David Fernández Vítores
Los 27 Estados miembros que actualmente integran la Unión Europea son el hogar de más de 500 millones de personas con tradiciones políticas, culturales y sociales diferentes. Al origen heterogéneo de esta organización internacional, conviene añadir otro elemento no menos importante para dar cuenta de su complejidad: su carácter multilingüe. Solo las 23 lenguas hoy reconocidas como oficiales en la Unión Europea se inscriben en tres familias lingüísticas diferentes: indoeuropea, finoúgria y semítica. Asimismo, existen más de 60 comunidades de hablantes de lenguas regionales o minoritarias autóctonas y ese número se verá considerablemente incrementado como consecuencia de la progresiva ampliación de la Unión.
No es de extrañar, por tanto, que, desde sus primeros años de andadura, la Unión Europea siempre se haya preocupado por integrar en sus políticas el respeto al multilingüismo. Tanto el ámbito político como el institucional se han hecho eco de esta preocupación en numerosas declaraciones oficiales y oficiosas que han definido el multilingüismo como uno de los rasgos distintivos del viejo continente y un requisito indispensable para construir una Europa unida. Fruto del empeño por preservar el patrimonio lingüístico de los Estados miembros fue la creación del régimen lingüístico de la Comunidad, que sigue en vigor hoy día. Sin embargo, el respeto al multilingüismo contemplado por este régimen solo confiere el estatus de lengua oficial a aquellas lenguas que cada Estado miembro, al adherirse a la Unión, estipula que se declaren lenguas oficiales de la UE. En la mayoría de los casos, esto significa una ausencia de representación oficial de las lenguas regionales y minoritarias de la Unión.
Con todo, el respeto al multilingüismo, así entendido, se ha intensificado a medida que la UE se ha ido ampliando para acoger a nuevos Estados miembros y conforme la integración económica ha dado paso a la integración política y esta al concepto de ciudadanía europea. Así, en la actualidad, todo ciudadano de la Unión tiene el derecho a dirigirse a las instituciones y a obtener una respuesta por parte de estas en cualquiera de las lenguas oficiales, que, al menos formalmente, son también las lenguas en las que se desarrolla el trabajo diario de estas instituciones comunitarias.
Sin embargo, debido a circunstancias históricas, políticas y funcionales, el uso de cada uno de estos idiomas dentro y fuera de las instituciones varía considerablemente, si bien puede afirmarse que el inglés y, en menor medida, el francés son las lenguas más empleadas en la comunicación supranacional. A esta situación se ha llegado de forma paulatina, con el desplazamiento progresivo del francés en favor del inglés como lengua franca por excelencia de la Unión. La pérdida de la posición privilegiada del francés fue especialmente evidente a partir de la primera ampliación de la Comunidad Europea en 1973, por la que dos países anglófonos —Reino Unido e Irlanda— ingresaron en el club comunitario, lo que supuso la incorporación del inglés al repertorio de lenguas oficiales de la UE.