprender alemán, italiano o incluso francés, podrían decidir canalizar estos esfuerzos hacia el aprendizaje del español, que cuenta con una mayor proyección internacional.
Un factor determinante en la posición que actualmente ocupa el español ha sido, sin duda, la acción educativa española en la Unión Europea. Con presencia directa en 20 de los 27 Estados miembros de la UE, el Ministerio de Educación se encarga de promocionar y organizar enseñanzas regladas correspondientes a niveles no universitarios del sistema educativo español, así como de elaborar currículos mixtos de contenidos del sistema educativo español y de los propios de otros sistemas educativos destinados a alumnos de nacionalidad española o extranjera. Esta acción educativa se desarrolla principalmente en centros docentes de titularidad del Estado español, de titularidad mixta con participación del Estado español, en las Secciones Españolas de centros docentes de titularidad extranjera o en otro tipo de instituciones como las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE). Asimismo, la acción educativa española en la Unión Europea incluye la elaboración de materiales didácticos para la enseñanza del español, la formación del profesorado extranjero, la implantación de centros de recursos didácticos y la firma de convenios de colaboración destinados a difundir el español.