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Gran número de alumnos de las facultades de Traducción e Interpretación en España cursan hoy una especialidad que les permita obtener el nombramiento de intérprete jurado, otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta casi idolatría por la posibilidad de firmar y sellar —dando así fe pública de la exactitud de una traducción— se debe, en parte, a su convencimiento de que los intérpretes jurados ganan con el trabajo que realizan cantidades extraordinarias de dinero. Idea ésta que es, cuando menos, muy matizable.
Pero esos alumnos que aspiran a convertirse en traductores-intérpretes jurados plantean a diario en las aulas universitarias varias preguntas al hilo del espinoso tema de la traducción jurídica y jurada. Las reproducimos literalmente a continuación y os proponemos debatir sobre ellas:
«¿Traduce realmente mejor que un licenciado en Traducción un intérprete jurado que haya accedido a su nombramiento mediante el examen convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores?»
«¿Es justo que sólo los intérpretes jurados puedan firmar y sellar traducciones oficiales?»
«¿Es justo que un médico, al acabar su carrera, pueda firmar —sin más— certificados médicos y, sin embargo, un licenciado en Traducción no pueda firmar traducciones oficiales?»
«¿Es imprescindible una buena formación en el campo del derecho para ser un buen intérprete jurado, o basta con lo que se aprende en la facultad de Traducción?»
«¿Qué es más importante a la hora de traducir en este campo: una buena formación traductológica y lingüística, o un amplio conocimiento del Derecho?»
«¿Cuáles son los principales problemas lingüísticos con que se topa un traductor jurado a la hora de realizar su trabajo?»
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