David Fernández Vítores
La Unión Europea adopta legislación directamente vinculante para sus ciudadanos. Por tanto, una condición para la legitimidad y la transparencia democráticas de la Unión es que los ciudadanos puedan comunicarse con sus instituciones y leer la legislación de la UE en su propia lengua nacional, así como participar en el proyecto europeo sin verse obstaculizados por barreras lingüísticas21. Así, los principios básicos de la política lingüística de la Unión Europea estriban en que todos los ciudadanos han de poder contribuir a la construcción de esta entidad supranacional, estar informados de lo que se hace en su nombre y disponer de los textos legislativos comunitarios en una lengua que puedan entender22. Esto es posible gracias a un complejo sistema que gestiona las necesidades lingüísticas de cada uno de los actores de la UE, facilitando así una correcta comunicación multilingüe. La gestión de este multilingüismo se asienta sobre dos pilares fundamentales que desarrollan su actividad de forma autónoma: los servicios de traducción y los de interpretación23. El primero de estos servicios posibilita la comunicación escrita multilingüe y el segundo la oral. Son los profesionales del campo de la traducción y la interpretación los que garantizan una comunicación eficaz y permiten que la toma de decisiones sea democrática y transparente. Gracias a los intérpretes, los delegados pueden defender los intereses de sus países en su propio idioma y comunicarse con los demás delegados. De esta forma, los ciudadanos pueden ser representados por sus mejores expertos, aunque estos no tengan conocimientos de idiomas. Del mismo modo, los servicios de traducción e interpretación garantizan que las instituciones europeas y nacionales tengan la posibilidad de ejercer efectivamente su derecho de control democrático24. Con todo, el proceso de traducción suele llevar aparejado un grado de responsabilidad mayor que el de la interpretación25, porque, a diferencia de lo que sucede en la comunicación oral, los textos traducidos se archivan en fuentes públicas para la posterior consulta de los ciudadanos y responsables políticos europeos. Es decir, se convierten en la base de trabajo de textos y proyectos posteriores. En cualquier caso, tanto los traductores como los intérpretes permiten a los ciudadanos comunicarse con las instituciones de la Unión y tener acceso a las decisiones en su lengua o sus lenguas nacionales26.
La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia tienen su propio servicio de traducción. Su principal función es ofrecer versiones de los textos oficiales producidos por estas organizaciones en todas las lenguas oficiales. Para dar una idea de la ingente labor realizada por estos servicios, basta decir que, en 2006, el número de traductores empleados a tiempo completo por la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea fue de 1.750, a los que hay que sumar otras 600 personas que se ocupan de tareas de gestión, administración, ayuda informática y formación27. El número de páginas traducidas ese año fue de 1.541.51828. Parte de la explicación de este enorme volumen de trabajo y de recursos empleados reside en que la Dirección trabaja en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea y, a medida que se adhieren a ella nuevos países, sus lenguas se añaden a las lenguas de trabajo de la Dirección. En este punto, debe señalarse que el respeto al multilingüismo se ha ido complicando considerablemente a medida que han ido incorporándose nuevos Estados miembros y, por consiguiente, nuevas lenguas al repertorio de lenguas oficiales de la Unión. Prueba de ello es el crecimiento exponencial en el número de combinaciones lingüísticas que se ha producido con cada nueva ampliación de la UE, tal como refleja el siguiente cuadro: tabla 1.
Como puede deducirse del cuadro anterior, a medida que va creciendo la Unión Europea, las dificultades prácticas de conceder la misma importancia a todas las lenguas de sus Estados miembros también aumentan. Sin embargo, todo enfoque que no intentara arrostrarlas traicionaría los principios básicos de la filosofía de la Unión29.
Por último, para que todo este sistema funcione correctamente es necesario un método adecuado de financiación que permita el desarrollo fluido de los trabajos de traducción e interpretación y que, al mismo tiempo, vele por el interés del contribuyente al traducir solo lo realmente necesario30. La compleja estructura que permite la comunicación multilingüe, tanto oral como escrita, absorbe unos recursos económicos considerables. Según una reciente resolución del Parlamento Europeo, el coste total de todos los servicios lingüísticos de las instituciones de la Unión, esto es, del conjunto de la traducción e interpretación, representa el 1% del presupuesto total de la UE31. Esto equivale a unos 2,5 euros por persona al año32. Como ha afirmado el comisario Orban33, se trata de una cantidad insignificante si tenemos en cuenta que el principal valor que se promueve con el respeto del multilingüismo es el de la democracia. Sin embargo, en una institución como el Parlamento Europeo, el coste del multilingüismo equivale al 30% del presupuesto total de dicha organización34. Además, al coste derivado de los recursos empleados para hacer posible la comunicación multilingüe ha de añadirse otro mucho más difícil de medir: el gasto ocasionado por la ralentización de los procesos negociadores y legislativos que tienen lugar en el seno de la Unión35. Esto es especialmente evidente en el caso de la traducción, que no posee la inmediatez de la interpretación. Sin embargo, en el caso de la interpretación también se produce un efecto ralentizador generado por la imprecisión que muchas veces se produce al trasladar el mensaje de una lengua a otra sin la criba que permite el margen de tiempo más amplio que se tiene en la redacción de los textos traducidos.