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Aspectos metodológicosLa previa delimitación conceptual del tema o parcela
objeto de estudio resulta imprescindible cuando, como en este caso, cualquier actividad
económica que se realice o cualquier tipo de producto que se comercialice en territorio
español necesita de la lengua como factor de comunicación entre los distintos elementos
del proceso productivo y las fases de su comercialización y venta. Frente a una
concepción del estudio excesivamente amplia, que abarcaría el cien por cien de las
actividades existentes, se impone una acotación de las actividades más directamente
vinculadas; sin que tampoco ello suponga un desplazamiento hacia el extremo opuesto con la
exclusiva vinculación de las denominadas «industrias de la lengua», descritas
recientemente por Llisterri y Garrido (1998).
Parece, pues, que entre los
criterios maximalistas, que abarcarían toda la economía, y los restringidos, enfocados a
las modernas industrias de la lengua, surge la necesidad de abordar una selección de
actividades esencialmente vinculadas a la lengua, cuando ésta es parte esencial del
producto obtenido. Vinculación que, ahora, debería tomarse en un sentido amplio y
considerar incluidas aquellas actividades que, aunque secundarias, fueran imprescindibles
para la consecución de los productos o su distribución. Sería el caso de la industria
del papel y el de los intermediarios de distribución en el caso de la industria editorial
como actividad esencial.
A pesar de la aceptación del
anterior criterio general, el límite de la selección de las actividades participantes en
los estudios econométricos de la lengua encierra mucha toma de decisiones al respecto. De
un lado, porque unas actividades se engarzan con otras sin que sea fácil establecer una
delimitación clara; tal puede ser el caso de las instituciones de carácter público o
privado encargadas de la promoción y enseñanza del español, o incluso las de su control
y cuidado. Por otro lado, no es rara la existencia de actividades en las que se presentan
contradicciones en torno a la utilización de la lengua —entre las que tenemos el
desarrollo de la informática y el fenómeno Internet— o en las que la lengua se
utiliza con fines diferentes de los generalmente establecidos —tal sería el caso de
la publicidad. En ambos casos se da, indudablemente, un aumento de las posibilidades de
lengua escrita —correo electrónico, procesadores de textos, etc.—, a la vez que
la superioridad tecnológica de algunos países y áreas lingüísticas es capaz de
disminuir las posibilidades de utilización de algunas lenguas; y, a la vez, por uno y
otro motivo, aparece la necesidad de nuevos instrumentos para llevar a cabo la traducción
de contenidos.
Ideas metodológicas que, al lado de
las siguientes, habrán de ser tenidas en cuenta en el estudio econométrico en curso de
la lengua española1. |
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ClasificacionesA la vez que la delimitación de
las actividades relevantes vinculadas económicamente al empleo de la lengua española, es
necesario tener en cuenta la existencia de informaciones estadísticas, de carácter
económico o traducibles a variables económicas. Informaciones que deben recogerse bajo
la forma de clasificaciones normalizadas.
La necesidad de evaluar la
participación de un conjunto de elementos en función de su impacto en el Producto
Interior Bruto (PIB) de la economía española obliga a plantear y seleccionar las
alternativas posibles: las «actividades productivas» o los «productos». Conjuntos
fuertemente relacionados pero no idénticos, y que se presentan por separado como
agregados en grandes categorías, de actividades o de productos, en la contabilidad
nacional. La Oficina de Estadística de la Unión Europea definió en 1986 una
clasificación de actividades (NACE, Nomenclature des Activités Economiques), relacionada
con la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) y aprobada por el
Reglamento de 1990 que obliga a los estados miembros. Bajo estos principios se elaboró la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE93), aprobada por RD 1560/1992 que
entró en vigor el 1 de enero de 1993.
Posteriormente, la Unión Europea ha
elaborado una versión europea de la Clasificación Central de Productos (CPC) de las
Naciones Unidas, utilizando como criterio de organización el origen de la producción. De
esta manera ha surgido la Clasificación Nacional de Productos por Actividades 1996
(CNPA96).
