¿Cómo era el país donde vivió Leopoldo Alas entre 1852 y 1901? En las siguientes páginas trataremos de contestar a esta pregunta, ofreciendo una interpretación que tenga en cuenta el estado actual de nuestros conocimientos sobre la historia de España en la segunda mitad del siglo XIX. Lo que nos interesa, por tanto, es saber cómo vemos hoy la España de Clarín, no cómo la vio particularmente Clarín, y en qué medida esta imagen era compartida por sus contemporáneos, cuestiones que pertenecen propiamente a la biografía del escritor asturiano y no a una introducción histórica general como la que pretendemos llevar a cabo.

               En el año 1852, cuando nuestro personaje vino al mundo, fue inaugurado en Sevilla el puente de Triana, un moderno puente de hierro sobre el Guadalquivir —según el modelo del Carrousel de París—, que venía a sustituir al puente de barcas que secularmente unía el popular barrio con el centro de la ciudad. También en aquel año el presidente del gobierno, Juan Bravo Murillo, presentó un proyecto de reforma constitucional que pretendía reducir drásticamente el número de electores y restringir los ya escasos poderes que la Constitución vigente, la moderada de 1845, atribuía al Parlamento. Entre los sucesos del mismo año, suele destacarse, finalmente, el atentado que la reina Isabel II sufrió cuando se disponía a salir del Palacio Real de Madrid hacia la basílica de Atocha para dar gracias a Dios por el nacimiento de su primera hija, la infanta Isabel; un cura loco, el cura Merino, se abalanzó sobre la soberana con un puñal en la mano y aunque la hirió en el pecho, los brocados de oro del vestido que llevaba, y el corsé, impidieron al clérigo culminar su criminal propósito¹.

               Puentes y expansión urbana; Constituciones y proyectos de reforma encaminados a construir un Estado y ajustar las relaciones entre sus distintos poderes, ya divididos y repartidos entre diferentes instituciones y no en manos de monarcas absolutos que, no obstante, seguían suscitando pasiones. Elementos todos ellos de una sociedad en curso de transformación entre esos dos grandes universos que conocemos como Antiguo Régimen y modernidad².

               Las distintas estructuras políticas que se sucedieron en la segunda mitad del ochocientos, nos proporcionan quizá el mejor marco de referencia para conocer el ritmo y los resultados de aquel profundo y polifacético proceso de cambio.

La llegada al trono de la hija de Fernando VII, Isabel II, al morir aquél en 1833, supuso el inicio de una verdadera ruptura histórica en España. En los siguientes años, la derrota militar de los seguidores del hermano del rey difunto, el infante don Carlos —cuya causa aglutinó a los partidarios de la continuidad del Antiguo Régimen—, fue acompañada por una serie de medidas ––la desamortización de la tierra y la aprobación de una Constitución, fundamentalmente— que sentaron las bases de una economía de mercado, una sociedad de clases, un sistema representativo y una cierta tolerancia religiosa e intelectual que impulsó el desarrollo cultural. La revolución liberal había comenzado en nuestro país.

               La planta sembrada entonces tuvo, sin embargo, un raquítico desarrollo. Pero no, como afirmaron los tradicionalistas, porque el liberalismo fuera algo extraño y ajeno a unas supuestas esencias nacionales, ni tampoco, como defendieron representantes de corrientes estructuralistas posteriores, por defectos sociales irremediables, como la carencia de una numerosa e ilustrada clase media. La debilidad del sistema liberal en el reinado de Isabel II se debió a una serie de causas concretas, históricas y contingentes, como fueron la inconsistencia de los partidos, su falta de acuerdo sobre las reglas elementales del juego político, la injerencia de los gobiernos en las elecciones y la actuación poco afortunada, confusa e impredecible de la mujer que ocupaba el trono. Todo ello hizo de los militares los árbitros de las disputas políticas y del Ejército el poder realmente determinante.

