Martes, 1 de septiembre de 2009

ARTE / Claroscuro

El salvamento del Museo del Prado (I). El Patrimonio Artístico durante la II República (1931-1939)

Por Susana Calvo Capilla

Como decía Antonio Machado en 1937: «La más segura garantía de conservación de las obras de arte y monumentos reside en el respeto y cariño que el pueblo les tenga». Pero, ¿cómo despertar ese respeto? La defensa del Patrimonio emprendida a nivel oficial y popular durante la Guerra Civil fue una fiel continuación de la política llevada a cabo por la II República española desde su proclamación el 14 de abril de 1931. En 1933 se aprobó en el Parlamento la «Ley de Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico», que fue una de las más innovadoras y eficaces de su tiempo, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que se había hecho hasta entonces a favor del arte español. Sus inspiradores, en especial el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Fernando de los Ríos, eran valedores de las ideas de la Institución Libre de Enseñanza y de la Carta de Atenas de 1931. Gran parte de la eficacia de la ley radicó en su amplia noción de patrimonio, pues recogía «inmuebles y objetos muebles de interés artístico, arqueológico, paleontológico o histórico de antigüedad no menor a un siglo o aquellos que sin esta antigüedad posean un valor artístico o histórico considerable». Además, la ley estableció el régimen jurídico de los inmuebles y los cuerpos policiales encargados de su protección.

Apenas una semana después de la sublevación militar encabezada por Franco, el gobierno republicano creó por decreto (el 23 de julio) la «Junta de incautación y protección del Patrimonio Artístico» con el fin de frenar el saqueo del patrimonio eclesiástico desencadenado por los movimientos revolucionarios. La ira iconoclasta popular, sin embargo, no se dirigió contra los museos o las bibliotecas (el Museo del Prado permaneció abierto hasta el 30 de agosto), ni contra los bienes de la monarquía. Los numerosos miembros de la Junta, personas anónimas y del mundo de la cultura o la política, junto con los funcionarios, trabajaron con total entrega para poner a salvo el Patrimonio español y preservarlo de las bombas y del pillaje; y lo hicieron de manera concienzuda y metódica, sin más razones que su amor al arte y al saber. Resulta injusto citar sólo a los más célebres pero hagámoslo una vez más: Manuel, María Elena y Natividad Gómez Moreno, Enrique Lafuente Ferrari, Diego Angulo, José María Lacarra, Buero Vallejo, Gratiniano Nieto, Javier Feduchi o Alejandro y Ángel Ferrant.

Trágicamente, una vez que los cuadros volvieron al Museo del Prado en septiembre de 1939, los nombres de todos ellos fueron enterrados bajo una losa de ignominia. La propaganda franquista les acusó de destruir o vender las obras y fueron represaliados en su mayoría. Bien al contrario, su labor desde el principio de la guerra, aun con errores, fue un logro prodigioso si se compara con lo sucedido en otras contiendas bélicas. El mismísimo Marqués de Lozoya, Director General de Bellas Artes durante la dictadura (1939-1951), hubo de reconocer que las colecciones nacionales (de pintura y escultura, de libros y manuscritos) se hallaban en el mismo estado que en julio de 1936. Al llegar la Democracia pudo rehabilitarse la memoria de aquellos hombres y mujeres. Uno de los primeros en hacerlo fue Javier Tusell (m. 2005), Director General de Bellas Artes del primer gobierno democrático (1979-1982). En 2005 se celebró la exposición Arte Protegido, en cuyo magnífico catálogo se encuentra detallada e ilustrada aquella epopeya.

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