Así pues, de cada una de estas
clasificaciones —la Clasificación Central de Productos (CPC) y la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme (CIIU)— se han elaborado diferentes adaptaciones a
ámbitos territoriales o económicos específicos —la Unión Europea, por
ejemplo—, manteniendo siempre una relación estrecha con la clasificación de ámbito
mundial (Carrasco, 2000).
Por otro lado, en un sistema de
medición macroeconómica como la contabilidad nacional, se hace uso simultáneo de
criterios diferentes de agregación para la elaboración y presentación de los
resultados. Y así, en lo que hace referencia a una de las variables centrales del sistema
contable —la variable «producción»—, se utilizan las dos formas mencionadas
de agregación: la clasificación de actividades y la clasificación de productos.
Cada una de estas formas se emplea
para representar un tipo particular de información económica. El enfoque de las
actividades se utiliza cuando se trata de presentar los datos económicos referidos a las
estructuras de producción y costes; y los resultados aparecen en la contabilidad nacional
en categorías de actividades —agrarias, industriales, de servicios, etc. El enfoque
de los productos se utiliza cuando se trata de presentar la relación entre la oferta y la
demanda; o, dicho de otra forma, entre su origen —a través de producción o
importación— y su destino o utilización —demanda intermedia y demanda final.
La actual base de la contabilidad nacional, CNE95, utiliza las dos clasificaciones
anteriores de actividades y productos, desagregadas, respectivamente, en 74 ramas de
actividad y 108 grupos de productos. Estas clasificaciones son, como es habitual en los
sistemas contables, resultado de combinar distintos objetivos y elementos: los criterios
internacionales y homogéneos que permiten la comparación de los diferentes países y,
sobre todo, de los países del espacio económico común; las disponibilidades
estadísticas; y la necesidad de describir el sistema económico de forma adecuada.
En orden a los objetivos propuestos
para este estudio, es, en principio, la referencia a las actividades la más idónea para
llegar al objetivo final del trabajo: la medida del impacto económico de las actividades
soportadas por la lengua española. Sin embargo, en el actual sistema de cuentas
nacionales se examinan las interacciones de las dos perspectivas mencionadas: actividades
y productos. La perspectiva de las unidades que realizan la producción se presenta por la
contabilidad nacional agregada en grandes categorías —las ramas de actividad—
como las agrarias, industriales, de servicios, etc. La perspectiva del resultado de la
producción —los productos— se presenta asimismo en la contabilidad nacional en
una serie de grandes categorías. Sin que deje de contemplarse la estrecha vinculación
entre ambas perspectivas, ya que, por ejemplo, la clasificación de actividades se define,
entre otros criterios, de acuerdo con el tipo de productos elaborados. Por todo lo cual,
en la metodología del estudio se combinan las dos perspectivas, la de los productos y la
de las ramas de actividad.
La selección provisional de
actividades, a partir de los códigos de la CNAE93, incluye los siguientes grupos:
1. Las actividades de investigación
y desarrollo en los campos de la ingeniería lingüística, de acuerdo con las
descripciones de Llisterri y Garrido, tales como el procesado del lenguaje natural, el
diseño y la generación de contenidos, la confección de bases de conocimientos, el
tratamiento de corpus generales y especializados, la traducción y las ayudas al
traductor, la gestión de la documentación, la enseñanza de lenguas asistida por
ordenador, las ayudas a discapacitados visuales, la confección de resúmenes y la
extracción de neologismos
2. Las distintas ramas de la
industria editorial: libros, revistas, periódicos, etc.
3. Las actividades productoras de
medios para la escritura
4. Las actividades abastecedoras de
materias primas y otros insumos esenciales para todas las anteriores: maquinaria, tintas,
papel, colorantes, polímeros artificiales, etc.
5. Las actividades de
comercialización y distribución auxiliar de los ámbitos anteriores
6. Las actividades de traducción
7. Las agencias de noticias y otras
actividades que actúan como suministradoras de productos a los consumidores
8. Las actividades ligadas a la
producción y difusión de productos de la industria editorial: bibliotecas, archivos,
librerías, etc.