               No es que no se hiciera nada en aquellas décadas centrales del siglo. En una entrevista de Benito Pérez Galdós con la reina Isabel II ya anciana, en París, a la que asistió el embajador de España en la capital francesa, Fernando León y Castillo, ponderó éste, «el desarrollo de la riqueza, la difusión de la cultura, el aumento del bienestar [...], los ferrocarriles y tantas otras cosas que la reina no encontró el día de su advenimiento y dejó el día de su fin político». Aquellas afirmaciones tenían «toda la verdad del mundo» —escribió Galdós—, pero no sirvieron para «conven[cer] a la reina de la fecundidad de su reinado. “Pero hay más, mucho más —decía ésta— que pudo hacerse y no se hizo”»³.

               Efectivamente, fue muy considerable el esfuerzo realizado para superar los obstáculos que un país con una elevada tasa de mortalidad, un altísimo nivel de analfabetismo, pésimamente comunicado y con una baja productividad agrícola presentaba para sumarse al crecimiento económico moderno. Pero todo aquello quedaba empequeñecido ante la inestabilidad de los gobiernos, los continuos actos de fuerza, y la intensa presencia de los militares en la vida pública. «Lo que este país necesita para [satisfacer] todas sus exigencias, tanto materiales como políticas, es un gobierno que dure algo», escribía en 1858 el representante inglés en Madrid. El problema fundamental de la España del siglo XIX —y de la España contemporánea, en general, como hace ya unas décadas escribió Raymond Carr— era un problema político⁴.

               El hecho es que Isabel II fue destronada en 1868 por una revolución que tuvo una cierta componente popular —de las relativamente escasas masas urbanas cuya precaria situación se había visto agravada por una crisis económica—, pero que fue sobre todo la revolución de los excluidos del sistema político. No de quienes se habían opuesto radicalmente a él —los carlistas, por la derecha, y los republicanos o demócratas, por la izquierda, ambos sumamente débiles— sino por quienes, como el padre de Clarín, habían integrado partidos de gobierno del reinado —el Progresista y la Unión Liberal, concretamente—, pero que se sintieron definitivamente marginados del poder por la política exclusivista del partido Moderado, que parecía contar con el total apoyo de la reina. Aquellos partidos marginados del gobierno movilizaron a las suficientes fuerzas del Ejército —y, por primera vez, de la Marina— para conseguir imponer sus planteamientos.

               Leopoldo Alas, que a la sazón era un joven de dieciséis años, se sumó alegremente a la revolución⁵.

     EL SEXENIO REVOLUCIONARIO, 1868-1874

Los primeros gobiernos surgidos de la revolución de 1868 implantaron la legislación política más avanzada de Europa, la más democrática —que incluso reconocía el derecho al voto de los varones como un derecho natural—; dieron pasos para llegar a tener una economía tan abierta como la de Inglaterra, prácticamente sin aranceles; suprimieron los principales impuestos indirectos —los de consumos, que gravaban los artículos de primera necesidad y que eran particularmente odiados por las clases populares—; establecieron la libertad religiosa; y movidos no sólo por los ideales de libertad e igualdad sino también de fraternidad, se plantearon firmemente la abolición de la esclavitud en las Antillas, que poco más adelante llevaron a cabo en Puerto Rico, aunque no en Cuba.

               A lo largo de aquellos seis años estuvieron vigentes sucesivamente distintos regímenes políticos: la regencia del general Serrano, duque de la Torre (1869-1870)
—mientras se encontraba un príncipe europeo que quisiera ceñir la corona de España—, el reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873) y la I República (1873-1874). Todos estos proyectos institucionales tuvieron que arrostrar las dificultades lógicas que la implantación de las nuevas leyes políticas, económicas y religiosas trajeron consigo; también tuvieron que enfrentarse a poderosos enemigos contrarios a ellos; pero si ninguno se consolidó no fue a causa de todos aquellos obstáculos sino, principalmente, por la división entre sus propios partidarios y por la oposición violenta que se hicieron entre sí.

