Miguel Siguán
El artículo aborda en primer lugar los problemas inmediatos que plantea la presencia de emigrantes en la escuela, especialmente los más numerosos procedentes del norte de África: adquisición de la lengua, retraso escolar, discriminación de los centros..., para plantear a continuación el problema de fondo de la integración de los emigrantes en nuestra sociedad y las posibilidades de educación pluricultural que solo puede proponerse en el marco de una sociedad abierta y solidaria.
Comenzada hace pocos años, la presencia de algunos extranjeros en las aulas ya se ha convertido en un problema importante y con tendencia a agravarse. Por supuesto, hay extranjeros de muy diversas procedencias y con problemáticas también distintas. Y la presencia de residentes originarios de países de la Unión Europea incluso con edad escolar empieza a exigir una atención especial. Pero en este comentario hablo de inmigrantes económicos, llegados de países pobres y huyendo de la miseria. Y pienso en primer lugar en los más numerosos, los procedentes del norte y, en parte, del centro de África.
Como al hablar de estos temas hay cierta tendencia a hacerlo en forma simplista, como si bastase un poco de sentido común y de buena voluntad para resolverlos, empezaré recordando los datos principales del problema.
Lo primero a tener en cuenta es que estos inmigrados no solo proceden de países con cultura distinta de la nuestra, sino que en su mayoría proceden de sociedades con formas de vida agrícolas y con predominio de oralidad y, por tanto, en agudo contraste con nuestra sociedad urbana y técnicamente desarrollada, lo que les sitúa en condiciones de clara inferioridad.
Inferioridad a la hora de encontrar un trabajo, lo que les obliga a aceptar los trabajos peor remunerados y les condena a la dependencia económica y en muchos casos a unas condiciones miserables de vida. Esta misma dependencia económica les obliga a residir en zonas socialmente marginales donde, a su vez, son a menudo víctimas de una discriminación suplementaria por parte de sus vecinos, recelosos de que compitan con ellos en la búsqueda de trabajo o de servicios sociales y de que degraden todavía más su calidad de vida.
A estas dificultades, que comparten con sus familias, los hijos de los inmigrados en edad escolar al incorporarse a la escuela añaden otras específicas:
Cada uno de estos puntos puede y debe ser tratado con instrumentos adecuados. Hay que desarrollar métodos eficaces para la enseñanza del español a inmigrantes y, en las comunidades autónomas con otra lengua, para la enseñanza de las dos. Y en la medida de lo posible hay que procurar incluso el desarrollo paralelo de la primera lengua de los alumnos.
En cuanto a la relación con las familias, es necesario que la escuela cuente con algún tipo de apoyos para contactar con ellas. Ello puede conseguirse a través de asistentes sociales o por el contacto y la colaboración con organizaciones de los propios emigrados.
Finalmente, si es inútil intentar establecer por medio de imposiciones legales una distribución equilibrada de los inmigrados por centros escolares, sí es posible alcanzar acuerdos a nivel local con asociaciones de padres, y existen ejemplos en este sentido.
Estas medidas, que aquí solo he insinuado, y otras en la misma dirección suponen una toma de conciencia de estos problemas por parte de las autoridades educativas. La relativa novedad del fenómeno explica que la vigente Ley de educación haga referencia a la presencia de inmigrados en las aulas, pero parece que tanto por el Ministerio de Educación como por las comunidades autónomas más afectadas deberían haberse formulado ya políticas específicas para abordar dicha presencia.