9. Las distintas variedades,
rúbricas y niveles de la enseñanza
10. Las actividades de la publicidad
y sus ramas
11. Las actividades de otros
elementos culturales, como la música
12. Los medios de comunicación no
incluidos en los apartados anteriores; las actividades suministradoras de productos,
productoras de contenidos, creación e interpretación artística y literaria
Existirán, sin embargo, aspectos
que no se corresponderán exactamente con las definiciones y criterios de las
clasificaciones estándar; y en este caso, será preciso definirlos a partir de
subconjuntos. Éste será el caso de las actividades complejas, al estilo de turismo,
medio ambiente o cultura, con notable vinculación —sobre todo la última— al
objeto de este estudio. De igual manera —como ya ha sido mencionado—, habrá que
evitar definiciones excesivamente amplias, que conduzcan a considerar el cien por cien de
las actividades existentes, dado que la lengua española es el vehículo universal que
facilita la comunicación entre los distintos elementos y las diferentes fases del proceso
productivo. Por ello, se impondrá llevar a cabo una restricción de las actividades en el
sentido de seleccionar las directamente vinculadas.
En este mismo sentido, habrá que
estudiar conjuntos de actividades vinculadas a la lengua de manera singular, como
las actividades de instituciones públicas, en los ámbitos nacional e internacional, que,
aunque limitadas en su relevancia económica, tienen una gran responsabilidad en el
fomento y cuidado de la lengua. De ellas, son ejemplo muy representativo la Real Academia
Española y el Instituto Cervantes.
Con estos planteamientos, una vez
definida la selección de las actividades vinculadas a la utilización de la lengua
española, se llevará a cabo la evaluación de la relevancia económica correspondiente a
cada una de ellas. En la evaluación de la verdadera importancia económica de las
actividades se impone la realización de una depuración, cuyo objeto es la medida de
aquella parte que se emplea en la obtención de otros productos o valor añadido bruto (VAB).
El VAB da una medida real de la importancia de una actividad, ya que descuenta del valor
de la producción, la parte de los consumos intermedios. Además, se analiza en el sistema
la variable producción, y se calcula, en segundo lugar, los valores del VAB y del PIB
como medidas idóneas de la significación económica de un producto —demanda— o
de una actividad —oferta—.
Para definir y comprender la
variable producción, la contabilidad nacional distingue dos categorías: la producción
de mercado y la producción no de mercado. La producción de mercado tiene como componente
fundamental la vendida en el mercado a precios económicamente significativos; lo que se
usa en el sentido de que el precio de un producto sirve para cubrir una parte
significativa de los costes y está relacionado con el funcionamiento del mercado
—oferta y demanda—. La producción de no mercado comprende la producción para
uso final propio —la que se utiliza por el propio productor para usos finales—,
y la producción elaborada sin fines de lucro, que se suministra gratuitamente o a precios
económicamente poco significativos, por ejemplo, por las administraciones públicas. La
metodología de las cuentas nacionales combina diferentes tipos de valoración para una
misma variable, con la idea de reflejar las diferencias existentes en la percepción del
precio según el tipo de agentes implicados en la operación económica; por ejemplo, la
adquisición personal de un bien de consumo en un comercio responde a una percepción
diferente del precio de la que tiene el productor que ha elaborado el mismo bien. Y en el
caso de una variable del tipo de la producción, con distintas concepciones del precio,
existen una serie de reglas para normalizar los tipos de valoración: precio de
adquisición —el que paga el comprador— y precio básico —definido por la
unidad productora—; de forma que el precio básico de un producto se valora por la
suma de los costes en los que se incurre para su fabricación —trabajo y
capital—, añadido de un componente impositivo y otros impuestos ligados a la
producción. Y si al precio básico se añaden los impuestos sobre los productos, los
márgenes que añadirán su comercialización y transporte, y, eventualmente el IVA que
grava los productos, se obtiene el precio de adquisición. |