               En efecto, los monárquicos —antes y durante el reinado de Amadeo de Saboya— se vieron combatidos política y militarmente por republicanos, carlistas e independentistas cubanos. Los republicanos, cuando alcanzaron el poder en febrero de 1873, tuvieron que continuar luchando contra carlistas e insurgentes cubanos, además de resistir a la continua conspiración monárquica. Pero lo que provocó la quiebra de la monarquía de Saboya fue la deslealtad de los partidos de gobierno —Radical y Constitucional— respecto a la Constitución de 1869 y al mismo monarca. Y lo que llevó a la crisis total de la I República fue la sublevación de los republicanos intransigentes —en Cartagena y en otros lugares de la península— contra el gobierno de Madrid y la Asamblea Nacional a los que —¡cinco meses después de la instauración del nuevo régimen!— no consideraban lo suficientemente diligentes o dispuestos a la aprobación de una Constitución federal.

               Al final, todas las fuerzas revolucionarias de 1868 estaban tan divididas y desprestigiadas que el pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos, el 29 de diciembre de 1874, en un lugar tan marginal como Sagunto (Valencia), y al frente de un único batallón de 1.800 hombres (nuevamente los militares determinando el curso de las cosas), fue suficiente para poner punto final a un período lleno sin duda de buenas intenciones pero también de grandes errores y manifiestas incapacidades. La política seguía siendo el principal problema del país.

               Por aquellas fechas, Leopoldo Alas, con veintidós años, se encontraba en Madrid ultimando sus estudios universitarios. La España de la Restauración sería también la España de Clarín, la época en la que habría de encontrar su sitio en la crítica y la literatura nacionales.

     LA RESTAURACIÓN, 1874-1902

               El pronunciamiento de Martínez Campos volvió a sentar a los Borbones en el trono de España, pero no a Isabel II sino a su hijo, Alfonso XII, un joven de diecisiete años en quien aquélla había abdicado cuatro años antes. La restauración de la monarquía no supuso, sin embargo, la vuelta a lo anterior sino la instauración de un nuevo régimen, de acuerdo con el proyecto del político conservador Antonio Cánovas del Castillo (aquel Cánovas tan maltratado por Clarín).

               Al iniciarse la Restauración, Cánovas era un hombre relativamente joven —tenía 46 años— pero con una considerable experiencia política ya que había accedido al Parlamento, por vez primera, en 1854. Su proyecto —que no era sino la expresión de los deseos de la mayor parte de su generación— no tenía un carácter revanchista sino, por el contrario, era profundamente integrador. Pretendía restablecer el consenso básico entre los liberales, con el fin último de dar estabilidad al Estado y acabar con el militarismo que había caracterizado la vida política española durante los últimos cuarenta años.

               Puede decirse que lo logró plenamente. A lo largo de las siguientes décadas los gobiernos se sucedieron pacíficamente en el poder. Apenas hubo intentos golpistas, y los que se produjeron fracasaron estrepitosamente. Las razones del éxito fueron varias: el comportamiento de Alfonso XII, en primer lugar, un rey sinceramente constitucional que ejerció un considerable control sobre el Ejército y apoyó totalmente a Cánovas; en segundo lugar, la aprobación de una Constitución, la de 1876, ampliamente liberal y flexible, que permitió gobernar tanto a la derecha como a la izquierda; y, por último, la formación de dos grandes partidos —el Conservador, dirigido por el mismo Cánovas, y el Liberal, por Práxedes Mateo Sagasta— en los que se integró la gran mayoría de las fuerzas políticas existentes. Las oposiciones tradicionales —republicanos y carlistas— estaban divididas y desmoralizadas; la nueva oposición del Partido Socialista Obrero Español —fundado en 1879— era todavía muy débil, con una militancia escasa en contadas áreas del país; el Partido Nacionalista Vasco, fundado en 1895, con actitudes claramente secesionistas respecto a España, apenas se hallaba implantado en Vizcaya; los anarquistas, finalmente, que en el sexenio revolucionario habían alcanzado una considerable expansión, se hallaban prácticamente sin organización, en parte por la dura represión a que habían sido sometidos, y en parte por decisión propia.

               Es preciso señalar que el sistema político de la Restauración no se asentaba en la fuerza de la opinión pública. No es que se tratara de un régimen contra una opinión existente a la que reprimía, sino que en un país con más de la mitad de la población analfabeta y viviendo en núcleos de menos de cinco mil habitantes, no existía una opinión con la fuerza suficiente para sustentar aquel ni ningún otro régimen. «Para que la voluntad del pueblo sea respetada —reconocía Joaquín Costa, el mayor crítico del sistema—, lo primero que hace falta es que tal voluntad exista. ¡Ah! Si existiera, ya se haría respetar ella por sí misma»⁶.

               La clave del sistema estaba en la Corona. La solución que los hombres de la Restauración idearon para erradicar al Ejército de la vida política fue asegurar la alternancia en el poder de los principales partidos mediante el arbitraje de la Corona. Si los militares habían sido meros instrumentos de políticos insatisfechos, al suprimir la causa desaparecería el efecto. Pero el mecanismo —pensaban— no podía ser la libre competencia de los partidos en las urnas ya que no existía un electorado independiente. Mientras éste no se formaba era necesario que alguien repartiera —regular y alternativamente— el poder y sus prebendas: el presupuesto y los puestos en la administración con que los políticos pudieran satisfacer a sus clientelas. Este fue el papel de la Corona, que quedó así directamente implicada en el juego político como intérprete último del estado y las necesidades del país.

               Toda aquella estructura tenía, por tanto, un carácter relativamente artificial y considerables dosis de corrupción y fraude. Sus críticos la definieron como «caciquil». Las elecciones se decidían más por presión gubernamental e influencias personales que por los votos emitidos de forma independiente por los electores. Al inicio de la Restauración predominaron las presiones gubernamentales a través de una cadena que comenzaba en el Ministerio de la Gobernación, seguía por los gobernadores civiles y terminaba en los alcaldes de cada localidad. Pero conforme pasó el tiempo, las influencias locales se fueron formando o consolidando. Donde existía (en los grandes núcleos urbanos), la opinión pública se terminó imponiendo a toda clase de injerencias gubernamentales.

               El sistema representativo se mostró lo suficientemente abierto como para —además de permitir la existencia de alternativas legales— integrar a quienes quisieron sumarse a él y, a través de vínculos personales, satisfacer buen numero de las solicitudes concretas que los particulares hacían a los poderes públicos. No obstante, aquella construcción política tuvo siempre un déficit de legitimidad moral porque se basaba en el favor y el amiguismo más que en el cumplimiento estricto de la ley.

               Con todo, los logros de la Restauración no fueron en absoluto despreciables. La paz, en primer lugar: un bien relativamente escaso en nuestra historia contemporánea; una importante labor legislativa, de larga vigencia —de la que el Código Civil de 1889 es el principal exponente—, orientada al establecimiento y defensa de los derechos y libertades fundamentales; la estabilidad política, que facilitó el crecimiento económico y, gracias a él, el desarrollo demográfico: el principal beneficio sin duda para la mayoría de la población, que vio aumentar su esperanza de vida; el inicio de la política moderna, con una amplia participación popular y partidos de masas; y una rica vida cultural, aunque limitada a una minoría de la población.

               De la fortaleza alcanzada por el sistema dan prueba su resistencia a dos importantes crisis: la muerte del rey, en 1885, y la derrota frente a Estados Unidos y la consiguiente pérdida de las últimas colonias en América y el Pacífico, en 1898. En el primer caso, porque la regente, María Cristina de Austria, cumplió discreta y correctamente las muchas y delicadas funciones que estaban reservadas a la Corona mientras el heredero, Alfonso XIII, alcanzaba la mayoría de edad. En el segundo porque, a pesar de la conmoción moral que supuso «el desastre», los políticos supieron gestionar hábilmente una situación cuyo potencial revolucionario no aprovecharon las oposiciones.

               Cuando murió Clarín, en 1901, también la Regencia llegaba a su fin: Alfonso XIII cumpliría dieciséis años y juraría la Constitución en mayo de 1902. Durante su reinado, el sistema quebró y la monarquía volvió a sucumbir. Pero las causas de ello no fueron los innegables defectos de origen de la construcción canovista —que estaban siendo vencidos gracias a la profesionalización de la administración pública, la mayor independencia de la justicia, un funcionamiento más eficaz del Parlamento y la creciente participación política—, sino las respuestas que nuevas generaciones dieron a otros problemas y circunstancias históricas.